Oficina de Presupuesto del Congreso En la dirección opuesta a la transparencia

Hay una frase patentada hace un par de años por funcionarios y simpatizantes del actual Gobierno nacional. Afirma que todo marcha según lo planeado, sintetizada en la sigla TMSP. Lo sucedido hace unos días en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación no es sino la prueba de que nada puede alterar el discurso oficial pletórico de cifras que los ciudadanos de a pie, agobiados por el día a día, no se preocupan demasiado por escuchar ni por entender, conscientes de que sus vidas no cambiarán por la exactitud o la exageración de los datos.

Como es poco sabido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) referida es un organismo técnico encargado de revisar los datos de la ejecución presupuestaria, el costo fiscal de las leyes y los pagos de vencimiento de deuda por parte del Banco Central, entre otros menesteres.

Por ejemplo, cuando los funcionarios de Gobierno se encolumnaban para sostener que la Ley de Financiamiento Universitario acabaría con el déficit cero, fue esa Oficina la que informó que el desfase sería sólo del 0,23% del producto interno bruto (PIB), una aclaración que difícilmente haya caído bien en el Ejecutivo.

Para subsanar los inconvenientes que producen algunas voces discordantes, se ha preferido una vez más avanzar sobre el mensajero portador de malas noticias.

En una maniobra subrepticia ejecutada a espaldas de ambas cámaras, los titulares –oficialistas– de las comisiones de Presupuesto de Diputados y de Senadores decidieron constituir la Comisión Bicameral de Control de la OPC, la que sin más ha debutado con un digesto que recorta el funcionamiento de la oficina.

Debido a esa disposición, la OPC no podrá sino ocuparse de lo que fue planificado con un año de antelación y ya no podrá responder a requerimiento alguno que no haya sido previamente autorizado por la Comisión Bicameral de Control (oficialista, por cierto).

Lo sucedido está en línea con una política de opacidad instaurada por el Gobierno, que a la vez desmantela diversos organismos de contralor existentes bajo el pretexto de que son innecesarios.

El obvio resultado de estas prácticas es la subsistencia de una sola voz, el relato único promovido desde el poder de turno y una auténtica carrera de obstáculos para quienes pretenden saber algo más que lo difundido con autorización previa.

El hecho es que, desde el punto de vista oficial, todo marcha según el plan, cuando cada vez se cierran más puertas para acceder a los datos genuinos para calibrar los gastos del Estado en ciertos rubros que el Gobierno parece que pretende desdeñar, ocultar o eliminar.