Información y esclarecimiento

Vemos con asombro y estupor cómo, desde sectores políticos y de información, se intenta poner en duda el procedimiento de tratamiento de residuos para la ciudad de Córdoba.

Fue la gestión del intendente Daniel Giacomino la que tomó la decisión política, acompañada por 22 concejales de distintos partidos, de crear la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese), para terminar con 20 años de monopolio privado, que se llevaba un cuarto del presupuesto municipal por la recolección de residuos.

Fue esta gestión la que eliminó los hornos pirolíticos del enterramiento sanitario de Bouwer, principales generadores de dioxinas y furanos durante 20 años, período en el que nadie se quejó, ni los políticos, ni los formadores de opinión.

Fue esta gestión la que depositó 20 mil toneladas menos de residuos por mes en el viejo enterramiento de Bouwer.

Fue esta gestión la que tomó la decisión política de plantear a los cordobeses una nueva forma de tratamiento de los residuos.

Me causa sorpresa que legisladores de la ciudad (antes conspicuos miembros del gabinete municipal) tengan dudas sobre la relación entre el municipio y Crese. Creamos la empresa para que se haga cargo de la recolección y el tratamiento de los residuos; le dimos un estatuto, una conformación societaria y un objeto social, ajustados a la ley.

Sin objecione. Mal podría el intendente y/o la Municipalidad de Córdoba contratar con otra empresa que no fuera Crese. La comisión fiscalizadora -conformada por cuatro miembros de partidos de la oposición al actual intendente- en ningún momento presentó objeción alguna al proceso licitatorio del tratamiento de los residuos, ni sobre la relación contractual entre el municipio y Crese.

En forma responsable, esta gestión ha propuesto una solución definitiva para el tratamiento de los residuos.

Nos enteramos por los medios de que concejales, de manera irresponsable, atentan contra los intereses de los vecinos al trasladarse a localidades vecinas para intentar boicotear la puesta en marcha de este sistema. Más aún cuando asesores de un concejal han intentado, en representación de empresas chilenas, ofrecer una alternativa similar ante la empresa Crese.

Seguramente, algunos añorarán la tercerización del servicio de residuos, cuyo costo se resolvía en una oficina universitaria y no en el seno del Concejo Deliberante, única autoridad para fijar el costo de los servicios públicos, de acuerdo con el artículo 64° de la Carta Orgánica.

Seguramente tendremos errores en la gestión; es probable que tengamos dificultades en la comunicación, pero estamos seguros de que no vamos a permitir que se ponga en duda la transparencia de los procedimientos y de las personas. Y menos aún cuando esas dudas tienen claras intenciones políticas, con un solo objetivo: la desacreditación pública de la actual gestión.

Estamos dispuestos a dar toda las explicaciones que hagan falta. Estamos dispuestos a proveer, a los dubitativos, un terapeuta o, en su defecto, un abogado, a fin de esclarecerlos en su accionar legislativo en la temática.

Los cordobeses necesitamos objetividad, información; no necesitamos de difamadores profesionales, que en los últimos cuatro años nos hicieron comer algo más que basura: un contrato leonino, en el que el -¿único?- beneficiario era un privado.

Nadie levantó la voz; ni los políticos ni los medios de comunicación.