Editorial Amia, una deuda sin saldar
A 32 años del atentado contra la Amia, el país vuelve a recordar uno de los episodios más graves de su historia reciente. La falta de condenas por el ataque y las dilaciones judiciales exponen una deuda institucional que afecta al Estado de derecho.
Han pasado 32 años desde la mañana del 18 de julio de 1994, cuando una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en el barrio porteño de Once.
El atentado dejó 85 personas asesinadas y más de 300 heridos. Fue el mayor ataque terrorista que sufrió el país y uno de los hechos más dolorosos de la historia democrática argentina.
Cada aniversario reúne a familiares de víctimas, sobrevivientes, representantes de la comunidad judía, autoridades nacionales y ciudadanos que reclaman memoria y justicia.
Sin embargo, el paso del tiempo no logró cerrar la herida. Al contrario, cada nueva conmemoración vuelve a poner en evidencia una verdad incómoda: la Argentina aún no pudo ofrecer una respuesta judicial a la altura de semejante crimen.
El atentado no constituye sólo un episodio de enorme gravedad por el número de víctimas o por la destrucción que provocó. También representa un ataque directo contra los valores que sostienen la convivencia democrática.
El terrorismo eligió suelo argentino para sembrar miedo, odio e incertidumbre.
Durante más de tres décadas, la investigación acumuló errores, desvíos, encubrimientos y decisiones judiciales que demoraron el esclarecimiento del caso.
A pesar de los avances alcanzados en la reconstrucción de parte de los hechos, y de las acusaciones formuladas contra funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, el país continúa sin condenas contra los autores materiales e intelectuales del atentado.
Ese panorama no sólo genera frustración entre los familiares de las víctimas. También deteriora la confianza social en el sistema judicial.
Una democracia necesita una Justicia capaz de investigar con independencia, de proteger las pruebas, de resistir las presiones políticas y de ofrecer respuestas dentro de plazos razonables.
Cuando un caso de semejante magnitud permanece sin resolución durante más de tres décadas, el mensaje institucional es preocupante.
La demora no debe ser naturalizada. Cada año sin verdad representa un nuevo fracaso del Estado.
Ese desafío tampoco admite divisiones partidarias. La investigación del atentado atravesó gobiernos de distintos signos políticos y ninguna administración logró cerrar una causa que simboliza una de las mayores deudas institucionales de la democracia argentina.
El reclamo debiera ubicarse por encima de las disputas coyunturales. La búsqueda de verdad y justicia constituye una política de Estado, no una bandera sectorial.
También resulta indispensable que todas las fuerzas políticas, los poderes públicos, las organizaciones sociales, el sistema educativo y las instituciones del país reconozcan que el atentado contra la Amia fue un ataque contra la Argentina.
Aquel crimen golpeó a ciudadanos argentinos y desafió la capacidad del Estado para proteger a su población. Limitar el significado del atentado a un colectivo implica reducir el alcance de un crimen que buscó intimidar a toda la sociedad.
A 32 años de aquella tragedia, la democracia argentina conserva una deuda que no prescribe.
