Los conflictos entre Nación y provincias
Lo restado mensualmente en forma automática a las 24 jurisdicciones suma para este año alrededor de 35 mil millones de pesos y no hay perspectivas de un retorno a la situación vigente antes del acuerdo celebrado.
El ejercicio fiscal, tanto en la jurisdicción nacional como de cada una de las provincias, están afrontando en 2013 serias dificultades de financiamiento y anuncian desde ya que se acentuarán notoriamente en 2014. Ello exacerbó las relaciones, y cinco provincias (Santa Fe, Córdoba, Corrientes, San Luis y Santa Cruz) han hecho sendas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia reclamando, como principal reivindicación, que la Nación cese de quedarse con un 15 por ciento de los fondos coparticipables –regidos por la ley número 23.548– que cedieron hace 21 años atrás.Esa modalidad comenzó a aplicarse a mediados de 1992 y fue objeto de ratificación en 1993 por vía de una ley especial en cada uno de los mencionados fiscos, sin que se haya fijado un plazo determinado de vigencia.La causa motivadora fue el interés de los locales para que el salario mensual mínimo fuera en ese momento elevado de 150 a 200 pesos. Dado que la Nación argüía imposibilidad de afrontar esa erogación adicional, las provincias se avinieron voluntariamente a proporcionar los medios financieros adicionales para viabilizar el incremento.Desde entonces se ha resuelto una serie de ajustes y actualizaciones porcentuales que lograron multiplicar la remuneración mínima mensual obligatoria en más de 17 veces. Por ello, los funcionarios nacionales insisten en que esa "ayuda" sigue gravitando y, si no la tuvieran, hubiese sido imposible llegar a esos niveles. Por otra parte, rechazan tales pretensiones, subrayando que no existe ningún término y que sólo en oportunidad de que se proceda a sancionar una nueva Ley de Coparticipación, que reemplace la de 1988, sería posible introducir modificaciones que contemplen esa circunstancia, y sólo así se dejaría de retener el tan discutido 15 por ciento.En la exposición de argumentos esgrimidos se advierte una serie de contradicciones que pueden estar originadas en sus perentorias de necesidades, pero el análisis y consiguiente planteo es parcial y, en cierta medida, equivocado.Lo restado mensualmente en forma automática a las 24 jurisdicciones suma para este año alrededor de 35 mil millones de pesos y no hay mayores perspectivas de concretar un retorno a la situación vigente antes del acuerdo celebrado.La primera presentación judicial sobre este tema correspondió a Santa Fe y data de tiempos en que la gobernaba el anterior mandatario. Su gestión sigue un muy lento trámite en la Corte Suprema, única vía existente para dirimir conflictos interjurisdiccionales.
Multiplicación de planteos
Dos años antes, también Santa Fe fue la primera en reclamar la compensación convenida con la Nación para coadyuvar a cubrir los compromisos de la Caja Provincial de Jubilaciones, lo cual también su curso judicial.
En 2009 estos organismos pertenecientes a la Capital Federal y a 10 provincias fueron absorbidos por la esfera federal; en las otras 13 no fue posible pues ello requería reformas en sus constituciones.
En el caso de Córdoba, suscribió un convenio bilateral por el bienio 2010/11, pero las remesas se interrumpieron al finalizar el primer año de vigencia. La Nación alegó unilateralmente que no se cumplían las obligaciones de ir “armonizando” con sus normas federales en cuanto a plazos y nivel máximo unitario de las pasividades.
El planteo correspondiente a 2011 fue entablado por 1.039 millones de pesos y, sin que haya posteriores pactos, en ámbitos de la Provincia sostienen que se les deben aportes hasta la fecha. Todo lo cual es rechazado por la Nación y está radicado en la instancia de la Corte Suprema.
También ha sido tradicional que las provincias identificadas como “más ricas” resignen parte de lo que les correspondería si la distribución se verificara en relación directa con la población y/o el producto geográfico.
El ejemplo mas evidente corresponde a la provincia de Buenos Aires donde dichos indicadores representan el 38,7 y 40,2 por ciento, respectivamente. Aun así, según la ley número 23.548, se le ha asignado solo el 21,5 por ciento para luego sumarle un adicional de 600 millones de pesos con el fin específico de mejorar la situación social en el área suburbana de la Capital Federal.
Los desajustes se han venido agudizando desde 2007 en adelante, pues el personal del sector Gobierno ha crecido en términos reales más que los ingresos. La administración local (provincial y municipal) pasó a través del quinquenio, en la primera, de 1.738,7 millones a 1.999,7 millones (+15 por ciento) en 2012.
Dentro de ellas, el conjunto de municipios lo hizo de 495 a 648,2 millones (+30,9 por ciento), mientras en la Nación se repitió ese proceso, pues se incrementó de 495,5 millones a 571,7 millones (+15,4 por ciento). Cabe advertir que en la actividad privada, ese esquema durante el mismo período fue bastante similar, con una suba del 17,5 por ciento.
Irregularidades adicionales
Las administraciones locales sostienen que no disponen de recursos suficientes para cubrir el cumplimiento pleno de todas las obligaciones y que la retención del 15 por ciento que les hace la Nación constituye la principal causa de semejante frustración. Por lo tanto, en forma cada vez más vehemente, responsabilizan al ámbito federal, justificando así el no registro integral de empleados.
En efecto, en cada una de ellas hay, aunque en variadas proporciones, numerosas personas “no registradas”. Con el indicador mas elevado en San Luis, donde trepan a la insólita proporción del 42,4 por ciento. En la Capital Federal, llegan 16,1 por ciento, aunque son menores en Córdoba (12,1 por ciento) y en Buenos Aires (9,3 por ciento).
Según el cálculo ínsito en el Proyecto de Presupuesto 2014, el cuestionado 15 por ciento figura con un importe global de 41.500 millones de pesos y el hecho que se lo incluya como un rubro más indica que la Nación no está dispuesta a resignar nada. Por el contrario, las disensiones han proliferado y ahora se han incorporado a la disputa el reclamo de que se coparticipen tributos creados mediante el artículo tercero del artículo 75º de la Constitución Nacional), haciendo centro en el Impuesto sobre Débitos y Créditos que vencía a fin de año pero que figura en primera fila entre los prorrogables.
*Profesor de posgrado en Ciencias Económicas de la UNC
