Garantizar los derechos

Un proyecto de ley del Gobierno nacional, que tiene ya tratamiento en el Congreso, pretende incorporar en el padrón electoral para las elecciones legislativas de octubre de 2013 a adolescentes a partir de los 16 años. Los fundamentos se sustentan en el concepto de "ampliación de derechos". La coincidencia temporal con un planteo paralelo de necesidad de reforma de la Constitución genera suspicacias sobre las motivaciones del proyecto. Empezó, así, un debate donde se entremezclan ambas iniciativas.Para enfocarnos en la propuesta de ampliación de derechos de los adolescentes, son necesarias algunas consideraciones: no existen antecedentes de un reclamo concreto, evidente y sentido por los adolescentes. No parece corresponder a una necesidad básica, prioritaria, de ese grupo etario. Es probable que responda a intereses de otros grupos. La incorporación de este nuevo derecho/obligación no parece formar parte de ningún proceso de revalorización de políticas públicas, dirigidas a proteger de forma más eficaz a los adolescentes. Son dudosas la vigencia y las garantías del ejercicio de derechos básicos ya reconocidos, algunos de rango constitucional.Los ejemplos a considerar en este aspecto pueden dividirse en tres grandes ejes:1) Derecho a la educación pública gratuita. ¿Cuál es el estado actual del sistema educativo? ¿Qué demuestran los resultados de la evaluación de calidad educativa? ¿Qué sucede con el producto final del proceso educativo de los adolescentes?Con precisión, se puede diagnosticar la insuficiencia de aptitudes relacionadas con la comprensión de textos, lectura crítica, identificación de conceptos de lo central y accesorio en los alumnos que cursan los años finales del nivel medio. Sin temor a equivocación, se está privando a los adolescentes de la herramienta más universal y equitativa capaz de garantizar igualdad de oportunidades y libertad, como es la educación. Es una cuestión estratégica para la construcción de una nación más justa, equitativa y sustentable monitorear más los niveles de calidad educativa que los niveles de consumo. Estas prioridades no las ordena el mercado, sino el Estado nacional.2) Derecho a la salud pública. ¿Qué sucede con la atención de la salud en el territorio nacional? ¿Qué sucede con los criterios de excelencia, universalidad y accesibilidad? ¿Cuántas categorías de complejidad coexisten?La simple constatación de la realidad de los hospitales públicos y su abismal distancia respecto del sector privado, y las distancias aun dentro del sector privado, marcan a las claras el manifiesto abandono de las responsabilidades del Gobierno nacional. 3) Derecho a la seguridad. ¿Existen políticas de prevención que traten de evitar la escalada de inseguridad que afecta a los adolescentes como víctimas o victimarios? ¿Qué resultados se obtienen de las políticas de prevención y atención de las adicciones en adolescentes? ¿Qué políticas protegen a los adolescentes de la ilegal explotación laboral? ¿Qué políticas los protegen de los abusos y la violencia? ¿Qué sucede con la ausencia de un proyecto de vida que posibilite el ascenso social de los adolescentes? Quizá sin proponérselo, el Gobierno nacional ha puesto en agenda un tema postergado: la efectiva garantía del cumplimiento de los derechos básicos de los adolescentes. No pensar este aspecto y proponer una ampliación de sus derechos resulta una hipocresía.Es muy bueno que aparezca el debate, se amplíe, que intervengan los responsables y, fundamentalmente, que se hagan cargo y que se generen los consensos intersectoriales que corrijan estos déficits.Si sólo se reduce la argumentación para cumplir con objetivos ajenos a las necesidades básicas de los destinatarios, todo se torna vacío de principios y de valores.Como de costumbre, habremos perdido la oportunidad y vuelto a manipular de forma maniquea a quienes supuestamente se quiere beneficiar.