Debate. Córdoba desigual: cuando el subsidio deja de mirar a las personas

Durante años, la Argentina construyó buena parte de su política energética sobre una lógica tan extendida como equivocada: creer que cuanto más amplio es un subsidio, más justa es la política pública. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Cuando el Estado deja de distinguir entre quien necesita ayuda y quien no, los recursos terminan distribuyéndose de manera arbitraria y los sectores vulnerables vuelven a quedar relegados.

Respecto del régimen de Zona Fría, en realidad lo que se discute hoy es la ampliación a zonas digamos “tibias". Y Córdoba probablemente es hoy el caso más representativo de las inconsistencias que generó un esquema que fue perdiendo racionalidad técnica y sentido distributivo.

Porque el debate nunca debería reducirse a una consigna simplista entre quienes defienden subsidios indiscriminados y quienes pretenden eliminarlos. Esa es una falsa dicotomía. La verdadera discusión es más profunda e importante: cómo construir un sistema energético que sea socialmente justo, económicamente sostenible y técnicamente razonable.

Nadie puede cuestionar que el Estado debe asistir a quienes atraviesan dificultades para afrontar el costo de la energía; así lo dice el llamado “principio de subsidariedad” del Estado. El acceso a la calefacción, especialmente en el invierno, forma parte de condiciones básicas de vida digna. Por eso resulta imprescindible que la ayuda llegue a quienes la necesitan, y no termine transformándose en un mecanismo generalizado de transferencias indiscriminadas.

El problema del esquema hasta ahora vigente es que dejó de focalizarse en personas vulnerables para empezar a subsidiar regiones enteras, manchas geográficas pensadas de manera arbitraria o electoral sin distinguir realidades económicas, ingresos o niveles patrimoniales.

El régimen de Zona Fría surgió para contemplar situaciones climáticas extremas, donde los costos de calefacción representan una carga excepcional sobre los hogares. Esa lógica tenía fundamentos claros y respondía a condiciones objetivas. Pero con el tiempo, el sistema fue ampliándose bajo criterios cada vez menos precisos.

La expansión terminó transformando un régimen excepcional en un esquema masivo de subsidios territoriales. Y Córdoba es hoy la demostración más evidente de esas distorsiones.

La provincia quedó artificialmente dividida entre departamentos incluidos y excluidos del beneficio, lo que generó situaciones imposibles de justificar desde cualquier criterio serio de equidad distributiva. Apenas 13 departamentos cordobeses quedaron incorporados al régimen diferencial, mientras enormes sectores del norte provincial, históricamente postergados y atravesados por mayores dificultades económicas y sociales, quedaron afuera.

Esa sola realidad expone una enorme inconsistencia. El sistema terminó privilegiando delimitaciones geográficas arbitrarias, por encima de las verdaderas necesidades sociales de la población.

Cuando una política pública deja de mirar a personas para empezar a mirar mapas, inevitablemente aparecen injusticias. Hoy en Córdoba existen hogares humildes que deben afrontar tarifas completas sólo porque viven algunos kilómetros fuera de una delimitación administrativa. Al mismo tiempo, dentro de las zonas alcanzadas por el beneficio conviven sectores de ingresos altos, barrios cerrados y urbanizaciones privadas.

Eso desnaturaliza el sentido de una política social. Porque el subsidio deja de funcionar como herramienta de contención para transformarse en un mecanismo regresivo de redistribución, en el que trabajadores, jubilados y sectores medios terminan financiando consumos que no requieren asistencia estatal.

Muchos de los cordobeses del norte que financian piletas climatizadas sin saberlo, ni siquiera tienen acceso a gas natural por red.

Millones de familias del interior profundo continúan calefaccionándose mediante garrafas, leña o sistemas mucho más costosos y precarios. Sin embargo, parte de esos recursos terminan financiando descuentos sobre consumos urbanos de gas natural en sectores medios y altos de regiones incorporadas al régimen.

Esa desigualdad no puede justificarse desde ningún criterio razonable de progresividad social.

El crecimiento indiscriminado del esquema generó crecientes tensiones económicas y fiscales. A medida que aumentó el costo real de la energía y se multiplicó la cantidad de beneficiarios, el financiamiento del sistema comenzó a requerir mayores recursos, más subsidios cruzados y crecientes niveles de intervención estatal.

Argentina ya conoce las consecuencias de sostener durante años sistemas energéticos distorsionados: déficit fiscal, atraso tarifario, caída de inversión, deterioro de infraestructura y costos inflacionarios que terminan afectando a quienes menos tienen.

Por eso resulta importante que haya comenzado en el Congreso una discusión seria sobre la necesidad de revisar el esquema actual. El reciente dictamen favorable para avanzar con el debate en el recinto abre una oportunidad importante para discutir un modelo distinto: uno que preserve la asistencia social pero que la focalice bien.

La Argentina necesita abandonar la lógica de los subsidios generalizados construidos desde la discrecionalidad política y avanzar hacia mecanismos consistentes.

Córdoba deja al descubierto las limitaciones del modelo actual. La exclusión del norte provincial, históricamente relegado, mientras se incorporaban sectores con mejores indicadores económicos, expuso las contradicciones del esquema.

Por eso el debate que se está dando en el Congreso no debería ser interpretado como una discusión contra las provincias ni contra los subsidios, ni siquiera contra quienes están en las manchas geográficas discrecionalmente creadas. Debería entenderse como la oportunidad de construir un sistema energético más justo, más federal y mucho más inteligente.

Porque la verdadera justicia distributiva no consiste en subsidiar mapas: consiste en ayudar a las personas que lo necesitan.

Diputada nacional por Córdoba