Apología del terrorismo de Estado

Por encima de cualquiera otra consideración, y más allá de un análisis histórico sobre los orígenes de la violencia y el terrorismo en la Argentina en el último medio siglo, es repudiable e inaceptable que Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez no mostraran el menor signo de arrepentimiento en el juicio que se realiza en Córdoba por la muerte de una veintena de presos en la Penitenciaría. No sólo por esos casos, sino por las atrocidades cometidas por el Estado cuando aquél era presidente de facto del último régimen militar, y éste, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.

A diferencia de los criminales de guerra nazis condenados por el tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que ellos habían dado las órdenes y eximieron de culpa alguna a sus subordinados, como si esa actitud fuera motivo de orgullo. Además, insistieron en calificar las acciones como parte de una "guerra interna", no declarada como tal por el Congreso Nacional ni aceptada por la sociedad en esa horrenda categoría.

La arrogancia no guardó relación con otros dichos de Videla y Menéndez, que sostuvieron que no hicieron otra cosa que cumplir con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional firmados en 1975 por Ítalo Luder, a cargo de la presidencia por ausencia temporaria de la entonces jefa del Estado, María Estela Martínez de Perón, que ordenaban el "aniquilamiento de la subversión".

Esa cuestión ya fue dilucidada en los estrados judiciales: el término "aniquilar" usado en los decretos de Luder tenía el sentido de una desarticulación total de las organizaciones armadas -Montoneros, ERP y otras- que se habían lanzado a la toma del poder por la vía revolucionaria, pero para nada autorizaban la metodología aberrante del secuestro y la desaparición de personas, la habilitación de centros de detención y tortura clandestinos y las ejecuciones secretas. Esa metodología fue utilizada por fuerzas parapoliciales desde antes del golpe de Estado de marzo de 1976, pero se desarrolló y sistematizó en forma progresiva desde el golpe militar, como lo señaló el informe de la filial Córdoba de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

La historia se va cerrando, aunque quedan capítulos abiertos sobre ese oscuro período. Uno de los puntos más oscuros de la indagatoria son las acusaciones que otros de los imputados hicieron contra la Justicia Federal de Córdoba, en el sentido de que ésta fue cómplice o negligente frente a casos de violaciones de los derechos humanos. Esa sospecha, planteada por el ex presidente Raúl Alfonsín en su libro Memoria política , debe ser dilucidada. Quizá sea una misión que exceda al actual tribunal, pero los jueces tienen el deber de indagar sobre el pasado del poder del Estado al que pertenecen, si es que se quiere restablecer la credibilidad en la Justicia.