Los tiempos no turbulentos suelen ser los menos en la Argentina. Casi siempre estamos en emergencia, en crisis, en sobresaltos.
Si a eso sumamos que las etapas electorales o preelectorales igualan o superan a los períodos en que no hay urnas a la vista, los debates de fondo quedan subsumidos por posiciones radicalizadas, simplificaciones, urgencias económicas.
En estos días inciertos en el país, una vez más ha quedado limitada a consignas una discusión medular para cualquier nación, que es el funcionamiento de su educación superior.
La necesidad de financiamiento de la universidad pública, con la consiguiente adecuada remuneración para sus docentes, parece estar fuera de discusión.
Seguramente en la sociedad esa cuestión suscita adhesiones parecidas a la postura que tuvo el conglomerado opositor que se expresó en el Congreso, pese a que hay importantes estamentos que quedan fuera de la conversación, entre otras cosas porque los estudios universitarios les son algo ajenos.
Pero en la simplificación de más, de menos o de igual cantidad de recursos para las casas de estudio, quedan excluidos debates pendientes. Y aquí hay responsabilidades concurrentes, aunque la principal es la del oficialismo y su obcecación con algunos temas, lo que le está trayendo más de un dolor de cabeza.
Entonces, sigue cerrada la discusión sobre si hay que mantener o no la gratuidad para todos los alumnos o sólo garantizar ese derecho para quienes no están en condiciones de hacer frente a algún tipo de arancel.
El dogma de la gratuidad
Más del 40% de los estudiantes secundarios cordobeses pagan por la educación intermedia, pero en el escalón superior de la formación la gratuidad es un dogma.
En el fárrago de las estadísticas de la Universidad Nacional de Córdoba, hay todo tipo de datos de los estudiantes, hasta qué tipo de deportes practican, pero no de qué secundario provienen.
No hay tampoco datos precisos respecto de la situación socioeconómica del hogar de donde provienen. Pero hay un elemento que indica que sólo un 4% recibe algún plan de asistencia social.
Eso nos da la pauta de que no son los pobres quienes pueblan las universidades y reabre esa vieja duda respecto de si no es que la población de menores ingresos costea con sus impuestos la educación para los sectores medios y altos.
Tampoco se discute demasiado sobre la permanencia de los alumnos en el sistema universitario.
Un informe publicado el año pasado da cuenta de que, en las nuevas universidades creadas en el conurbano bonaerense, el porcentaje de estudiantes que termina en tiempo y forma su carrera va del uno al 10%.
Siguen pasando los gobiernos y no hay siquiera una aproximación hacia mecanismos para alentar carreras con alta demanda de profesionales y desalentar aquellas que tienen una gran cantidad de inscriptos y escasa salida laboral, sin tocar –por cierto– la libre elección de cada uno respecto de su vocación.
Con o sin sushi
Un punto importante refiere a la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En Córdoba, hay una investigación judicial abierta contra la exdecana de Ciencias de la Comunicación Mariela Parisi, denunciada por supuestos gastos personales y familiares dispendiosos con recursos universitarios.
Más allá del intríngulis judicial al que el caso fue sometido por jueces y fiscales que comparten afinidad ideológica con la acusada, los hechos mencionados son lo suficientemente graves para merecer alguna consideración de las autoridades universitarias. En especial, cuando reclaman más recursos.
“Esa situación es investigada por la Justicia; también hay un proceso de sumario interno. Todos los mecanismos han funcionado adecuadamente”, se limitó a decir en las últimas horas el rector Jhon Boretto, meses después de que se conoció la denuncia de las supuestas irregularidades.
Un pronunciamiento claro respecto de que un decano no puede pedir sushi para comer en su casa con amigos y que lo pague la Universidad le hubiese dado más consistencia al legítimo reclamo de mayor financiamiento en su tercera marcha nacional.
