La distancia entre las expectativas y la realidad

El Gobierno nacional mira con atención los primeros resultados de su plan económico. La incógnita predominante gira en torno del camino que queda por recorrer hasta que la economía comience a experimentar comportamientos positivos. ¿Cuán largo es ese trecho? En la Casa Rosada conviven varias miradas. Están los más optimistas, que creen que hay que dejar hacer a los empresarios. Son los que piensan que el deber del Estado es allanar el terreno para que el sector privado realice inversiones y genere trabajo de calidad. Pero también están los que entienden que el Estado debe ser más agresivo a la hora de actuar y regular. Son los que hoy deben lidiar con los reclamos del sindicalismo y las demandas de contención social que llegan desde todos los rincones del país. Mauricio Macri intenta hacer equilibrio entre ambas posiciones, aunque por su formación en el mundo de los negocios se inclina más por la primera postura. De ahí sus reproches a los empresarios en las últimas semanas, a quienes les habló como colega.El problema con el que se está topando el Presidente es que, por ahora, los industriales nacionales están muy cautos. La alta inflación –de la que sin duda son en parte responsables, por su eterna compulsión a remarcar precios– conspira contra las intenciones del Gobierno de reactivar la economía.También juega en contra la casi única política antiinflacionaria que sostiene el macrismo a través del Banco Central: una tasa de interés altísima, del 38 por ciento promedio, que invita a no desembolsar pesos en la economía real y a especular con el rendimiento financiero.Ante este escenario de incertidumbre, el Gobierno salió a dar señales políticas con anuncios de inversión en infraestructura y en programas de empleo. Tan presionado se vio el Presidente por el repentino enrarecimiento del clima político que anunció el lunes el envío de un proyecto de ley de primer empleo sin que la iniciativa estuviera redactada por los técnicos del Ministerio de Trabajo. La pulseada Lo que antes era una amenaza hoy es una realidad: el peronismo comenzó a exigir respuestas. Fueron inocuas las gestiones oficiales ante los gobernadores del PJ para frenar el proyecto antidespidos, que el Senado sancionó por abrumadora mayoría. El puente entre el Gobierno nacional y el justicialismo dialoguista está hoy cerrado. De ahí el malestar público del Presidente para con el jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria de la Cámara Alta, Miguel Pichetto.El jueves, durante el lanzamiento de su plan de viviendas, Macri golpeó varias veces el atril para cuestionar a Pichetto por el proyecto que fija la emergencia ocupacional por 180 días y reinstaura la doble indemnización.Pero el senador rionegrino había avisado con mucha anticipación que el proyecto solicitado por las cinco centrales obreras iba a ser tratado. Es más: les dejó saber a las principales espadas de Cambiemos en el Senado que el peronismo territorial tiene los votos para sancionar la norma en Diputados.Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, coordina con Pichetto la estrategia legislativa de su espacio. El veto presidencial es un final que todos ven como posible.Macri está enfrentando la debilidad que le dieron las urnas: un Congreso opositor. No tiene otra opción que negociar con los gobernadores peronistas, que esperan respuestas a una larga lista de promesas incumplidas.El Ministerio de Interior y Obras Públicas apura las negociaciones con las constructoras, a las que se les adeudan 12 mil millones de pesos desde los últimos meses de la gestión kirchnerista.Buena parte de los casi siete mil millones de dólares que se consiguieron de excedente en la exitosa colocación de bonos, con los que Argentina se fondeó para pagarles a los holdouts, irán a programas de infraestructura.Cuando estas deudas se cancelen, se espera que las obras que están frenadas en todo el país comiencen a moverse y se recuperen, al menos, unos 50 mil empleos perdidos en los últimos cinco meses. Retomar esos trabajos públicos es uno de los principales pedidos de los gobernadores, aunque no el único. Los caminos La puja distributiva tensiona la relación del Gobierno con la oposición. El macrismo y el PJ están dejando salir a la luz sus diferencias de concepción sobre la relación entre lo público y lo privado. Pichetto y Massa vienen sugiriendo a la Casa Rosada que se formalice una mesa de diálogo entre sindicatos y empresarios para que el Gobierno pueda diseñar un esquema en el que todos ganen y resignen por igual. Pero Macri desconfía: una vez más, su formación como ejecutivo de empresa le dicta el camino a seguir. Prefiere evitar un marco amplio de negociaciones, en el cual el gremialismo podría apurar la unidad de las centrales obreras que ayer marcharon y dieron un potente gesto de poder. En este marco de tensiones con el empresariado y el peronismo, el Gobierno revisa la hoja de ruta que se trazó. La interna entre los funcionarios más cercanos a la visión de un Estado presente, que defienden Alfonso Prat Gay y Jorge Triaca, y las voces más promercado, como las de Marcos Peña y Federico Sturzenegger, está al rojo vivo.Los primeros aconsejan a Macri no enfriar tanto la economía y ponerles límites a los empresarios que sólo buscan rentabilidad en el corto plazo.Los segundos creen que es primordial darles instrumentos para agilizar las inversiones. Entre unos y otros, hay diferencias ideológicas. Cómo sortear estas disyuntivas es la gran incógnita que hoy mantiene en vilo a la Casa Rosada.