Obispos, presidentes y libertad de culto

La Iglesia Católica, que casi sólo estaba apareciendo en los titulares de la prensa en relación con denuncias sobre abusos sexuales, irrumpió con bríos renovados en la agenda política latinoamericana, entreverándose en varias decisiones presidenciales.

Con determinación, y sin escapar muchas veces a la polémica, los obispos católicos se vieron involucrados en roles protagónicos. Desde la intervención del cardenal cubano Jaime Ortega ante el presidente Raúl Castro para que liberara presos políticos, hasta las serias represalias que sufrió un cardenal venezolano por sus críticas recalcitrantes contra el régimen totalitario de Hugo Chávez. O la discordancia de la Conferencia Episcopal chilena con el primer mandatario Sebastián Piñera por no ofrecer clemencia a violadores de los derechos humanos.

En su activa participación, los obispos no suelen tener el camino fácil. Con la manida figura de la “separación Iglesia-Estado”, los líderes y gobernantes suelen tratar de acallar sus críticas y opiniones acotando la libertad de culto, un principio constitucional que no sólo avala el derecho a elegir y profesar un credo religioso, sino que garantiza que nadie –creyente, agnóstico, ateo o autoridad religiosa– sea perseguido o sufra represalias por expresar o enseñar sus creencias.

En Venezuela, esta libertad y la de expresión también están en entredicho. Chávez tomó revancha contra los obispos, al disponer la interpelación en el Congreso del cardenal Jorge Urosa y pedir la revisión de la concesión de Vale TV, un medio de carácter cultural que la Iglesia maneja desde 1998, para ponerlo “a la orden del pueblo… no del cardenal”. ¿El pecado? Acusar a Chávez de violar la Constitución. Urosa salió airoso del interrogatorio parlamentario.

Libertad de opinión. Similar actitud tomó en 2009 la Conferencia Episcopal de Argentina, cuando el Gobierno acusó a los prelados de hacer propaganda política e incentivar la violencia por denunciar la ineficacia oficial para detener el hambre y la pobreza, en un país de amplios recursos naturales.

Más allá de que uno comparta o no la doctrina que imparten los religiosos, así sean obispos, pastores o rabinos, lo importante, en una sociedad abierta, plural y diversa, es acceder a esas opiniones, para comprender mejor o tener más enfoques sobre temas morales complejos y desafiantes, como la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo que se adoptó en la Argentina, el renovado tema del aborto que brotó en Brasil o la distribución de la “píldora del día después” que patrocina el gobierno de Perú.

Esos temas y sus consecuencias son los que dan validez a la opinión y los consejos de expertos, aun en épocas electorales en las que se hace difícil ponderar entre el derecho a recibir información y a no ser molestado por consejos proselitistas. Como sucedió en Brasil con la controversia creada por el obispo de Guarulhos, Luiz Gonzaga, quien pidió a los católicos que no respalden a la candidata presidencial oficialista, Dilma Rousseff, por ser partidaria de la despenalización del aborto.

Más allá de las polémicas y regaños políticos y aun a riesgo de perder espacio o credibilidad por su posición conservadora, lo importante es que la Iglesia –así como toda denominación religiosa– siempre tenga un marco adecuado de libertad y tolerancia para sus opiniones y enseñanzas.

La libertad de culto, así como la libertad de expresión, son valores fundamentales que deben ser protegidos para evitar caer en el oscurantismo que muchos líderes predican.