No al blindaje de nuestros derechos

La pelea política del gobernador José Manuel de la Sota con el Gobierno nacional llegará finalmente a afectar los derechos personalísimos de los ciudadanos de Córdoba a partir del 1º de diciembre de este año, cuando entre en vigencia la ley provincial 10.067. Hace pocos meses, la Unicameral sancionó esta ley de adhesión a la ley federal de drogas 23.737, con el objeto de perseguir a usuarios y pequeños vendedores de sustancias estupefacientes.Y, para que quede bien clara la posición conservadora de este Gobierno provincial, se avanzó con la imposición de penas para conductas como fumar marihuana en la calle o cultivar en la privacidad de nuestro domicilio, se busca la criminalización lisa y llana de personas cuyos únicos delitos son elegir libremente qué hacer puertas adentro de su piel. Preocupante. La puesta en marcha de un fuero provincial penal contra las drogas es garantista de nuestros derechos como usuarios, tenedores y cultivadores de cannabis, toda vez que sus fiscales y el juez de control apliquen a rajatabla el fallo Arriola, dado por la Corte Suprema de Justicia en 2009, que declaró la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo vigente hasta entonces en la ley 23.737. Pero, para nuestra comunidad, el aspecto más preocupante del contenido de la nueva ley provincial es el texto de su artículo seis, en el cual se llama al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad de la Provincia –cuya máxima autoridad es el comisario mayor Alejo Paredes, de reconocida "línea dura" dentro de la Policía de Córdoba– a "ejecutar a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, las acciones que fueren pertinentes para producir un blindaje al ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la provincia de Córdoba". Deberemos estar muy atentos a este artículo, cuya aplicación autoriza a los agentes policiales a efectuar controles vehiculares de carga y equipaje y a realizar requisas personales en plena vía pública a "personas sospechadas" de "tener" estupefacientes en su haber, lo que implica una lamentable regresión a la década de 1990, cuando miles de jóvenes eran procesados por la Justicia Federal sólo por "tener" un par de cigarrillos de marihuana en sus morrales. Prohibicionismo y corrupción. Estas potestades dadas a la Policía provincial son terreno fértil para la corrupción, que venimos denunciando en distintos foros, ya que la parte "podrida del cajón" la aprovechará para "coimear" a los usuarios para no ser detenidos y procesados. ¿Quién ejercerá el control estricto sobre la fuerza policial para que no incurra en sus habituales excesos, como lo venimos viendo en la aplicación del Código de Faltas?Esperamos que sea la Justicia provincial la que dé claras directivas para los procedimientos y sancione a quienes violen los derechos de las personas con sus procedimientos represores.Advertimos a la sociedad en su conjunto, y no sólo a los usuarios y cultivadores de cannabis, que una vez que el prohibicionismo entra por la vía legislativa es muy difícil lograr que se detenga.Hoy es la ley provincial 10.067, el Código de Faltas, la imposibilidad de aplicar el aborto terapéutico en la provincia. ¿Qué podemos esperar para mañana? A contramano. Mientras en buena parte de los países latinoamericanos se trata el tema de la legalización de las drogas –o como, por caso paradigmático, en Uruguay, donde es el propio Estado el que controlará la producción y comercialización de cannabis–, en Córdoba el "blindaje contra las drogas" nos auspicia más y mejores prohibiciones para nuestras conductas como usuarios. Quizá quienes no lo sean no entiendan el reclamo hasta que una nueva ley del patético cordobesismo nos prohíba, por ejemplo, plantar árboles para reforestar y así garantizar a los sojeros sus extensos territorios de cultivo, o simplemente nos cobren una tasa similar a la vial, pero para que nuestros hijos vayan a la escuela pública. Como bien decía aquella histórica campaña publicitaria del sida: "Como yo no era, no me preocupó". Desde estas páginas queremos llamar la atención a los legisladores nacionales que han presentado proyectos de modificación a la ley nacional de drogas 23.737, para que continúen con su tarea legislativa y den pronta respuesta legal a nuestros reclamos como usuarios y cultivadores de cannabis.Una nueva ley integral de drogas lícitas e ilícitas a nivel nacional que legalice la cannabis en todos sus aspectos utilitarios, más la sanción urgente en el Senado de la Nación de la Ley de Adicciones, vendrían a poner límite a este mamarracho represor sancionado por los legisladores cordobeses, convertidos en los verdaderos papanatas (así llama De la Sota a los que queremos la legalización) de esta oscura novela encabezada por un actor político que ahora desea ser presidente de la República.Por eso,  como activistas de las libertades individuales, volveremos a marchar el sábado 24 de noviembre insistiendo en decir: "No al blindaje de nuestros derechos".