Editorial. A 50 años del golpe: la memoria no admite atajos
A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Argentina vuelve a enfrentarse con una fecha que interpela su conciencia democrática. El 24 de marzo exige memoria, verdad y responsabilidad histórica, lejos de las conveniencias partidarias y de cualquier intento de relativizar el terrorismo de Estado.
Cada 24 de marzo, la Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional e inauguró la última dictadura militar, uno de los capítulos más trágicos y dolorosos de la historia nacional.
A 50 años de aquel quiebre institucional, el país tiene la obligación moral y política de detenerse, mirar hacia atrás con honestidad y reafirmar un compromiso que debe resultar inalterable: la defensa de la democracia, de los derechos humanos y del “Nunca Más”.
No es una simple efeméride. El 24 de marzo remite a un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, asesinato, robo de bebés, censura y destrucción de las instituciones republicanas.
La memoria como impulso para una democracia justa
Remite, también, al miedo instalado como método de control social y al intento de disciplinar a una sociedad entera a través del terror.
Una democracia sólida no puede construirse sobre el olvido, la banalización ni la distorsión de los hechos. La memoria es una herramienta cívica indispensable para que las nuevas generaciones comprendan el valor del Estado de derecho y el precio que se paga cuando ese orden se rompe.
Además, la memoria conserva una función reparadora. Numerosas familias aún cargan con heridas abiertas, preguntas sin respuesta y ausencias imposibles de llenar.
Córdoba, antesala de la tragedia
La persistencia de los juicios, de los sitios de memoria, de las investigaciones históricas y de las actividades públicas que evocan aquella etapa responde a la necesidad de sostener una conciencia colectiva frente a hechos que el país no debe minimizar jamás.
También corresponde reconocer que existen sectores que reclaman una evocación más amplia, que incluya a todas las víctimas de la violencia política, tanto las provocadas por la dictadura como las causadas por organizaciones o grupos que apelaron a la violencia incluso en tiempos democráticos.
Ese planteo puede formar parte del debate público, dentro de las reglas de la convivencia democrática. Sin embargo, no debe mermar en lo más mínimo la responsabilidad principal, indelegable e incomparable del Estado argentino comandado por las juntas militares que se sucedieron entre 1976 y 1983.
No hubo allí excesos aislados ni desbordes circunstanciales: hubo terrorismo de Estado. Y esa diferencia resulta central. Porque el Estado, cuando se convierte en máquina de persecución y exterminio, traiciona la razón misma de su existencia.
Por eso, la responsabilidad de la dictadura no admite relativizaciones, equivalencias forzadas ni excusas retrospectivas.
La noche más oscura, la memoria es una obligación que no prescribe
Precisamente por la densidad histórica y moral de esta fecha, ningún sector debiera apropiársela para sus propios intereses políticos.
La condena al golpe y al terrorismo de Estado debe constituir un piso común para toda la sociedad, más allá de cualquier diferencia.
No hay lugar para ambigüedades. Cuando se quiebra el orden constitucional, cuando se justifica la violencia estatal, cuando se naturaliza el odio político y cuando se degrada al adversario hasta despojarlo de su condición humana, la democracia entera queda en peligro.
Recordar el 24 de marzo no significa quedar atrapados en el pasado, sino asumir una responsabilidad con el futuro.
