Una marca registrada

El miércoles 11 de este mes se dio a conocer, a través del Boletín Oficial, la resolución general 3.252 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que obliga a los importadores a realizar una "Declaración Jurada Anticipada de Importación". Esto significa que cualquier empresa que tenga la voluntad de adquirir bienes en el exterior deberá informar al Gobierno antes de realizar su pedido u orden de compra. Esta polémica resolución se suma a la batería de medidas impuestas por el Gobierno nacional con el objetivo de intervenir en el comercio exterior.Aunque la resolución no hace referencia a productos específicos, dada su naturaleza burocrática, la Declaración Jurada Anticipada de Importación se puede catalogar como otra más de las de las licencias no automáticas impuestas hace poco más de un año.Una licencia no automática, por definición, es un mecanismo que desalienta la importación mediante la imposición de procedimientos administrativos que exceden a los necesarios para que un producto ingrese. Es una medida que, si bien no prohíbe las importaciones, permite al Gobierno nacional tener sobre ellas un monitoreo discrecional.El uso de licencias no automáticas está contemplado en el marco regulatorio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con el argumento de administrar las restricciones comerciales, que si bien puede representar un perjuicio para socios e incluso generar tensiones diplomáticas, como ha sucedido anteriormente con Brasil y China, es una herramienta completamente lícita.Ante la imposición de este tipo de medidas, es aconsejable tratar de entender sus causas y cuáles serían las consecuencias aparentes de su entrada en vigor. Dos interpretaciones. La primera y más optimista es que este tipo de medidas están orientadas a fortalecer y ampliar el tejido productivo nacional mediante lo que se ha dado en llamar "sustitución de importaciones", lo que generaría importantes beneficios en materia de creación de empleo y ampliación del mercado interno, dado el incentivo del sector privado local a producir bienes que anteriormente eran obtenidos en el mercado internacional. La segunda interpretación, y por lo tanto más pesimista, es que si el Gobierno pretende desalentar la importación motivado por mantener un saldo positivo en la balanza comercial y evitar la fuga de divisas, lo más probable es que se produzcan dos efectos. Por un lado, el desabastecimiento ante la imposibilidad de ingresar productos que no son fabricados eficientemente en nuestro país y, por otro, la carencia de competencia externa ofrece un margen a los productores nacionales para incrementar el precio de los productos, lo que en última instancia provoca inflación.En ambos casos, los principales perjudicados son los consumidores. Llegado a este punto, para que una medida que desaliente las importaciones se convierta en un elemento positivo en el desarrollo productivo nacional debería al menos ser más explícita y determinar no sólo cuáles son las instancias para su aplicación sino también cuáles son los sectores con potencial para ser protegidos ante la amenaza externa.Por ello, y teniendo en cuenta que en los considerandos de la resolución no hace referencia alguna al fortalecimiento de las capacidades industriales endógenas, la Declaración Jurada Anticipada de Importación parece ser una herramienta discrecional de un Gobierno que ha hecho de la manipulación de cuentas una marca registrada.

*Licenciado en Relaciones Internacionales.