El Ersep, ¿otra vez contra los usuarios?

La crisis hídrica perjudica a Córdoba, ya que espanta el turismo, priva de riego a los sectores productivos que lo necesitan, afecta la industria y obliga a los usuarios a subsistir con poca agua y de mala calidad. Todos la sufrimos esperando que con el verano lleguen las lluvias que llenarán los diques.Pero, en medio de tanta adversidad colectiva, preocupa advertir que "alguien" pretende obtener para sí ventajas económicas y financieras. En 1997, el gobernador Ramón Mestre (UCR) privatizó el suministro de agua potable a la ciudad de Córdoba. En la licitación, estableció que el concesionario debía invertir en plantas potabilizadoras, mejorar la red de distribución, pagar un canon a la Provincia por el uso de las fuentes de agua y colocar medidores para cobrar según el "consumo real" de cada usuario y abandonar el cobro catastral. La adjudicataria fue Aguas Cordobesas. Durante el mandato de José Manuel de la Sota, en 2006, se renegoció el contrato suscripto por Mestre. En ese acuerdo, se le condonó a la concesionaria la obligación de pagar el canon hasta 2013 y le otorgó así un beneficio extraordinario de 150 millones de pesos.En forma correcta, se dispuso colocar medidores en los barrios cerrados que antes no existían, aunque las cláusulas que obligaban a la concesionaria a realizar inversiones en micromedición y colocar los medidores de agua no se modificaron. No obstante, durante los últimos años, el Gobierno nunca exigió a Aguas Cordobesas que cumpliera con esa obligación.El cargo tarifario. En marzo de 2009, el ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, devolvió sin aprobar el Plan de Inversiones 2008/2010, al manifestar que "la situación financiera de la Provincia le impedía afrontar las inversiones a realizar". Sugirió que el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) negociara con la concesionaria la creación de un cargo tarifario para financiar la colocación de medidores, argumentando que la "crisis hídrica" del verano 2009/2010 justificaba pasar rápidamente al sistema de "cobro por consumo".En agosto de 2010, fue sancionado el decreto 1.284, que creó un cargo tarifario para financiar la colocación de los medidores que debía haber pagado Aguas Cordobesas. Ese cargo tarifario era de 16,5 por ciento para ciertos usuarios, del 18 por ciento para otros y no se aplicaba para los vecinos del Zonal 1. Su aplicación sería creciente y progresiva, hasta alcanzar los porcentajes señalados. La concesionaria lo percibiría durante 36 meses, desde septiembre de 2010. En tanto, debía elaborar los pliegos para convocar a licitación pública para instalar 70 mil medidores. Pero a pocos meses de percibir el cargo tarifario, sin haber colocado aún ningún medidor, la concesionaria solicitó al Ersep autorización para implementar en forma inmediata, por la "crisis hídrica" del verano 2010/2011, un programa parcial de instalación selectiva de seis mil unidades. Señaló que era imprescindible avanzar en la colocación de los medidores, mientras se elaboraban los pliegos para instalar los 64 mil restantes. Con el voto del oficialismo y la oposición de la minoría, el Ersep dictó una resolución el 29 de diciembre de 2010, que aprobaba lo solicitado.Oportunidad de negocios. En junio último, nuevamente se presentó Aguas Cordobesas, para exponer que resultaba conveniente instalar 100 mil medidores y adaptar 150 mil conexiones domiciliarias, como lo establecía el contrato firmado originalmente por Mestre. Solicitó que el cargo tarifario creado por decreto 1.284/10, que debe aplicarse hasta agosto de 2013, se extendiera por otro período de tres años, para llamar a licitación por una mayor cantidad de medidores (el doble de los 70 mil que justificaron el decreto mencionado). Pretendía así obtener "ventajas económicas y financieras", como argumenta en su propia solicitud.En la misma presentación, expresó que los pliegos para el llamado a licitación serían elaborados cuando el Ersep autorizara la extensión del cargo tarifario que se está cobrando hasta agosto de 2016.Además, argumentó que para afrontar la "crisis hídrica" que se producirá en el verano 2011/2012 no se debe interrumpir la colocación de los medidores y solicitó, nuevamente, que se le autorice a implementar otro programa parcial de instalación selectiva, esta vez de 18 mil unidades, que serían colocadas antes de diciembre de 2011.A la fecha, la concesionaria habría cobrado en concepto de cargo tarifario más de 20 millones de pesos y, según su propia información, al finalizar julio último habría colocado sólo seis mil medidores. ¿Dónde está la plata que Aguas Cordobesas cobra a los usuarios para instalarlos? ¿Se estará desvalorizando en una cuenta a la vista? ¿Estará depositada a plazo fijo a una tasa menor que el aumento de costos de los medidores? ¿O habrá sido destinada a una finalidad distinta? El directorio del Ersep, nuevamente por mayoría del oficialismo, aprobó el 11 de agosto último el programa parcial de instalación selectiva de 18 mil medidores.¿Será esta una manera novedosa de defender los intereses de los usuarios? ¿O al Gobierno de la Provincia le preocupan más los intereses de la concesionaria? La respuesta es del lector.