Ética pública. La evasión admitida de Manuel Adorni
El jefe de Gabinete admitió ahorros no declarados y sigue investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial y de intereses. Lo hizo dentro de los plazos legales para formalizar el trámite, aunque 35 días después de que el presidente Javier Milei anticipara que esa presentación ya estaba lista.
La Oficina Anticorrupción (OA) administra el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y es el organismo responsable de resguardar esa información cuando atañe a los funcionarios de jerarquía superior del Gobierno nacional. Sólo tiene competencia en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Las declaraciones juradas son instrumentos que permiten detectar conflictos de intereses entre los deberes públicos y la actividad privada de los funcionarios. Su revisión puede alertar sobre casos de posible enriquecimiento ilícito.
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Al contenido reservado de esas declaraciones sólo puede acceder una autoridad judicial o el titular de la OA; en este último caso, previa decisión fundada del Ministerio de Justicia.
El jefe de Gabinete se encuentra denunciado en un juzgado federal por la presunción de enriquecimiento ilícito y por la eventual recepción de dádivas en otro juzgado del mismo fuero.
Ante esa situación, el ministro coordinador aludió a su situación patrimonial durante su última comparecencia ante el Congreso Nacional, el 29 de mayo pasado, ocasión en la que aseveró: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.
Al presentar ahora su declaración patrimonial a la Oficina Anticorrupción, Adorni informó una novedad: sostuvo que durante años acumuló junto con su esposa una suma superior a medio millón de dólares, sin informarla al fisco. Es decir, evadiendo el pago de impuestos.
Para intentar compatibilizar esa conducta con las normas legales vigentes, antes de entregar su declaración jurada el matrimonio Adorni se acogió a los beneficios del nuevo régimen conocido genéricamente como de "inocencia fiscal".
Dicha norma incluyó dos objetivos: un blanqueo de obligaciones fiscales para regularizar activos previos al nuevo régimen, y un sistema de declaración simplificada de impuestos de allí en adelante. El organismo recaudador (Arca) puede eventualmente regularizar con esa norma la situación tributaria del contribuyente Adorni.
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Pero esta maniobra, por la cual el jefe de Gabinete admite su condición de evasor, no lo exime de explicar su evolución patrimonial ante la Justicia por la eventual comisión de conductas legalmente reprochables, como las de enriquecimiento ilícito o admisión de dádivas. Por ser funcionario, la carga de la prueba no es algo que Adorni pueda evadir legalmente.
Sorprende, por lo tanto, la rápida reacción del Presidente de la Nación, que en sus redes sociales endosó una opinión terminante sobre la inocencia de Adorni.
Tanta agilidad para la absolución prematura riñe con la declamación política realizada ante el Congreso Nacional el 1° de marzo pasado, cuando el primer mandatario estableció como dogma que "la moral es, ahora, una política de Estado".
