Hacia una ciudad segura

Cada vez que se aproximan las fiestas de fin de año, suele reavivarse la discusión sobre el uso de pirotecnia en los festejos. Los cordobeses hemos visto cómo y de qué manera para estas festividades se suceden accidentes por el uso de material de esta naturaleza, cuando no incendios o explosiones de depósitos de las empresas que lo comercializan y en casas de familia.

Hay dos actores que regulan la habilitación de estos comercios: Bomberos de la Provincia y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. En el caso del Palacio 6 de Julio, la reglamentación estipula los requisitos que se deben cumplir para la venta de pirotecnia.

Como suele suceder, los requerimientos son tantos que es muy difícil su cumplimiento, además de ciertas incongruencias que nadie sabe explicar.

Por caso, se establecen las cantidades que pueden vender quioscos y negocios mayoristas: cajas de 15 kilogramos o cajones de 25 ki­logramos. Pero no se especifica qué cantidad de pólvora implican. Además de la enorme cantidad de requisitos que se solicitan en materia edilicia (que no siempre se cumplen o se “dibujan”), existe por parte de muchos comerciantes actividades que rayan en lo delictivo.

Como de acuerdo con el tipo de establecimiento existe un límite de capacidad de carga de stock, es común que los comercios tengan mayores cantidades que las permitidas. Cuando se realizan inspecciones municipales, la mercadería “sobrante” se esconde en casas de familia, en los techos o bien en los baúles de los mismos automóviles, expuestos al sol y con altas temperaturas.

Lo peor de la situación es que los agentes municipales no pueden inspeccionar más allá de los límites del negocio habilitado, por lo que no pueden invadir espacios privados, salvo orden de un juez. Y cuando ya todo está casi perdido, se establecen las “mesas de saldos” en plena vía pública, lo cual está ­prohibido.

Lo relatado obedece a estilos de gestión que están perimidos, porque los concejales aprueban ordenanzas incumplibles; los comerciantes buscan todo resquicio para evadir las ordenanzas; los agentes de inspección de negocios son insuficientes y además se encuentran en muchas ocasiones impedidos de hacer su tarea por trabas burocráticas (cuando no son amenazados) o por la “viveza criolla” de algunos oportunistas.

Lo que no se dice es que estamos jugando con vidas humanas, con la propiedad privada de los vecinos y con la tranquilidad de la población, además de los animales domésticos que sufren los estallidos.

La explosión de la planta química de barrio Alta Córdoba debe alertarnos sobre la instalación de este tipo de industrias en la ciudad. Es primordial prohibir la venta al público de pirotecnia, más aún si se considera la imposibilidad del Estado de generar condiciones reglamentarias y de controlar.

En la provincia de Córdoba, está prohibida la venta de los conocidos “globos luminosos” y el uso de pirotecnia en espectáculos públicos. Muchas ciudades argentinas tienen prohibida totalmente la venta de pirotecnia; también, en grandes urbes del mundo el uso para festejos está a cargo exclusivo del Estado.

Lo dicho puede parecer una discusión poco profunda, pero pensemos más allá: ¿no es posible por parte del Estado municipal garantizar seguridad y una legislación sensata en la comercialización de estos materiales?

Hagamos las cosas bien. Solicitemos con firmeza a nuestros representantes la prohi­bición total de venta y distribución al público de pirotecnia. Así contribuiremos a que no haya que lamentar más siniestros y pasemos las fiestas de fin de año en paz.

*Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, precandidato a intendente de la ciudad de Córdoba.