Empleo. La informalidad laboral demanda respuestas
Atribuirle al "trabajo en negro" la condición de realidad inmodificable o –peor aún–de consecuencia supuestamente virtuosa de la "destrucción creativa" con la cual obtiene sus equilibrios la economía de mercado, es una deserción de las políticas públicas.
El relevamiento oficial más reciente sobre el trabajo informal en nuestro país acaba de mostrar una tendencia que debería llamar a la reflexión a las autoridades públicas y a la sociedad civil.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el porcentaje de personas que trabajan de manera informal o “en negro” alcanzó el 42,9% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en igual período de 2024 ese número era de 41,8%.
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Ese porcentaje representa una cantidad de 5,8 millones de ocupados informales relevados en la muestra. Si se proyecta ese indicador sobre el total de la población, la cifra aproximada ascendería a 9 millones de personas.
La tendencia interanual refleja un aumento del 1,1%, en un contexto en el que el índice de desempleo se mantiene inflexible a la baja y cobra visibilidad el aumento del cuentapropismo y el trabajo asalariado no registrado.
Esta tendencia dispara un cuestionamiento legítimo acerca de las causas que la provocan. Aunque pueda ser considerada como una de las tantas consecuencias esperables del ajuste macroeconómico aplicado desde diciembre de 2023, surgen otros interrogantes que deben ser respondidos.
El más relevante de todos es si el crecimiento del empleo informal es una derivación inevitable pero temporaria del ajuste o si, por el contrario, es una inconsistencia de largo alcance, propia del modelo económico aplicado.
La respuesta de las autoridades es especialmente relevante. El deterioro del empleo registrado y el aumento del informal conlleva una serie de efectos nocivos. No sólo para la productividad de la economía, sino tambiénl para el cuidado de una trama social respetuosa de los derechos elementales de las personas.
La informalidad laboral implica el descuido de los resguardos mínimos que las sociedades han construido como avance civilizatorio para el derecho a la dignidad del trabajo.
Por otra parte, la expansión constante del "trabajo en negro" en las últimas décadas, en nivel superiores al 40% de la población ocupada, también provoca daños en los sistemas de protección social organizados sobre la base del empleo registrado, como las distintas modalidades de seguro de salud y los instrumentos de previsión jubilatoria y retiro.
Asimismo, los regímenes de tributación padecen con la informalidad laboral una distorsión de vasto alcance que trastorna tanto sus objetivos recaudatorios como el diseño de su progresividad.
Atribuirle al "trabajo en negro" la condición de realidad inmodificable o –peor aún–de consecuencia supuestamente virtuosa de la "destrucción creativa" con la cual obtiene sus equilibrios la economía de mercado, es una deserción de las políticas públicas y también una confusión grave de las mejores potencialidades que ese modelo económico puede tener.
La productividad de una economía no está reñida con la calidad del empleo. Por el contrario, suele ser su consecuencia más inmediata y valorada.
