El malestar de la democracia en América latina

Discurso pronunciado en el acto de fin de año de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el jueves 15 de diciembre.¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos incorporamos, cada día con más decisión, a ese universo de democracias maltrechas? Permítaseme alguna aclaración teórica. Hay, en la actualidad, dos clases de democracia que se corresponden a dos tipos de Estado.

En términos democráticos, hoy coexisten en América latina democracias republicanas y democracias organizadas en torno de la hegemonía del Poder Ejecutivo Nacional. En las primeras, la legitimidad de origen, que llamamos democracia electoral, coincide con la legitimidad de ejercicio; vale decir, con gobiernos que desempeñan su mandato de acuerdo con los postulados, derechos, garantías y restricciones del orden constitucional. El equilibrio de poderes es un factor central en esta definición.

En las democracias regidas por la hegemonía del Poder Ejecutivo, el origen popular de las autoridades las lleva a subordinar los poderes de la Constitución y las garantías propias de los regímenes limitados a la voluntad del poder presidencial. Son regímenes que contienen en su seno la tradición cesarista que en América latina tiene raíces antiguas y robustas.

Como se dijo en el siglo XIX, tenemos en América latina reyes o reinas con el nombre de presidentes. El problema es que esos elementos monárquicos no adquieren, como en muchas naciones del mundo occidental, los rasgos de una monarquía constitucional. Son más bien monarquías de facto que reclaman, de parte del poder legislativo y del judicial, una fuerte subordinación. En estas democracias, no impera el gobierno de la ley sino el gobierno de decretos, resoluciones, ordenanzas, mandatos o leyes impuestas, con escaso debate, por la gravitación de mayorías legislativas.

Estado ideológico. A cada tipo de democracia, corresponde un tipo de Estado. La democracia republicana opera en el marco de un Estado laico, en el sentido de que el Estado, al no asumir una ideología en particular, asienta su legitimidad en el pacto constituyente de la ley suprema, con sus declaraciones, como hemos dicho, de derechos y garantías.

Muy diferente es la óptica que ofrecen los regímenes que enarbolan la hegemonía del Poder Ejecutivo. En dichos regímenes, el Estado, en posesión de un discurso dominante, busca imponer sus concepciones mediante los resortes de la propaganda y de un aparato de comunicación de carácter público y de carácter privado, este último formado por medios adictos favorecidos por la publicidad oficial. Se trata, en suma, de un Estado ideológico que baja línea, dividiendo el campo político entre amigos y enemigos.

La Argentina política está hoy ubicada en la confluencia de una democracia hegemónica en cuanto a la supremacía del Poder Ejecutivo con un Estado ideológico. La noticia, aquí y en otros países de América latina, no es buena porque, amén de las arbitrariedades que esta situación conlleva, invita a una resurrección de las tradiciones de nuestros pasados autoritarios.

En el centro de esta querella, están los medios de comunicación independientes del Estado. Están precisamente en el centro, al modo de un blanco pronto a recibir impactos, porque hoy asistimos al crecimiento de una ambición que pugna por controlar contenidos culturales, los cuales, por cierto, deberían ser plurales y autónomos.

En otras palabras: contenidos culturales no sujetos al escrutinio de los gobiernos y de los funcionarios y mandones de turno. Hoy, lamentablemente, no es así.

Las leyes restrictivas de la prensa escrita y de los medios audiovisuales tienen ese objetivo. Están, en primer término, fundadas en el método de la censura indirecta, que puede realizarse por diferentes procedimientos (por ejemplo, a través del control de la producción e importación de papel, de que tanto se habla en estos días).

Al mismo tiempo, estas leyes impulsan por abajo el desarrollo de un capitalismo de amigos, al que contribuyen empresas dependientes del favoritismo oficial, en la forma de diversos insumos: créditos, publicidad, etcétera.

Conflicto anacrónico. Éste es el trasfondo del conflicto que se ha desatado en estos años en América latina y en nuestro país y que, en gran medida, marcha a contrapelo de la historia del porvenir. Es un conflicto anacrónico que no entiende los cambios que se han producido en el planeta entero en materia de comunicación. A veces tengo la impresión de que esta clase de gobernantes hegemónicos, adictos al Estado ideológico, está actuando como si viviéramos en el escenario de hace 50 ó 60 años.

