¿Mala memoria, mala información o mala fe?

SDLq De la Sota y Juan Schiaretti –este durante el gobierno anterior– aniquilaron la Caja. Debieron haber aprovechado las circunstancias que les había dejado el ajuste realizado por la gestión radical en la década de 1990 y conseguir que el sistema fuera posible, viable y sustentable", escribió Olga Rista, legisladora provincial por la UCR, el 16 de agosto en estas páginas. Como la legisladora no lo incorpora en su nota, me voy a permitir recordar el ajuste realizado por la gestión radical en la década de 1990, ajuste que en realidad fueron dos.El primer ajuste de la gestión radical fue la sanción de la ley 8.024, durante el gobierno de Eduardo Angeloz. Esa ley estructuró un sistema previsional totalmente inviable y sin ningún estudio actuarial o proyección que justificara tal despropósito. Ese fue el primer ajuste realizado por la gestión radical en la década de l990.No obstante, rescato de esa ley el mantenimiento del 82 por ciento móvil, que no fue un invento de Angeloz, sino que estaba impuesto en la ley provincial desde la década de 1960.La ley sancionada en l990, entre otras cosas, confería enormes privilegios al sector político (legisladores, ministros y secretarios de Estado). Con sólo con dos años de aportes, los funcionarios podían comprar los restantes hasta completar los 10 años en la Caja Provincial. Establecía requisitos de edad muy inferiores a los actuales. Y los aportes y contribuciones también eran muy inferiores a los actuales. Un sistema quebrado. Para entender el daño que esta ley causó al sistema, baste decir que hasta su sanción, la Caja era superavitaria, tenía depósitos a plazo fijo por el equivalente a dos nóminas mensuales completas (unos 800 millones de pesos a valores de hoy) y era acreedora de la Provincia por atrasos en el pago de los aportes y contribuciones. Cuando asume el gobierno Ramón Bautista Mestre, se encuentra con un sistema totalmente quebrado. No sólo habían desaparecido los depósitos a plazo fijo, sino que la Caja era deudora del Banco de la Provincia por un monto equivalente a casi dos nóminas mensuales completas (en cuatro años se había consumido el equivalente aproximado a cuatro nóminas mensuales, unos 1.500 millones de pesos, en término actuales). La deuda con el Banco de Córdoba se terminó de cancelar en 2001.El propio Angeloz fue quien firmó el pacto fiscal por el cual se retiene a las provincias el 15 por ciento de la coparticipación y sin poder transferir la Caja, ya que se lo impedía la Constitución provincial. Los más perjudicados. El segundo ajuste realizado por la gestión radical en la década de l990 le tocó a Mestre y este optó por el camino más fácil: a los jubilados les bajó el 18 por ciento de su jubilación. Terminó así con el 82 por ciento móvil, no sólo para adelante, sino también para los que estaban jubilados, con lo que lesionó derechos adquiridos.A los activos, les aumentó el aporte personal, llevándolo al 18 por ciento actual. También aumentó los aportes patronales y elevó en cuatro años el requisito de edad para jubilarse. Los jubilados y los activos pagaron los platos rotos del desastre de Angeloz, y Mestre no derogó ninguno de los privilegios que establecía la ley 8.024. Comparaciones justas. Durante los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, todas las modificaciones que se hicieron apuntaron a eliminar los privilegios (ya no queda nada de aquellos originales) y a compatibilizar el sistema con el acuerdo firmado con la Nación en 2002, recuperando el 82 por ciento sobre el sueldo bruto del activo y equiparando todos los requisitos con los vigentes en el sistema nacional. Un párrafo aparte merecen el tema de los retiros voluntarios (Mestre), las jubilaciones anticipadas y las pasividades anticipadas (De la Sota).Con los retiros voluntarios, la Caja perdió una cantidad importante de activos que hacían aportes, lo cual aumentó el déficit. En cambio, con las pasividades anticipadas, la Caja no tuvo ninguna consecuencia, ya que el agente y el Estado continuaron haciendo los aportes por el total del sueldo nominal bruto, sin quita alguna hasta el momento de la jubilación.Las jubilaciones anticipadas fueron acordadas con la Nación y están contempladas en el primer convenio de 2002. Forman parte del déficit que financiaba la Nación, circunstancia que ocurrió hasta 2010 inclusive, momento en que esos beneficios anticipados dejaron de impactar en el déficit, pues a esta fecha los beneficiarios ya habían alcanzado los requisitos para jubilarse. Solidez actual. Hay que recordar, además, que en relación con la posibilidad de lograr el financiamiento del déficit por parte de la Nación, fue el Gobierno de Córdoba (De la Sota) el que en 1999 propuso y logro incorporar al Acuerdo Federal para el Crecimiento de la Producción y el Empleo la cláusula que posibilitaba el financiamiento nacional sin necesidad de transferir la Caja y a condición de armonizar aspectos del sistema provincial con el nacional, mediante acuerdos a firmarse. Ese acuerdo fue ratificado por la ley nacional 25.235. Por último, cabe destacar que el sistema previsional provincial es muchísimo más sólido que el nacional. Sólo requiere financiamiento extra por el 18 por ciento del total de beneficios que paga. Y este financiamiento, que debería atender la Nación con parte del 15 por ciento que retiene de la coparticipación a las provincias, lo está cubriendo el Tesoro provincial con sus propios recursos.A diferencia del nacional, nuestro sistema no estafa ni miente a los jubilados, paga las jubilaciones dignas que ellos se merecen y respeta acabadamente los fallos de la Justicia.* Contador, ex presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba