Límites de la seducción

La compulsión, ese impulso irrefrenable y obsesivo que muestra el ex presidente Néstor Kirchner a ser el dueño absoluto de la iniciativa política, podría convertirse a la vez en su peor aliado.

No son pocos los funcionarios que advierten en privado sobre el riesgo de que muchas acciones oficiales terminen produciendo efectos negativos en los sectores de la sociedad a los que justamente se busca seducir. "Hay momentos en que a Néstor se le va la mano, pero él es así", admite un viejo ocupante de la Casa Rosada.

Valen algunos ejemplos recientes de los hechos que podrían actuar como un bumerán: la defensa acérrima de los índices de inflación registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que nada tienen que ver con lo que sucede en los bolsillos; el apañamiento de actitudes nazifascistas como las del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, gritando "acá no se vota" en las reuniones de la empresa Papel Prensa; la intempestiva decisión de hacer caducar la licencia de Fibertel como proveedor de Internet a más de un millón de usuarios, enmarcada en la "guerra" contra el Grupo Clarín, y el anuncio anticipado de que la Presidenta vetará el 82 por ciento móvil para los jubilados si el Senado lo convierte en ley. Esto, ¿favorece o perjudica políticamente al Gobierno?

Actitud distante. Los sectores de la izquierda intelectual militante del kirchnerismo se entusiasman porque creen que cada uno de esos pasos es un avance en el campo de batalla contra las corporaciones y los opresores del pueblo. Pero no se recuerda que esos grupos hayan tenido decisiva influencia en las conductas electorales de los argentinos.

El grueso de la sociedad tiene otra actitud ante la política, mucho más distante de las ambiciones de los dirigentes y de las concepciones superestructurales del poder. La moderación, el equilibrio y el sentido común -también compatibles con el cambio- atraviesan verticalmente a la pirámide social. Por eso, tienden a ser rechazadas las acciones ejecutadas de arrebato, al margen de las leyes y prescindiendo de las reglas de juego del sistema democrático.

Uno de los interrogantes que con fuerza se planteó luego de que Diputados sancionara el proyecto del 82 por ciento móvil, es por qué el Gobierno salió tan rápido a anunciar que lo vetará si se convierte en ley.

Además de llevar implícita la desconfianza en el voto de sus propios senadores, ¿ese anticipo no está induciendo a que algunos kirchneristas voten a favor del proyecto y le provoquen una nueva derrota al bloque que conduce Miguel Picchetto? La pregunta no es ociosa.

La conveniencia. Todavía no lo han expresado en público, pero al menos tres senadores del oficialismo tienen la intención de no votar en contra, sea haciéndolo por la afirmativa o absteniéndose. Con escasas diferencias en los argumentos, los tres razonan parecido: "Si la Presidenta aplica el veto, al costo político lo paga el Gobierno. Yo no puedo volver a mi provincia y decirles a los jubilados que ahora me opongo a lo que propuse en mi campaña electoral. Y el año que viene quiero ser gobernador". Es clara, pero la idea no parece estar en línea con el pensamiento de Kirchner, para quien la tropa debe responder siempre como un solo hombre, aunque algunos mandos medios exhiban signos de fatiga.

En la Casa Rosada, justifican el anticipo de veto en la necesidad de no generar expectativas falsas en los jubilados "por la irresponsabilidad de la oposición" y tratan de minimizar el impacto político que tendría una nueva fractura interna en Senadores luego de la derrota por la reforma del Indec.

Ninguna de estas acciones que tienen al oficialismo como protagonista son de ganancia neta en el electorado. Tampoco para la heterogénea oposición, la experiencia indica que en los balances de la política no hay sólo dos columnas, donde lo que figura en el debe del Gobierno pasa al haber de sus adversarios. Para ambos, hay un costo significativo que se cobran los ciudadanos en el momento de votar.