Rehenes de las patotas sindicales

En una de las jornadas más bochornosas del período pronto a finalizar –como la calificaron las crónicas periodísticas–, la Legislatura de Córdoba aprobó el controvertido proyecto de ley que autoriza al Gobierno a convocar a un nuevo concurso, esta vez cerrado, para cubrir más de 600 cargos en el escalafón superior de la administración provincial. El tema merece una consideración en particular. Este diario ya se pronunció en distintas oportunidades sobre el contenido, los alcances y los riesgos de los concursos, pero el bochorno no consistió en la aprobación del proyecto –que se descontaba–, sino en la presencia de una patota del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que se adueñó de las gradas del recinto y abucheó e insultó a los opositores, quienes argumentaban en contra de la norma en debate. Y no sólo eso, sino que el secretario del gremio, José Pihen –ex legislador provincial–, se sumó a los agravios e increpó a los gritos a los legisladores de la oposición política, sentado en el palco de los invitados.Hay una cuestión previa que está por encima de cualquier otra consideración: ante esa situación, el presidente del cuerpo debió levantar la sesión y convocar, luego, a una nueva sesión sin asistencia de público. Es lo que se estila en las prácticas más elementales. Incluso se podría haber citado a una delegación del SEP para que, en comisión, ampliara sus puntos de vista. Es inaceptable que la Legislatura aprobara un proyecto de ley bajo la presión de un grupo de militantes sindicales que no ahorró descalificaciones hacia los legisladores de la oposición. Los bloques de la UCR, el Frente Cívico, la Coalición Cívica-ARI y el Frente Progresista –partidos que, sumados, obtuvieron el mayor número de votos absolutos y porcentuales en las últimas elecciones–, se definieron en contra del proyecto. Se puso de manifiesto, una vez más, la anomalía institucional que significa tener una Legislatura Unicameral en la que el partido o coalición que ganó más departamentos tiene la mayoría de las bancas, aunque en los totales generales y considerando a la Provincia como distrito único, no tenga mayoría absoluta.Lo grave es que no sólo la ciudadanía sino también los representantes del pueblo estén a merced de los aprietes de grupos violentos vinculados, en este caso, con sindicatos. Por caso, una huelga sorpresiva en el transporte público o de los pilotos de las empresas aéreas, mañana un paro en todos los CPC de Córdoba por el traslado de dos empleados y pasado una virtual ocupación de la Legislatura por manifestantes gremiales que "exigen" la aprobación o el rechazo de una ley. Sin mencionar el caso de los matones de la Unión Ferroviaria, quienes asesinaron a tiros a un joven militante político. La conclusión es muy simple y clara: los ciudadanos no pueden ser rehenes de las patotas sindicales.