Editorial. La salud no puede vivir en emergencia
El cierre de clínicas y sanatorios en el interior de Córdoba expone una crisis estructural que lleva años. La falta de financiamiento, los atrasos en pagos de Pami y un modelo en tensión ponen en riesgo la atención sanitaria de gran parte de la ciudadanía.
El cierre de un sanatorio clave en la ciudad de Marcos Juárez no constituye un hecho aislado ni inesperado. Es una señal de alarma que confirma un proceso largo, profundo y cada vez más difícil de revertir.
Las clínicas privadas de Córdoba, en especial las del interior, atraviesan una crisis que combina problemas financieros, falta de recursos humanos y decisiones estructurales que erosionaron su sostenibilidad durante décadas.
El diagnóstico resulta contundente. Según Ignacio Escutti, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y en Hospitales Privados de la Provincia, “el sistema está estresado y hay riesgo de cierre de más clínicas y sanatorios”, en especial debido al atraso en los pagos de Pami.
La advertencia no se limita a una ciudad puntual: “Esto se va a replicar también en Capital y en el resto de las localidades del interior si Pami no revisa las decisiones que toma”.
Las clínicas que dependen de Pami y de la seguridad social concentran 70% de la actividad y hoy se encuentran en una situación crítica.
Los pagos desdoblados, la falta de actualización de aranceles y los cambios en los esquemas de contratación impactan de manera directa en la capacidad de sostener servicios.
Las demoras en los pagos del Pami afectan tanto a clínicas como a farmacias, y generan un ahogo financiero que muchas instituciones ya no pueden resistir.
Hace más de 20 años, Córdoba contaba con 405 clínicas privadas; en 2023 quedaban apenas 93. La caída del 77% refleja un proceso de concentración y desaparición que golpeó con mayor fuerza al interior.
Cada vez menos municipios y comunas cuentan con oferta privada. Esto implica que miles de cordobeses deben recorrer decenas de kilómetros para recibir atención básica o depender exclusivamente de un sistema público que también enfrenta limitaciones.
Por un lado, el sector privado pierde capacidad de respuesta; por el otro, el sector público absorbe una demanda creciente sin resolver problemas de eficiencia ni de recursos humanos.
Frente a este escenario, el reclamo de las clínicas es una advertencia sobre el funcionamiento global del sistema sanitario. Si las clínicas desaparecen, la presión sobre el Estado será mayor, y la calidad de atención tenderá a deteriorarse.
La respuesta debe ser urgente y también integral. Resulta imprescindible que el Pami regularice los pagos y actualice los aranceles para evitar un colapso inmediato.
Pero también se requiere una política sostenida que reconozca a los centros de salud privados como actores estratégicos, especialmente en el interior, donde cumplen un rol irremplazable.
La salud no puede convertirse en un eslogan vacío ni en una variable de ajuste. Garantizar el acceso equitativo a la atención médica exige decisiones concretas, coordinación entre sectores y una mirada de largo plazo.
Pero eso fracasa con cada clínica que cierra.



