La tentación populista

Un tema recurrente del debate político de estos últimos días está dirigido a la reelección de los mandatos de los intendentes de nuestra provincia, cuyos períodos de gobierno vencen en este tiempo. Nadie duda de que existe una intencionalidad política del Gobierno de la Provincia de Córdoba para fomentar la discusión tendiente a derogar la ley 10.406, que, por otro lado, este mismo Gobierno sancionó para evitar las reelecciones indefinidas.

Hoy, sin querer asumir la responsabilidad política, se muestra permeable a su abolición, para que accedan a un nuevo mandato, “si los intendentes se lo piden”.

Nuestra posición pública es contraria a que se derogue la ley, No se trata de un antojo; es de fundamental importancia entender que en una democracia el poder siempre es limitado y temporal. La consolidación de nuestra democracia no se obtendrá a través de líderes indispensables perpetuados en el poder vía reelección indefinida.

El camino a seguir es otro: mediante la participación madura y activa de los ciudadanos; con instituciones legítimas, transparentes y eficaces; con la existencia de un sistema de frenos y balances entre los poderes y con una sólida cultura cívica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es de fundamental importancia para la preservación de la democracia representativa el respeto al Estado de derecho y las garantías a los derechos humanos trascendiendo la discusión política coyuntural.

Además, la Corte afirma que “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho es un elemento constitutivo de la democracia representativa”. Ello implica de antemano que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas fijadas y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar la arbitrariedad. Precisamente, la imposición de límites está en consonancia con la democracia.

En nuestra provincia de Córdoba, el ordenamiento jurídico desde siempre está inspirado en los valores y principios que vienen de la Constitución y de las leyes orgánicas que precedieron a la ley 10.406, de 2016, siempre con el fin de evitar la arbitrariedad y basados en la importancia de concebir que en una democracia el poder siempre es limitado y temporal.

Aquellos intendentes que se sientan afectados por la retroactividad de la ley 10.406 deben recurrir a la Justicia, pero no agitar las banderas populistas de cambiar la ley que les pone límites a la renovación eterna, porque en tal caso, lesionan los principios y valores en que se encuentran inspiradas las leyes que alimentan la democracia.

La tentación mezquina del Gobierno provincial se sustenta como tantas veces en el atajo político, en la manipulación mal intencionada, en ocultar su verdadero propósito. Creo que al menos deberían tener la valentía de salir de las sombras y hacerse cargo.

* Presidente del bloque Juntos de la UCR en la Legislatura Provincial