La escoba oficial, militante histórica

"Por desgracia, existen en todas partes hombres venales que, no teniendo otro recurso para hacer fortuna que los del parentesco o de la vil adulación, tientan de mil modos a los que mandan, lisonjean todas sus pasiones y compran su favor a... costa de los derechos y prerrogativas de los demás...”. Mariano Moreno, encendido de insurrección y con un proyecto monumental por delante, ponía el ojo en los oportunistas y obsecuentes. Los de ayer, los de hoy, ¿los de siempre?

Es una lógica de construcción sectorial que en los medios de comunicación estatales nunca se vio clausurada. El Gobierno nacional –el oficialismo, digo– desborda los contornos y subsume lo público en beneficio de sus pretensiones políticas.

Asumiendo que nada de lo aquí expresado inaugura caminos inexplorados, me propongo dejar las cosas en claro; la turbación de tantas experiencias acumuladas me impiden detenerme en originalidades.

Entre las instituciones efectivas que determinan una democracia de alta intensidad, Robert Dahl postula la libertad de expresión; las fuentes alternativas de información y el control del gobierno. Estas tres resumen buena parte de nuestras desventuras como sociedad.

Al grito de somos la quintaesencia del periodismo emancipador, quienes en estos años de kirchnerismo administran los medios públicos pasan a degüello a todo a aquel que se atreva por los caminos de la observación crítica o el escrutinio de sus decisiones, ignorando a sabiendas que es un derecho –más aun, un deber– del hombre de prensa levantar la voz por aquellos que no tienen tutela, cobertura ni patronazgos, decir lo que aquellos que sufren las decisiones del poder no pueden porque su voz se ahoga en el anonimato.

Quien adhiera al modelo y haya llegado hasta aquí en la lectura experimentará el deseo irrefrenable de levantar las banderas de la legitimidad política, arrebatadas a la corporación mediática que socava los intereses populares, para acabar con la disidencia o la oposición.

Aceptada esta idea, no sólo para continuar desplegando mi alegato sino porque la considero en gran medida plausible, señalo que los embates contra los periodistas sitiados por la obsecuencia en los medios públicos no hace otra cosa que replicar la represión del pensamiento que se verifica en las corporaciones del sector privado.

Pero, además, evoca las prácticas del primer peronismo, que en su paso, indudable y auténticamente revolucionario, aplastó la disidencia periodística con modelos de comunicación serviles, indignos y lisonjeros, como nos recuerda aquel “Pienso y digo lo que pienso” que la Red Argentina de Radiodifusión comenzó a transmitir a diario, de lunes a viernes, desde octubre de 1951: alegatos políticos en defensa del gobierno.

Al decir de no pocos historiadores, aquello fue parte de la campaña electoral que iba a consagrar nuevamente a Juan Domingo Perón como presidente de los argentinos.

Cualquier semejanza con el eslogan “Pensamos todo lo que decimos y decimos todo lo que pensamos” y el compromiso electoral de octubre donde Cristina Fernández se juega la re-reelección no es mera coincidencia, salvo que se apele a la desmemoria colectiva o a alguna clase de estulticia insospechada.

El monopolio gubernamental. Arturo Jauretche, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los años del poder monolítico del justicialismo y uno de los hombres clave en la construcción intelectual de cualquier periodista, planteaba así el presunto virtuosismo de la libertad de expresión y el modelo antagónico privado-estatal: "El libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes...".

Con tamaña demostración de lucidez, no quedaría mucho por decir, salvo que en los medios públicos y los privados que domina el Gobierno tampoco reconocen la libre discusión ni la honesta difusión.

El crecimiento del monopolio gubernamental en materia de medios de información ya hace temer, inclusive, a todo aquel militante oficialista que perfora la complacencia y reflexiona sobre los alcances funestos de esta concentración.

Al amparo del apartado constitucional –Sección Cuarta, Garantías, artículo 51: Derecho a la Información, Libertad de Expresión, Pluralidad– y del espíritu de la ley de medios, consagrada con el concurso de todos los actores de la sociedad de la información, en mi carácter de trabajador de prensa impugno el curso que le han impreso a los contenidos de los medios públicos, toda vez que sólo convalidan una mirada apologética del Gobierno, privando a los oyentes y/o televidentes de la necesaria controversia, tanto informativa como a opinión libre se refiere, que pudiera dar lugar a una interpretación autónoma de las cosas y los hechos.

Supo decir el politólogo Guillermo O’Donnell que la democracia tiene, por un lado, un régimen político. Cuando votamos, somos ciudadanos políticos. Pero, además, tiene el imperativo de extenderse hacia otras dimensiones: la social, la cultural y la civil. La ciudadanía cultural, sigue diciendo, implica el respeto a la diversidad.

Esta administración, que convalidó principios de inclusión en no pocos capítulos de la vida cívica, persiste en excluir de los medios sostenidos con dineros públicos a quienes no somos –ni fuimos jamás– tributarios de sus presupuestos ideológicos ni de sus propuestas de gestión.

En el epílogo de este pronunciamiento que divulgo parado en el territorio que habitan los sectores populares, acreditando mi pertenencia con cada palabra dicha y escrita en procura de su visibilidad, cito a un hombre cuya calidad intelectual, entiendo, esteriliza todo esfuerzo valorativo: “No hay nada más peligroso que un gobernante iluminista, pues no sólo está fanáticamente convencido de tener razón, sino de ser la razón misma” (José Pablo Feinmann).

*Periodista.