La impunidad de la corrupción y la democratización de la Justicia

Jorge Lanata tiene razón. Dice la verdad, pero en la Argentina no va a pasar nada. Esa es la percepción del argentino frente al horror de lo que estamos viendo. Pero no nos desesperemos. Aquí van algunas reflexiones, sobre todo para jueces, fiscales y diputados.

1) Lo denunciado por Lanata en su programa televisivo Periodismo para todos es la punta del iceberg. Una Zona Económica de Corrupción es un circuito de blanqueo de dinero proveniente de delitos transnacionales; a saber: soborno transnacional, evasión fiscal, narcotráfico, terrorismo y lavado de activos (Convención de Palermo).

En países de alta corrupción, como por desgracia es mi patria, esa zona económica alcanza hasta el 25 por ciento del producto interno bruto.

Esta es la dimensión que tiene la caja de Pandora que abre Lanata. Lo demás es farandulismo o ritualismo legal. Nuestros pequeños empresarios deben saber de esta realidad y que la corrupción no es sólo un problema de moralina sino de estricta economía.

2) El artículo 36 de la Constitución Nacional, quinto párrafo, criminaliza a los actos de corrupción al mismo nivel que los golpes de Estado contra la democracia. Esta norma, que identifica corrupción con golpes de Estado, es muy poco apreciada por el Gobierno y los jueces K, que justifican la corrupción con el argumento de supuesto progresismo histórico del Gobierno y su lucha contra los monopolios. Debe saberse que esa norma existe y es regla constitucional y regla interpretativa obligatoria para juzgar casos como el que abre Lanata.

3) En la Argentina, un proceso judicial por corrupción dura 14 años y tiene sólo un índice de condena del cuatro por ciento. Y está claro que los delitos de corrupción son siempre, pero siempre, delitos del poder. Y jamás, pero jamás, benefician al pobre. Estos son hechos que dicen con claridad que en la Argentina los delitos del poder gozan de impunidad legal, judicial y hasta social. Se me dirá que la corrupción está en todos lados. Pero la particularidad es que en la Argentina no tiene castigo.

Señora Presidenta: si usted quiere relegitimar socialmente a la Justicia argentina y devolverle al ciudadano confianza en la ley, comience por reconocer estos tres hechos y no nos mienta más.

Ni las cámaras de Casación, ni la modificación del Consejo de la Magistratura, ni la restricción de medidas cautelares le sirven de nada al argentino.

El divorcio que hoy existe entre Justicia y sociedad y entre ley y realidad con estas medidas se va a profundizar.

Una democratización de la Justicia en serio pasa por modificar el eje de una política judicial y una política criminal y desplazar el peso de la ley de los delitos de la pobreza hacia los delitos del poder.

Se trata de comenzar a castigar los delitos de los poderes político y económico, que hasta hoy son impunes. Solo así el ciudadano podrá volver a creer en la Justicia.

Que alguien me explique. Tomo la bella frase de Ricardo Darín y le digo a la señora Presidenta que si su intención es honesta y quiere democratizar en serio la Justicia, que primero alguien nos explique a los argentinos el origen ético y legal de su fabuloso incremento patrimonial, que la convierte en la presidenta más rica de América.

Que alguien nos explique por qué Norberto Oyarbide sigue siendo juez de los argentinos. Por qué Amado Boudou sigue presidiendo el Senado de la Nación; por mucho menos, presidentes de Israel y de Alemania como Kastsav y Wulf perdieron sus puestos y fueron a prisión.

Que alguien nos explique por qué firmas con probados actos de soborno transnacional siguen siendo contratistas del Gobierno K.

Que alguien nos explique el origen del fabuloso patrimonio de estos golden boy K, como Leonardo Fariña y la familia de Lázaro Báez.

Que alguien nos explique las razones por las cuales un juicio de corrupción dura 14 años y por qué razón el Código Penal argentino castiga con seis años de prisión el robo de una moneda de un peso y con tres meses de prisión el soborno por millones de dólares.

Confusiones. Señora Presidenta: esos son los debates de verdad que se deben plantear cuando se habla de democratizar la Justicia. Lo demás es comida chatarra.

Este es el huevo de la serpiente. Con la Ley de Medios, ya se nos confundió a los argentinos. Se nos convocaba a “democratizar el mensaje comunicacional” y era bueno.

Hoy, tres años después, nos encontramos con un resultado escandaloso, que es la existencia de un monopolio estatal de medios cuyo abanderado es el ridículo 6, 7, 8.

Que no nos pase lo mismo con esta nueva convocatoria a democratizar la Justicia. En el hábil discurso oficial, coexisten bellas consignas progresistas con mezquinas intenciones de perpetuación en el poder.

Que queden claro dos cosas: a) que la finalidad de la propuesta presidencial de democratizar la Justicia pasa por sus objetivos ocultos y no por los declarados y manifiestos y que todos los conocemos; b) que existen normas constitucionales y convencionales (convenciones de Caracas y de Palermo), y sólidos argumentos racionales para que los argentinos honestos que queremos una Justicia diferente de la de hoy le digamos No a este nuevo engaño del falso progresismo.

* Expresidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación