Una vacuna turbia

En reiteradas oportunidades analizamos con severas críticas la errática gestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la gripe A. En efecto, la apresurada declaración de pandemia para la nueva enfermedad llevó a este diario a reflexionar acerca del grado de responsabilidad o irresponsabilidad con que la burocracia sanitaria internacional reaccionaba frente a la aparición de este mal. Señalamos, luego, la inconcebible contradicción en que incurrió cuando aconsejó doble inoculación y, dos semanas más tarde, admitió que una dosis bastaba para prevenir el contagio de esa enfermedad, que se reveló menos letal que la gripe común.

Esas chapucerías habían inducido a numerosos gobiernos de países de primer nivel a acumular enormes stocks de vacunas, que luego intentaron colocar en naciones emergentes. No para hacer un buen negocio, sino para reducir las grandes pérdidas que deberían afrontarse (en conjunto, invirtieron más de seis mil millones de dólares). Quienes hicieron el gran negocio fueron los laboratorios productores de las vacunas.

Y bien, un prolijo y serio estudio publicado la semana anterior por la revista "British Medical Journal" (BMJ), una de las más respetadas del mundo en la materia, denunció que "la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1".

La grave denuncia se sumó a las críticas del Consejo de Europa, que en enero último acusó a la OMS de opacidad, porque mantuvo en secreto las identidades de los 16 miembros del comité de emergencia que asesoró en la crisis a la directora del organismo, Margaret Chang, con la banal explicación de evitar que sus nombres fueran conocidos por las multinacionales farmacéuticas. Un irrisorio argumento, porque varios de los virólogos de ese grupo "secreto" se descontaban, por su reconocida jerarquía científica.

Las pautas de la OMS que recomendaban almacenar Tamiflu y Relenza fueron publicadas en 2004 y se apoyaban en publicaciones de tres de los 16 expertos ahora cuestionados, quienes admitieron, ese mismo año y bajo declaración jurada, que mantenían vínculos con la industria farmacéutica. Curiosamente, o no, la OMS no incluyó ese dato clave en el informe que entregó a los gobiernos.

Para enturbiar aun más el tema, en 2010 se han producido menos casos de mortalidad que en 2009, pero no por la presunta eficacia de la vacuna sino, simplemente, porque más de la mitad de quienes se inocularon en 2009 no lo hicieron en 2010. España, por caso, sólo usó dos millones de los 13 millones de dosis que compró. No sería esta la primera vez que se registra una aborrecible colusión de intereses de las farmacéuticas y los médicos especializados, sin necesidad de declaraciones de epidemias o pandemias.