Impericia judicial

¿Homicidio o suicidio? Todavía no se sabe y tal vez nunca se sepa cómo ni por qué murió el fiscal federal Alberto Nisman. Por lo trascendido, hay tan buenas como malas razones para aseverar y descartar ambas cosas a la vez. Es un dilema que la Justicia no parece estar en condiciones de desentrañar. La investigación no abandona las tinieblas y hace rato pasó el umbral de incertidumbre del cual es muy difícil regresar.Los precedentes abundan. Allí están María Marta García Belsunce, Natalia Fraticelli, Nora Dalmasso y Candela Rodríguez –sólo para mencionar algunos conocidos– para señalar el destino que le aguarda a un caso maltratado desde su origen.

Como en esos precedentes, hubo también aquí un manejo descuidado del lugar del hecho, invadido, removido y pisoteado por extraños, incluso por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien, por razón de su cargo, debería haberse abstenido de estar allí.

La fiscal actuante, Viviana Fein, reconoció que llegó tarde a la escena del suceso y que no puede garantizar su inmutabilidad ni –va de suyo– asegurar que las pruebas no hayan sido contaminadas al momento de su recolección.

Mientras se daban a conocer aspectos privados de la vida de Nisman que son una delicia para la farándula, Fein admitía no haber escarbado en ellos para no dañar su imagen.

Así se habría omitido indagar a fondo la existencia de una cuenta en el extranjero a nombre de testaferros; uno de ellos es la persona imputada por haberle proporcionado el arma con la cual se mató o lo mataron.

Tampoco ha llamado mucho la atención de la pesquisa las condiciones de vida de Nisman. Salvo que haya tenido ahorros considerables o ingresos independientes, no se entiende cómo con su sueldo pudo haber vivido en uno de los edificios más caros de Buenos Aires y conducirse en un auto importado que, para mayor misterio, tampoco estaba a nombre suyo.

Se sabe que viajaba al extranjero en primera clase, administraba fondos públicos de manera discrecional sin rendir cuentas y que frecuentaba la noche porteña acompañado por mujeres a las que doblaba en edad.

Hay quienes, de manera equivocada, ponen el grito en el cielo cuando se pretende hablar de estas acciones, porque sostienen que Nisman no puede defenderse de ellas. Esto es cierto si con semejante proceder se pretende denostar al muerto para, entre otras cosas, descalificar su trabajo o inmiscuirse con morbo en su vida privada.

Pero producida la muerte violenta, todo el universo de esa persona deja de pertenecerle y el Estado se lo apropia para la averiguación de la verdad.

Los detalles en apariencia más insignificantes cobran relevancia. Su verificación no es una facultad discrecional de la fiscalía; al contrario, es un deber del cual no cabe sustraerse por conveniencia, pudor o puro capricho.

El conocimiento de la personalidad de la víctima, sus costumbres, secretos, relaciones y demás circunstancias vitales es pertinente –cuando no decisivo– para establecer las posibles causas de su muerte.

El investigador debe agotar su indagación al respecto porque muchas veces, en esos intersticios de la realidad cotidiana, anida la clave para develar la incógnita y resolver el caso.

Mientras la fiscalía parece estar jugando al gallo ciego yendo al tanteo sin ninguna estrategia, otra variable se suma para contribuir aún más a la confusión.

Sandra Arroyo Salgado –exesposa del muerto, jueza federal y querellante en la causa– encarga sus propios peritajes porque no confía en la investigación de la Justicia a la que pertenece.

Afirma de modo asertivo, rodeada de sus consejeros privados, que se trata de un homicidio y le reprocha a la fiscalía haberse enfrascado tercamente en la hipótesis del suicidio.

El dictamen de parte está refrendado por los más prestigiosos representantes de la medicina legal del país, por lo que, en principio, no puede dudarse de su seriedad.

Sin embargo, resulta objetable el carácter apodíctico de sus conclusiones, en las que se descarta la modalidad suicida frente a la autopsia –realizada también por excelentes profesionales– que no determinó la intervención de terceros. Ahora, cada uno tratará de defender su posición en la guerra de peritos en ciernes, pero la duda quedará instalada.

El profesor Daniel Pablo Carrera escribió hace 20 años sobre un conmovedor proceso por homicidio ventilado en Córdoba que finalizó con la absolución del imputado al no haber podido los jueces determinar, entre dos peritajes enfrentados, cuál tenía la razón. Tituló su nota con lo que podría ser el epígrafe del futuro de este caso: “Ley de Seagal: un hombre con un reloj sabe qué hora es. Uno con dos relojes nunca está seguro”.

Arroyo Salgado, además, acusa a la fiscalía de mentir, de estar promoviendo un circo y pone en tela de juicio todo lo actuado. La fiscal, por su parte, le contesta que esas cosas se las debe decir en la cara.

La polémica es grotesca. La exhibición de dos magistradas en una rencilla de conventillo afecta, en cierto modo, el decoro de la función judicial e invita a pensar que si una jueza federal se rebela de este modo es porque conoce el paño y no está dispuesta a sufrir en carne propia o en la de sus hijas los padecimientos que por impericia, negligencia o dolo, el servicio de Justicia les propina a los ciudadanos obligados a rendirse ante él.

¿Cómo, después de este ejemplo, podría la sociedad depositar su confianza en los jueces, si ellos mismos recelan de los procedimientos que, de forma habitual, aplican para otros y no creen en la capacidad y honestidad de sus colegas?

A confesión de parte, ¿relevo de prueba?

*Abogado