Nación y provincias. Anticipos financieros y federalismo fiscal

Tras un giro político en las relaciones entre la Casa Rosada y el gobierno de Córdoba, las autoridades nacionales autorizaron un anticipo financiero a la provincia por hasta $400.000 millones y aprobaron luego, por primera vez desde el inicio de la administración Milei, un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 5.000 millones.

El anticipo de coparticipación equivale a toda la recaudación mensual de la provincia y fue otorgado para su reintegro a una tasa del 15% nominal anual. La devolución deberá operarse dentro del ejercicio fiscal en curso mediante retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que gira el Tesoro Nacional.

Este mecanismo de asistencia financiera está contemplado en la normativa vigente con el objeto de ofrecer soluciones inmediatas de liquidez a las provincias; la ley 11.672 es la que ordena en principio el reintegro dentro del mes del otorgamiento. O hasta el cierre del ejercicio fiscal, si así lo dispone el Poder Ejecutivo Nacional.

El anticipo de recursos coparticipables sólo tiene como destino la cobertura de necesidades financieras transitorias. No son recursos adicionales de libre disponibilidad y en el caso de Córdoba vienen a cubrir la caída de los ingresos provinciales.

Medida a precios constantes, esa caída fue del 4% interanual al mes de junio pasado. El primer semestre de este año fue negativo. La disminución real acumulada fue del 3% de los ingresos totales, respecto de igual período del año pasado.

En el caso del primer Aporte del Tesoro Nacional a Córdoba desde el inicio de la actual gestión nacional, se trata de fondos contemplados en la ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Esa norma establece la retención del 1% de la recaudación total de impuestos coparticipables para conformar un fondo que el Ejecutivo Nacional puede asignar de manera discrecional a través de la cartera de Interior a fin de atender desequilibrios financieros o situaciones de emergencia en las provincias.

Que la provincia de Córdoba recién haya recibido el primer ATN desde diciembre de 2023 evoca la discusión política que se produjo en el Congreso el año pasado, cuando se aprobó una ley que estipulaba la redistribución automática de esos fondos para las provincias.

Norma que el Ejecutivo Nacional vetó argumentando la falta de razonabilidad y equilibrio que debe guiar la legislación sobre federalismo fiscal.

Tanto la asignación actual de un anticipo financiero, cuanto del primer aporte del Tesoro son medidas que deben evaluarse en sentido positivo y alientan la continuidad del diálogo emprendido por autoridades nacionales y provinciales.

Pero es oportuno señalar con claridad que la discrecionalidad como método para la distribución de recursos que se originan en las provincias y recauda la Nación no es un criterio admisible cuando tiende a suplir el respeto al federalismo fiscal que es una de las bases de la organización nacional establecida en nuestra Constitución.