La resistencia global (y local) a la vigilancia masiva

El 5 de este mes se cumplió un año desde que el exanalista de la National Security Agency (NSA) de Estados Unidos Edward Snowden reveló al mundo lo que muchos sospechaban: que existe un sistema aceitado de vigilancia sobre las comunicaciones en Internet y que las principales potencias del mundo saben todo (o mucho) sobre nosotros. Fue ese día cuando el diario The Washington Post publicó la primera de una larga serie de notas que llevaría el Premio Pulitzer a sus puertas. Desde entonces, sabemos que las empresas de Internet y de telefonía de los Estados Unidos entregan información a las agencias de inteligencia de ese país y que tienen prohibido contar a los usuarios lo que hacen; que cinco países –Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda– tienen un sofisticado sistema de intercambio de información conocido como Los Cinco Ojos.Sabemos que la NSA puede monitorear e incluso cambiar el contenido de computadoras que no están en línea; sabemos que la NSA infiltró los centros de datos de operadores como Google y Yahoo en contra de su voluntad.Sabemos que algunas compañías que proveían servicios de encriptación recibieron pagos para facilitar puertas traseras que permiten a los agentes gubernamentales acceder a esos contenidos. Sabemos que el espionaje tiene –también– fines comerciales. Y mucho más.También aprendimos que todas estas violaciones de derechos humanos pasaron inadvertidas por sistemas de control de inteligencia ineficientes. Las autoridades de las comisiones de inteligencia del Congreso de los Estados Unidos se quejaron de falta de información, e incluso salieron a la luz informes secretos de tribunales de ese país donde se señalan los alcances desmedidos de los programas de vigilancia. En el Congreso se enojaron aún más cuando se enteraron de que los propios representantes habían sido espiados.Pero mientras las revelaciones de Snowden arrojaron algo de luz sobre lo que ocurre en los Estados Unidos y empujaron a tibias medidas de reforma en algunos países del mundo, en América latina seguimos en la oscuridad. Sabemos qué hacen las agencias de inteligencia del Norte, pero conocemos muy poco sobre lo que hacen las nuestras.Lo poco que sabemos lo sabemos de casualidad. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando en Brasil la policía informó que para controlar las protestas en la pasada Copa Confederaciones estaban monitoreando las redes sociales.La sorpresa se dio cuando incluyó en esa lista al servicio WhatsApp, que muchos consideramos un servicio de mensajería privado.En Colombia, fue la Revista Semana la que descubrió la Operación Andrómeda, un operativo de espionaje e infiltración en cuentas de correo electrónico de periodistas y políticos, especialmente aquellos que estaban participando en las conversaciones del proceso de paz en Colombia que se llevan a cabo en La Habana.En la Argentina, hace sólo tres años, correos privados de personas públicas aparecieron colgados en Internet y la investigación judicial sobre esa violación masiva de la privacidad no arribó aún a resultados concretos.Creo que hay dos motivos por los cuales nuestra región se mantiene en la oscuridad.El primero tiene que ver con la falta de filtraciones de información sobre lo que hacen nuestras agencias de inteligencia. En efecto, en los Estados Unidos es usual que ciudadanos comprometidos con el Estado de derecho denuncien los actos ilegales que comete su gobierno. Eso hizo Edward Snowden, y el mundo le está agradecido por ello.Pero esa falta de personas dispuestas a filtrar información es complementada por una razón adicional que hace más improbable la aparición de ese tipo de ciudadanos comprometidos. Esa razón tiene que ver con la autonomía y la independencia de nuestros órganos de inteligencia, que tienen agendas e intereses propios no compatibles con la vida en común en una sociedad democrática.Esa autonomía impidió que el sistema político tome control sobre ellos, ya que los partidos –una vez que acceden al poder– se sirven de las violaciones de las comunicaciones privadas para tener un mejor manejo de la información política.Así es como a nadie llama la atención que un presidente escuche las conversaciones telefónicas de un ministro, que un diputado decida no discutir ciertas cuestiones por teléfono o que los militantes sociales estén acostumbrados a ser perseguidos, infiltrados y espiados por las fuerzas de seguridad.Las revelaciones de Snowden de hace un año deberían inspirarnos a proponer cambios en ese sentido. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto con el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y la Fundación Vía Libre, son parte de una Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que está demandando al Congreso por no proveer mecanismos de control adecuados.Ese intento será inútil si seguimos en la oscuridad, si los ciudadanos no se involucran en exigir el respeto por sus derechos y si el sistema político continúa apañando estructuras de vigilancia y control incompatibles con una comunidad democrática.

* Director del área Acceso a la Información  de la Asociación por los Derechos Civiles