Los dueños de la razón
El escándalo que se desató en torno de la forma en que operaba el área antinarcóticos de la Policía de la Provincia, y que la puso en la mira de la Justicia, se instaló en la campaña electoral. La reacción del gobernador De la Sota sorprendió desde varios puntos de vista.
Todo entreverado. Cataratas de palabras, muchas convertidas en gritos, que impiden observar la verdad en cuestiones sensibles.
No se trata de blindar la realidad con silencio; tampoco argumentar que todo se politiza porque hay una campaña electoral en marcha.
El argumento cae por su propio peso. La democracia está construida desde la política, que cada dos años obliga a sus protagonistas a rendir algún tipo de examen ante el tribunal de la sociedad.
Como fuere, un cambio menos, los ánimos un poco más desarmados, siempre es prudente.
Desde luego, quienes ejercen el poder desde los distintos niveles de gestión preferirían que nada de lo que hacen o dejan de hacer sea objeto de valoración.
Que nada ni nadie les interrumpa el sueño de grandeza que todos guardan entre sus principales ambiciones es para ellos el deseo más sublime.
En definitiva, discutir el sexo de los ángeles sería el paraíso para los gobernantes.
Pero no, hay cuestiones que rompen todos los muros, que desbordan los deseos más profundos de tranquilidad.
Tal es el caso del escándalo que se desató en torno de la forma en que operaba el área antinarcóticos de la Policía de la Provincia y que la puso en la mira de la Justicia federal.
La reacción del gobernador José Manuel de la Sota sorprendió desde varios puntos de vista.
Funcionarios del Gobierno aceptaron que veían venir un embate contra esa área de la Policía.
Acaso no le otorgaron suficiente gravedad y, por eso, creyeron que podían capear el temporal sin mayores consecuencias.
Aun así, recién en simultáneo con la detención de los responsables antinarcóticos obraron los relevos del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de la institución, comisario Ramón Frías.
Mientras esto ocurría y el peronismo en la Legislatura embestía contra el fiscal federal Enrique Senestrari, la situación judicial de los implicados se comprometía aun más con la aparición de nuevos datos sobre su accionar irregular.
Hay que retrotraerse para dejar sentados algunos interrogantes:
¿Qué información le transmitieron a De la Sota y por qué confió tanto?
¿Cómo pudieron fallar de tal manera los indispensables controles internos dentro de la Policía?
¿Nadie sospechó , ni vio, ni escuchó nada puertas adentro de la Jefatura de la Política?
¿O las prácticas eran tan comunes que no merecían objeción?
¿Acaso creyeron que el descrédito de alguien que purgó años en prisión, Juan “el Francés” Viarnes, era suficiente para dar por tierra con las acusaciones que hizo a través del programa ADN , por Canal 10?
Costos por tres
Como sea, De la Sota se vio obligado a pagar un triple costo político por no obrar con mayor rapidez y dejar que todo se enredase de una manera irrecuperable:
1. Aceptar que sus legisladores embistieran con todo contra el fiscal Senestrari, a quien acusaron de responder al kirchnerismo para, de esa manera, poner la situación bajo la excusa de la disputa política. Y luego poner al Gobierno a disposición de la Justicia para esclarecer el hecho.
2. Mandar a la Legislatura un proyecto para que el jefe del área antidroga cuente con aval parlamentario. Y luego pedir que se suspenda el tratamiento con el argumento de que los tiempos electorales impedirían una discusión racional.
3. Soportar la primera manifestación pública en su contra. Que haya sido más o menos numerosa no quita que se realizó y que se armó, como ocurre cada vez con más frecuencia, a través de las redes sociales.
Es definitivo: el tema de la seguridad ya quedó estaqueado en el centro de la agenda electoral.
El proceso de desinstalación parece ser muy trabajoso y con resultados casi imposibles, según admitieron tres consultores de opinión pública, que comenzaron en los últimos días a medir el efecto de la crisis policial.
Cenizas quedan...
La pelea electoral también tuvo su capítulo montado sobre los graves incendios que afectaron a las sierras de Córdoba.
Mientras la administración de De la Sota trató de cubrir todos los problemas provocados por las llamas a través de un plan de recuperación al que bautizó “Cura Brochero”, la presidenta Cristina Fernández bajó a Calamuchita para hacer la suya.
Nunca en la historia del pueblo, Yacanto recibió (y recibirá) tantos aportes de la Provincia y de la Nación. “Si las promesas se cumplen, deberían pasar a ser una villa suiza”, afirmaba el viernes un intendente de otro poblado que sufrió problemas por el fuego, pero no tuvo tanta suerte.
Hágase la luz
Más allá del eterno desencuentro entre De la Sota y Cristina, patentizado una vez más en estas circunstancias, quedaron algunas curiosidades.
Por ejemplo, la Provincia anunció textualmente el pasado lunes 16: “El suministro eléctrico se viene garantizando con dos grupos generadores de energía que colocó la Epec para abastecer la red local de media tensión…”.
Acompañada por sus principales candidatos en Córdoba, en una especie de raid electoral, la Presidenta afirmó el jueves al mediodía: “Yacanto tiene luz por los generadores que envió la Nación”.
Suena menor quién lo hizo, porque, al final, lo importante era que los habitantes recuperaran el servicio.
Pero a esto hay que sumar compromisos superpuestos de construcción de viviendas, créditos blandos para recuperar la actividad económica, políticas para favorecer el turismo, etc.
Siempre pasa lo mismo: los recursos públicos se manejan como si fuesen privados, como concesiones graciosas de Su Majestad.
Los candidatos son puestos a inaugurar obras (pagadas por todos, valga la obviedad).
Y tratando, claro, de que la mayoría silenciosa crea que en su lado están los buenos y del otro, los malos.
Ya lo decía Konrad Adenauer: “En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”.
