El falso dilema de inflación o desempleo

Cuando se piensa en el modo más sano que tiene un gobierno para resolver sus erogaciones financieras, los diferentes análisis llevados a cabo por la teoría económica en general concluyen en que no hay otra manera de hacerlo que a través de cobrar impuestos a sus ciudadanos. También podría ser aumentando la alícuota de estos o mejorar la recaudación combatiendo a quienes evaden.

Pero se debe reconocer que muchos gobiernos, a lo largo de la historia, han creído que hay otro método más simple y con menor costo político: emitir dinero. Dentro de esta lógica, imprimir un billete de 2, 50 o 100 pesos tiene un costo similar en tinta y papel.

La rueda. Cuando un gobierno decide gastar bien –por ejemplo, en la construcción de una escuela, un hospital u otorgando subsidios hacia sectores postergados–, lo hace con parte de la recaudación impositiva.

Los particulares que han sido alcanzados por los impuestos, al reducirse su ingreso disponible, se ven obligados a disminuir forzosamente su consumo; por contrapartida, el Estado es quien gasta más.

Claro que el gasto llevado a cabo por el Gobierno no es el mismo que el que hubiera realizado el sector privado, pero el gasto total, público y privado, sigue siendo el mismo, por lo cual no habría razones para que los precios se incrementen.

Como partimos del supuesto de que los gobiernos tienen buenas intenciones al decidir en qué se utilizan los recursos públicos, el problema radica no en “qué” gasta el Estado el dinero, sino en la forma en que lo obtiene.

Si para enfrentar esos gastos utiliza una cantidad de dinero impreso por orden del Banco Central que provoca una oferta monetaria mucho más que proporcional al crecimiento de la oferta de bienes y servicios de que dispone el mercado, la presión de la demanda agregada adicional genera un incremento en la media del nivel general de precios.

Pero este hecho no es inmediato ni neutral, ya que quienes recibieron inicialmente ese dinero incorporado a la economía son los privilegiados, porque pueden comprar más bienes a un precio que refleja el anterior equilibrio del mercado.

Aquellos a los cuales el dinero adicional les llega tarde en la rueda, se encuentran en una posición desfavorable, ya que al encontrar más reducida la oferta de bienes disponibles en plaza, se ven obligados a pagar un precio más elevado y a comprar productos de menor calidad.

Es decir que para una parte reducida de la población es un gran negocio la inflación, pero no lo es para la mayoría de los sectores, en particular para quienes tienen ingresos fijos, como es el caso de los jubilados y los empleados.

La emisión. Una política de emisión espuria de dinero tiene en un comienzo efectos positivos en la población, y más aun en momentos de recesión. La ilusión monetaria nos hace pensar que al tener más billetes podemos mejorar nuestro nivel de vida comprando más unidades, pero esto dura hasta que tomamos conciencia de que lo importante no es cuántos billetes tenemos en la mano, sino lo que podemos hacer con ellos.

Ya que en Argentina estamos acostumbrados a las políticas keynesianas, hay que decir que efectivamente John Maynard Keynes justificaba la inflación con el argumento de que había que “inflar” la moneda para reducir el desempleo y mejorar el nivel de actividad, pero él tenía conciencia –y, de hecho, lo expresa en su tratado Teoría general– de que una política de estas características que se prolongue en el tiempo provocaría una devaluación de la moneda y que si los salarios iban aumentando por la presión sindical para adecuarlos a la nueva realidad del mercado, una parte de los trabajadores quedaría sin empleo debido al elevado costo laboral. Más aún si se quiere tapar los aumentos con controles de precio.

Algunos podrían argumentar que, al haber más ventas, se podrían pagar mejores salarios sin alterar los precios. Pero para que ello ocurra, también debería aumentar la oferta de bienes, con lo cual el razonamiento sería lógico.

Necesidad de inversiones. Entonces, la clave es la inversión, y para que esta sea fluida, deben darse una serie de condiciones que hoy no tiene el mercado argentino: seguridad jurídica, políticas de largo plazo, racionalidad en las políticas y en los modos y, en particular, una conducción económica unificada que marque el camino. Es la única manera de terminar con el tramposo dilema "inflación versus desempleo".

La inflación no es una confabulación contra un gobierno: es sólo una política deliberada del propio gobierno; no nos podemos rendir ante ella.

Para que la población comprenda esto, los dirigentes en general –por la responsabilidad social que les cabe– deben hacer docencia en este sentido. Si se logra, de allí en más será la propia opinión pública la que exija dejar de “inflar”.

En definitiva, los gobiernos –el actual y los venideros– se verán obligados a abandonar esta práctica tan injusta y que tanto daño nos ha hecho a lo largo de nuestra historia.

* Docente de las universidades Nacional y Católica de Córdoba