Hieren a la Justicia, llora la democracia

Ante la expectativa generada, los medios difundieron la resolución del máximo Tribunal de la Nación: fue declarada inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura –órgano encargado de promover y remover a los jueces– impulsada por el Gobierno nacional. Conocida la noticia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, dijo: "El Gobierno respetará el fallo de la Corte". ¿Acaso podría desconocerlo? Y aclaró que "la decisión de los magistrados no es una derrota". ¿Quiénes serían los vencedores y quiénes los vencidos?Las palabras pronunciadas luego por la presidenta Cristina Fernández lejos de aportar claridad sobre estos interrogantes, profundizaron aun más la deslegitimación del Poder Judicial. Función cardinal. La crisis en las instituciones democráticas está embebida de una generalizada falta de confianza en sus operadores transitorios; y cierto es que esta cuestión no escapa al Poder Judicial, que, sito en un mundo complejo y cambiante –con normas que parecen correr detrás de la realidad como herramientas de labor– en ciertos casos se ve imposibilitado de dar respuestas oportunas y satisfacer de manera abarcativa las necesidades sociales por medio de la prestación de su servicio público esencial. Ahora bien, ello no implica desconocer su función democrática cardinal. Desconfiar de la Justicia genera en el ciudadano la percepción de impunidad y escepticismo acerca del funcionamiento de las instituciones y las conductas de sus representantes.En democracia, el orden de prioridades pasa por reconocer que la soberanía pertenece al pueblo, conformado por individuos cuyos derechos e intereses están por sobre los del Estado, constituido precisamente para satisfacerlos. Parafraseando a Hermann Heller en su Teoría del Estado , "la sociedad civil reclama una legitimación racional de su obediencia, con lo cual sobra su opinión, públicamente exteriorizada, importancia suma para la permanencia de la unidad estatal".El clamor por justicia puede encontrarse en la puerta principal de cada palacio judicial del país y constituye una de las prioridades de la opinión pública.En este contexto es donde resulta pertinente cuestionarse sobre el verdadero significado de la justicia, de su enaltecimiento como valor y como condición basamental para la existencia de la democracia, donde prime un diálogo amplio, horizontal y consensual.Podría preguntarse qué significa la justicia para la población en general; precisarse cuáles son los derechos y garantías esenciales, indispensables e irrenunciables a respetar y exigir para hacer efectiva la dignidad de los seres humanos en cualquier país, así como establecer cuáles son los contenidos que se deben preservar desde una perspectiva de soberanía y autodeterminación de los pueblos... Respuestas todas que se hallan en el corazón de cada Constitución. Un valor por conquistar. Los ministros de la Corte señalaron en el fallo: "No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional". Nunca será redundante señalar que la Justicia, como servicio, se vincula con aspectos que constituyen cimientos básicos del régimen democrático, procedimientos del derecho que garantizan el orden constitucional de un país en un momento dado; circunstancias estas que no deben ser soslayadas ante el emprendimiento de cualquier reforma en el área, con la finalidad de adecuar esta magna función a las variaciones acaecidas en cada contexto."La Justicia es un poder del Estado, no un grupo abroquelado", enfatizó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante los requerimientos periodísticos. Enaltecida y resguardada por los poderes judiciales y demás artífices del complejo sistema legal, la Justicia –así como la confianza pública depositada en ella– es esencial para construir y tallar una sociedad verdaderamente democrática, más solidaria, equitativa y respetuosa de su Constitución como ley suprema.Y dicha confianza ciudadana al sistema de justicia, su legitimidad social, será siempre un valor a conquistar y podrá tenderse a él informando y educando al ciudadano, permitiéndole apropiarse de las cuestiones que le afectan o pueden eventualmente hacerlo, abriendo de par en par sus pesadas puertas a la sociedad. Pues claro está que la legitimidad de la Justicia no sólo proviene del acto formal de nombramiento de sus artífices, por el cual se les otorga el imperium necesario para el cumplimiento funcional; tampoco sólo de su idoneidad técnica para comprender el ordenamiento jurídico que han de interpretar y aplicar.Sin lugar a dudas, en nuestra alicaída democracia quedan numerosos retos por afrontar y ciertas reformas que encarar, pero en ese camino nunca deberá soslayarse el hecho de empezar por un correcto cumplimiento de la máxima preambular de "afianzar la justicia". Caminemos con prudencia: bien es sabido que el horizonte cambia con cada paso que damos.

*Especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura, magíster en Comunicación Política, abogada, licenciada en Comunicación Social.