La narcopolítica en Córdoba no para

Los sucesos que involucran al personal policial de rango actualmente detenido y que produjeron la caída del entonces ministro de Seguridad y el propio jefe de la Policía de Córdoba son una suerte de torniquete en la sangría de corrupción que tiene en foco a todo el actual Gobierno provincial.

Lo que queda totalmente claro es que se trata de una política de Estado que poco a poco, en estos 14 años de gobiernos de Unión por Córdoba, se fue entronizando.

Su pináculo fue la sanción de la ley provincial 10.067, que desfederalizó la ley de drogas 23.737, con el declamado objetivo de atacar la venta de estupefacientes al menudeo y dejar en manos de la Justicia federal los grandes casos de narcotráfico.

A menos de un año de su puesta en vigencia, la Ley de Blindaje contra las Drogas ha cumplido con ejemplar eficacia el ordenamiento territorial de la venta de drogas, la cartelización en manos de sectores corruptos de la policía y sus socios políticos y comerciantes de la noche.

Ahora sí se entienden aquellas declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota que apuntaban a que los ajustes de cuentas entre narcos eran producto de la acción represiva de la Policía y de la Justicia apoyadas en la nueva ley provincial.

Los muertos de esta saga, incluido el último caso de barrio Colonia Lola, en la ciudad de Córdoba, son producto de que ningún vendedor de drogas al menudeo puede intentar estar fuera del circuito de comercialización controlado por la narcopolicía.

Las más de 200 causas retenidas de manera indebida por los investigadores policiales (y descubiertas en los allanamientos a la Central de Policía por el fiscal federal Enrique Senestrari) sólo se explican como parte de un negocio paralelo de la propia repartición encargada de luchar contra el flagelo de las drogas: la extorsión a los narcotraficantes.

Nuestra Comunidad Cannábica viene denunciando estas situaciones y, de hecho, el 24 de noviembre del año anterior marchamos por la ciudad repudiando la puesta en vigencia de esta pérfida ley que sostiene su poder de fuego contra los usuarios y cultivadores de marihuana.

Es así porque su génesis es la ley federal 23.737, cuyo espíritu prohibicionista y represivo apunta a detener a los consumidores para llegar al abastecedor.

Pero el entramado de ejecución en nuestra provincia cuenta con un verdadero blindaje institucional: la Policía, un fuero provincial especializado en la persecución de estos delitos y una política de seguridad tendiente a fortalecer la situación de vulnerabilidad de los más vulnerables de la cadena del narcotráfico: los usuarios.

Con un agravante más: también las fuerzas represivas cuentan con un Código de Faltas y una ley de trata que son utilizados para la permanente estigmatización de jóvenes pobres y desclasados.

Es importante que la sociedad cordobesa comprenda que el escándalo de los narcopolicías es en realidad más abarcativo. Es la narcopolítica la que encubre esta situación.

Lo preocupante es que no se puede señalar a un partido político en particular, sino a la política en general, ya que la mayoría oficialista y la oposición miran para otro lado frente a las permanentes demandas sociales que exigen un cambio en la Ley Federal de Drogas y un reordenamiento judicial que controle eficazmente la acción represiva de las fuerzas de seguridad.

Por eso volveremos a las calles a decir basta a la narcopolítica en Córdoba y a redoblar nuestra presencia activista con los candidatos a diputados nacionales por Córdoba, para que dejen sus promesas ficcionales y propongan una nueva ley federal de drogas que dé por tierra con la 23.737.

*Comunidad Cannábica Córdoba