Ersep: el desafío de ser

El 26 de enero de 2000, el entonces flamante gobernador José Manuel de la Sota llevaba en persona a la Legislatura cordobesa el proyecto de Ley de Nuevo Estado.Los casi 16 años del radicalismo en el poder provincial, la crisis económica del gobierno de Eduardo Angeloz, que terminó salpicado por hechos de corrupción, así como la conflictividad y el autoritarismo que signaron la gestión de Ramón Mestre, sumados al oportunismo del nuevo gobernador para subirse al último vagón del tren neoliberal que fogoneaba Domingo Cavallo –en el marco del llamado Consenso de Washington– fueron tierra fértil para que prendieran en la sociedad los enunciados de esta ley.Hacia el "Estado cristalino" Aquellas iniciativas hacían referencia a la Carta del Ciudadano, la modernización del Estado y la incorporación de capital privado al sector público.Se redefinían las áreas de competencia del Estado, se introducía la propuesta de privatización de empresas públicas y se establecían mecanismos para aumentar la participación y el control de los ciudadanos sobre la gestión de gobierno y el funcionamiento estatal. Se creaba, dentro de la órbita del Ejecutivo, la famosa Oficina Anticorrupción, entre otras medidas enmarcadas en lo que se daba en llamar "el Estado cristalino".En el ámbito del Poder Judicial, se creaba el fuero Penal, Económico y Anticorrupción, que a la fecha cuenta con un récord propio del libro Guinness, ya que desde su creación no logró que se pudiera condenar ni a un solo funcionario público.En paralelo, se disponía la concesión de todos los juegos de azar, pretensión fuertemente resistida por algunos sectores, encabezados principalmente por la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Córdoba, pese a lo cual la provincia terminaría sembrada de casinos y slots .El tratamiento de aquella ley es recordado no sólo porque para su aprobación tuvo que mediar un acuerdo entre José Manuel de la Sota y Ramón Mestre, el que se recuerda como "Pacto de las Tejas", sino también porque su tratamiento parlamentario estuvo marcado por hechos de corrupción que harían que estas medidas pasaran a la historia con el tristemente célebre nombre de "Ley Bodega", debido al "aporte" que el legislador de ese apellido brindara para la aprobación del proyecto.Así como se avanzaba con las finalmente fallidas privatizaciones del Banco de Córdoba y Epec (el servicio de agua en la ciudad ya había sido privatizado durante la gestión del gobernador Mestre), también se preveía la conformación del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), con facultades para el dictado de la normativa regulatoria, el control y la aplicación de sanciones; la solución de conflictos entre las partes del sistema; el estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores, y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad regulada.El ente regulador comenzó sus actividades en marzo de 2001 y desde ese mismo momento fue perdiendo facultades, atribuciones y funciones, para ser en la práctica un órgano de "blanqueo" de los aumentos de tarifas, mediante simulacros de audiencias públicas y la elevación de conclusiones, como trámite previo para que el gobernador de turno autorice cuanta suba sea pretendida por las empresas prestadoras de servicios públicos, en algunos casos sin siquiera poder emitir opinión acerca de su oportunidad o conveniencia.Hay en el Ersep dos realidades: una que trabaja sobre los reclamos de los usuarios referidos a transporte, agua, energía eléctrica y viales –en su mayoría están relacionados con errores en la facturación, artefactos eléctricos dañados, problemas en la prestación de los servicios, entre otros tantos–, que son receptados y resueltos tal como si se tratara de una oficina de atención al consumidor.Esta función se cumple según lo asigna la ley, y las estadísticas anuales reflejan una cantidad más que importante de planteos con solución satisfactoria.La arista restante corresponde a lo que podríamos denominar el "órgano político" del Ersep, es decir, su directorio, integrado por tres miembros del partido gobernante, dos representantes de cada uno de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y un miembro que actúa en nombre de los usuarios.De su constitución, se desprende que el oficialismo cuenta "mayoría automática", facultad que les posibilita hacer y deshacer según convenga al Gobierno.A 10 años del comienzo de sus funciones, el ente que nació de la imaginación del hoy "renovado" gobernador De la Sota, inventado como institución clave para la defensa de los derechos de los usuarios y la garantía de la calidad de la prestación de los servicios públicos, tiene una existencia virtual que en nada lo vincula con aquella idea primigenia formulada a comienzos del siglo.Lo que viene, ¿es muy bueno? El Ersep debe ser jerarquizado y alejado de las vorágines políticas de los gobernantes de turno; debe regular tarifas, pero también debe controlar la calidad de los servicios prestados; debe mantener el equilibrio entre las empresas que buscan un legítimo fin de lucro y los intereses de los usuarios (la parte mas débil de la relación), y para ello es necesario acentuar y profundizar su rol de control, otorgándole por ley facultades que le permitan contar con las herramientas necesarias para cumplir con tales fines.De existir voluntad política, la mayoría legislativa de Unión por Córdoba bastaría para avanzar en ese sentido, a lo que sin dudas se sumaría esta fuerza que hoy tiene la responsabilidad de ejercer el rol de primera minoría.Esto hace viable que en el corto plazo se pueda corregir la distorsión entre lo que se pretendió o, dicho de manera correcta, entre lo que se publicitó y lo que en definitiva se hizo.Durante la última campaña electoral, nos dimos con un nuevo "José Manuel", reflexivo, sereno, casi un sabio que repetía hasta el cansancio latiguillos efectistas tales como "soy el que más aprendió".El gobernador De la Sota tendrá la oportunidad de demostrar que sus afirmaciones no son de circunstancia; caso contrario, sus onerosos asesores publicitarios deberán idear cómo ganar adherentes en una nueva estrategia signada por el eslogan "estudié, pero no me acuerdo".

*Vocal del Directorio del Ersep por el Frente Cívico