Escenarios donde el Estado pretendía controlar arbitrariamente los resortes de la economía y de los medios de comunicación con estatizaciones, controles de cambios y de precios, con el proteccionismo aplicado al comercio exterior y, en todo caso, con una actitud hostil hacia la vitalidad de los emprendimientos privados capaces de generar más pluralismo, más inversión, más trabajo y más innovación.

Esta manía de concebir la sociedad civil como un conjunto de corporaciones enemigas, entre las cuales sobresalen los medios de comunicación, concebidos, según la leyenda, como facciones conspirativas que se conducen en contra de los verdaderos intereses populares, suele tener consecuencias catastróficas. Al cabo, es una matriz dañina que genera más conflicto, menos trabajo y más desconfianza.

Entonces, lo que en años recientes sirvió para incentivar la producción y el consumo, creando así las condiciones favorables para un buen resultado electoral, se convierte en un bumerán que termina golpeando a todos: al gobierno, a la sociedad y, en especial al núcleo duro de la pobreza y la indigencia que, como un signo de decadencia difícil de doblegar, tiene una tremenda capacidad de supervivencia alimentada por el proceso inflacionario, la falta de inversiones y el trabajo en negro.

Para enfrentar estos problemas, el Estado ideológico requiere, inevitablemente, de un discurso legitimador capaz de enmascarar la realidad de los hechos. No sólo el poder hegemónico necesita un Indec para institucionalizar registros falsos en materia de precios; también es necesario un Indec cultural que haga posible la transmisión de un discurso que muestre sólo un aspecto de la realidad.

Esta última operación se está llevando a cabo con un sentido estratégico que hace que la fabricación de un discurso falso sea imputable a los medios de comunicación, mientras que la expresión de un discurso verdadero queda en manos de los voceros del Estado ideológico. Lo escuchamos a diario desde los medios oficialistas: es la imagen invertida del país virtual y del país real.

Tiempo de cambios. Como podrán advertir ustedes, en América latina, en la Argentina en particular, estamos soportando los efectos de una lección que nos dejó Tocqueville hace más de 150 años. Cualquier proceso de cambio, decía el autor de El antiguo régimen y la revolución, contiene residuos de la sociedad que, contrariamente a lo que suelen pensar los pensadores optimistas, estaría en vías de ser superada definitivamente.

Esos sedimentos persistentes se confunden con legados del pasado en lo que se refiere, entre otras, a la relación del Estado con los medios de comunicación.

¿Pero de qué cambios se trata y a qué medios de comunicación estamos aludiendo? No dudo en calificar estos cambios como trascendentes.

En estos comienzos del siglo 21, está emergiendo una nueva constelación de valores canalizada por la revolución comunicacional.

Lo vemos por todos lados: en el sujeto social con la tablet, el iPod, el teléfono celular, los blogs, Twitter... y me estoy quedando corto en esta enumeración, tan vertiginosa es esta sucesión de invenciones. Pero ese sujeto adopta valores que también ponen en cuestión antiguas regulaciones sociales en el campo familiar, en el campo del género, en la escuela. En suma, en las autoridades que antes llamábamos naturales: padres y madres, maestros, referentes éticos. Estas reivindicaciones llevadas al extremo pueden transformarse en fuerzas ciegas, carentes de sentido: algo así como un nuevo nihilismo.

Por ende, la definición de un bien general para la república y de un bien común para la sociedad se hace cada vez más engorrosa. No comparto enteramente esta visión sombría del futuro. Bueno es reconocer también que estos enigmas y obstáculos abren sin embargo un espacio inmenso a la libertad humana. Es que el campo comunicacional ya no distingue, con la precisión de antaño, al productor y al consumidor de contenidos.

En este siglo, la producción y el consumo se fusionan en un mismo sujeto, con el resultado de que las maniobras y medidas para controlar la prensa se revelarán, a la postre, obsoletas.

Podrán, en efecto, atacar la producción de papel, podrán circunscribir el ámbito audiovisual de los medios independientes; no podrán, con todo, detener esta formidable revolución que –lo destaco nuevamente para terminar– se hace en nombre de la libertad.

Éste es el territorio, creo yo, que estamos atravesando entre amenazas y posibilidades, entre el regreso con tintes reaccionarios del pasado y las promesas del porvenir. Habrá pues que seguir avanzando, no aflojar ni tampoco cejar en la difícil y fascinante tarea de ir abriendo, día tras día, la multifacética expresión de la opinión pública.