Ideando el futuro

No cabe ninguna duda acerca de lo que implica la problemática del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) para los cordobeses, problema que a lo largo de los años no ha encontrado una vía de solución que resulte sustentable.

En el entendimiento de que este es uno de los grandes temas en que hay que terminar con soluciones temporales o parches transitorios, el intendente Ramón Mestre ya sostenía en su campaña la necesidad de involucrar a todos los actores del área metropolitana de Córdoba y al propio Gobierno provincial en el compromiso de trabajar a fondo sobre las posibles soluciones a largo plazo.

Estas deben determinar de una vez por todas el destino final de los residuos y un tratamiento que permita reducir al máximo lo que se disponga enterrar, y utilizar en igual medida la posibilidad de generar energías alternativas para aprovechar el total de los residuos producidos.

Una solución común. Bajo este marco, y enfrentando el sinnúmero de problemas que se encontraron en la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, Mestre promovió y motorizó el primer convenio con el Gobierno provincial y los 16 municipios y comunas que integran el área metropolitana.

En él se proponía el estudio conjunto de las soluciones posibles a estos problemas y se acordó la creación de un ente interjurisdiccional que se encargara de la investigación, estudio, abordaje, desarrollo del tratamiento y aprovechamiento de los residuos que generamos en toda el área.

Este ente se integra con todos los interesados, y corresponde a la Provincia la responsabilidad de aportar los recursos para la adquisición del predio que, luego de un estudio y recomendación de la Universidad Nacional de Córdoba, resulte más apto para comenzar un nuevo tiempo en la disposición final de los RSU.

Como todo convenio suscripto por el intendente requiere la aprobación del Concejo Deliberante, en agosto fue aprobado y en el articulado de esa misma ordenanza (número 12.060), que aprueba y ratifica lo actuado por el intendente, se lo faculta a que avance en el cumplimiento del compromiso asumido, o sea, en la creación del ente interjurisdiccional.

Ahora bien, los actores del convenio han acordado, por razones de dinámica y, fundamentalmente, de control, que ese ente tenga la forma de sociedad anónima, regida y regulada por la ley nacional 19.550. Y lo han denominado Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor).

Reacción insólita. Con estos antecedentes, llegan al Concejo los estatutos de esta sociedad a los fines de que el cuerpo tome conocimiento de lo realizado con las facultades ya otorgadas por la ordenanza 12.060 e, insólitamente, los bloques de la oposición reclaman una doble lectura y mayoría agravada para la votación de aquello sobre lo cual sólo debían acordar o no.

Lo hacen pretendiendo aplicar el artículo 78 inciso siete de la Carta Orgánica Municipal, el cual habla de la “creación de empresas municipales o de economía mixta”.

La empresa municipal o estatal es aquella que se rige por la norma que la crea (por ejemplo, Crese); la empresa de economía mixta es aquella conformada por el Estado y capitales privados para la explotación de servicios públicos o fines colectivos con fuertes privilegios del Estado, tanto en su actuación exterior como en su actuación interna.

Es decir, permite el monopolio, privilegios impositivos, subsidios y aportes públicos permanentes, y obliga a colocar directores públicos que disponen de poder de veto a las resoluciones de la asamblea de accionistas y sobre las cuales siempre tiene la resolución final la administración publica (de allí que requieran doble lectura y mayorías agravadas); este tipo de empresas son reguladas por la ley nacional 15.374.

Eso significa que la oposición de la ciudad de Córdoba, en un desconocimiento increíble del derecho y de lo ya votado en la ordenanza 12.060, confunde o pretende confundir una sociedad anónima con una empresa de economía mixta.

Reglas de la democracia. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, y en un estricto cumplimiento del derecho, se decidió avanzar con el proyecto.

Ante una derrota, fruto de las reglas de la democracia, la oposición, insólitamente, arma una puesta en escena que no tiene otro sentido que obtener figuración mediática y confundir a los cordobeses.

Tan costoso les ha resultado no formar parte de las ideas centrales sobre las herramientas que necesitamos para progresar, que su estrategia de obstaculizar y hacer oposición sistemática sólo para no perder espacio en los medios los ha llevado esta vez al borde del ridículo.

Pueden y tienen todo el derecho de no compartir un proyecto, aunque sus fundamentos, en este caso, resultan una absoluta insolencia ante la sensatez.

El resto de lo actuado y el berrinche mediático no demuestran otra cosa que la decadencia en cuanto a propuestas y el claro desconcierto ante un plan de gobierno que, a la par de resolver los desastres administrativos heredados, y en los cuales ellos han tenido mucho que ver, también va generando consensos en política a largo plazo para resolver los problemas más serios de las generaciones futuras. Eso es política de Estado, eso es Cormecor.