No pasan la inspección técnica

La indiferencia ciudadana por la cosa pública y, como consecuencia, el desinterés por los bienes que le pertenecen resultan, tal vez, dos de los aspectos más corrosivos provocados por gobiernos ilegítimos, ya sea por su origen o por la ejecución de planes ajenos a las necesidades de las mayorías. Desde esta definición quiero referirme a dos ejemplos –tal vez menores frente al volumen de otros desaciertos– que desnudan el desapego del Gobierno de la Municipalidad de Córdoba hacia los bienes del Estado, es decir, de los ciudadanos o vecinos. La afirmación alcanza también a los concejales, las más de las veces ausentes en las cuestiones que son de interés general.La inminente licitación de dos servicios municipales, de lo que he tomado nota a través de la información vertida por los medios de comunicación y no porque se la haya divulgado en forma conveniente, acentúa mi preocupación sobre la indolencia y la desaprensión con la que se los administra. Inspección de vehículos. La Inspección Técnica Vehicular (ITV) será licitada en la búsqueda de una empresa que irá por pingües ganancias. El patrimonio de lo plantado en las estaciones de ITV, al cabo de los contratos vencidos, es de propiedad municipal. La administración de la ciudad cuenta con mano de obra ociosa y susceptible de ser capacitada para cumplir con el cometido, por lo que la posibilidad de estatizar la prestación es inmejorable, si es que se pretende beneficiar al contribuyente para disminuir costos y devolver lo recaudado en más y mejores servicios; por caso, generando una cuenta especial con lo que la ITV produzca, que será aplicada al mantenimiento y reparación de la estructura vial de la ciudad. Semáforos. La red de semáforos también es patrimonio de los vecinos y, al igual que la ITV, será licitada sin mayores explicaciones. La estructura del municipio para la atención de los semáforos cordobeses es eficiente y su personal, idóneo. En manos del municipio, con capacidad ociosa y por lo tanto suficiente, la atención del funcionamiento de la red provocaría un ahorro aproximado de 400 mil pesos. Mejor dicho, evitaría que a una suma de tal cuantía se la lleven terceros. Es inocultable el desquicio administrativo del Departamento Ejecutivo todo y, por lo tanto, de la Secretaría de Transportes. La consecuencia directa es el despilfarro del patrimonio de los vecinos, favoreciendo, sea de manera intencionada o no, a intereses privados.Este atropello al valor de lo público toma mayor dimensión si se advierte que, convirtiendo los servicios en un negocio privado, la capacidad efectiva del personal que debería cumplir con la tarea es sometida al desprestigio y los sueldos abonados se convierten en un gasto improductivo.Finalmente, quiero aludir al papel de los ediles que, con su silencio o ignorancia sobre temas tan simples como los descriptos, se convierten en partícipes de cada sospecha de negociado. Idéntica imagen le calza al plantel de pretendidos candidatos a intendentes que circulan por cuanto programa televisivo les queda a tiro, siempre carentes de propuestas.

*Ex secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba