El costo de una transición difícil

El fuerte ajuste de tarifas en los servicios públicos dispuesto por el Gobierno nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense –para recuperar la racionalidad económica que los subsidios estatales impidieron en los años del kirchnerismo– se ubica en el centro de la escena política como un enorme contrapeso para la gestión de Mauricio Macri. El modo con que se ejecutó la decisión de equilibrar las cuentas públicas admite varias lecturas y todas ofrecen en simultáneo argumentos para entender las razones del Gobierno, pero también las de la oposición, que se reacomoda cuestionando la insensibilidad oficial.Una primera precisión semántica que debería hacerse es que lo que expresa la palabra "ajuste" es exactamente lo contrario a desajuste.Visto así, el Gobierno sostiene que la gran mayoría de la sociedad –incluida una gran porción de peronistas votantes de Daniel Scioli– sabe que se llega a esta situación como consecuencia de la gestión anterior, que llevó el modelo estatal a un desquicio que alguna vez debe arreglarse para sincerar la economía.Desde el kirchnerismo más cerrado, se argumenta que aquel modelo "estaba en condiciones de seguir" beneficiando a la gente.Otro punto está relacionado con la territorialidad del ajuste, ya que su mayor intensidad recae sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre el conurbano bonaerense. No hay político que no haya sabido en los últimos 12 años que los beneficios que disfrutaron los porteños fueron financiados por el interior, donde son mucho más caros el transporte, el gas, el agua y la electricidad.Con las diferencias del caso, esto se parece al reflotamiento de aquella histórica disputa entre unitarios y federales, traducida ahora en la llamada Área Metropolitana y el resto del país. En la búsqueda de un mayor equilibrio, el Gobierno se siente respaldado por los provincianos, mientras sus cuestionadores ratifican un centralismo pernicioso, amplificado en extremo por la concentración mediática que a menudo suele confundir a Buenos Aires con toda la Argentina. A destiempo Pero hay un tercer factor discutible por el que los argumentos críticos de la medida son más sólidos. Hasta en algunos sectores del Gobierno se admite que la oportunidad elegida para implementar los tarifazos muestra una preocupante carencia de olfato político. Los aumentos –aún incompletos, según el plan oficial– se aplican en un momento de alta inflación, al poco tiempo de una devaluación que reacomodó precios hacia arriba y antes de que los salarios recuperen poder adquisitivo por vía de las paritarias. Si desde lo económico es una ecuación difícil, desde lo político tiene un altísimo costo, que incluye los riesgos de una creciente conflictividad social.Fue –cuando no– la propia Elisa Carrió, una de las creadoras de la coalición Cambiemos, quien salió a criticar la "brutalidad" del ajuste y su palabra provocó una severa urticaria en el Gobierno, de la que no escapó el Presidente. Las advertencias previas de Carrió sobre los negocios de Nicolás Caputo y las operaciones judiciales de Daniel Angelici, ambos amigos personales de Macri, venían siendo toleradas por el oficialismo como parte de las "excentricidades" de la diputada. Pero lo del ajuste fue diferente, porque es un tema muy sensible para la sociedad, y porque sobre sus palabras se montó toda la oposición. La reunión de urgencia que mantuvieron el miércoles en Olivos Macri, Carrió y el reaparecido Ernesto Sanz acomodó parcialmente las cosas. Si bien no hubo ruptura, el Presidente tampoco pudo asegurarse que Lilita no vuelva a patear el tablero en cualquier momento. Dentro de Cambiemos, se interpretó la actitud de Carrió como una manera de posicionarse para aspirar el año próximo a una candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, donde ni el PRO ni la UCR tienen por ahora postulantes fuertes. Los consensos Lo que tampoco quedó claro es el rol asumido por Sanz, quien supuestamente está alejado de la política. "Se juntaron las tres cabezas de Cambiemos", dijeron en la Casa Rosada, pero también se escuchó a un jerarquizado cuadro del radicalismo decir que "en este momento Sanz no nos representa". El entredicho forma parte de una situación interna irresuelta en la coalición gobernante. Donde mejor se aprecia el funcionamiento de la política es en el Congreso. La sanción en ambas cámaras –y por amplia mayoría– del arreglo con los fondos buitre tuvo en la semana dos aspectos relevantes. Por un lado, la demostración de que un gobierno no peronista con minoría parlamentaria puede lograr leyes consensuadas. Por el otro, el quiebre que esto provoca entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo que responde todavía a las órdenes de la expresidenta Cristina Fernández. Pese a los esfuerzos que se realizan desde los sectores internos para impedir en el Senado una división del bloque que lidera Miguel Pichetto, ese destino sería inevitable. Primero, porque Pichetto se consolida como el gran artífice de una renovación peronista que apunte a una mayor convivencia democrática y, luego, porque todo se da en medio de la disputa por la conducción del Partido Justicialista, donde todos los sectores juegan sus fichas.Pero las internas políticas, tanto de la oposición como del oficialismo, quedan reducidas a una expresión miserable frente al dato conmovedor aportado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que hace caer relatos, promesas y demagogias. En el país de la abundancia, existe hoy un 32,5 por ciento de pobres, casi un tercio de todos los habitantes.