¿De dónde salen los fondos para las campañas?

Una larga militancia política me ha permitido ser partícipe activa de diversos procesos electorales y advertir que, cada vez que vamos a las urnas, es más notoria la distancia que separa a los distintos partidos políticos en relación con los recursos que se vuelcan en las campañas electorales y, por ende, los resultados logrados. La brecha entre los que más gastan es cada vez mayor respecto de aquellos que no tienen los recursos o han decidido rechazar financiamiento empresarial privado. Se sabe de lo costoso que resulta un segundo en los programas radiales o televisivos de mayor audiencia o el espacio en los medios gráficos de mayor tirada. Ni qué hablar de cartelerías, gigantografías y demás logística que es cada vez más sofisticada y costosa, o la cantidad de dinero que fluye para "los punteros" y el clientelismo. Esos costos excluyen de manera definitiva a muchos partidos de una competencia política equilibrada. Y esa desventaja abismal se convierte, en forma inevitable, en un elemento determinante al momento del resultado electoral. El interrogante al que nadie puede dar una respuesta seria y veraz es "cuánto se gasta y de dónde provienen esos recursos". Los balances que presentan a la Justicia muchos partidos políticos son tan falsos y dibujados como las declaraciones juradas de algunos candidatos. Los fondos. Sabemos que muchos empresarios aportan de buena fe. Sabemos, también, que muchos otros lo hacen porque se aseguran ser contratistas del Estado (obvio, eso tiene su precio) y en muchas ocasiones aportan a más de un candidato. Muchas veces son esos aportantes los que imponen ministros o secretarios en áreas estratégicas del Estado. El negocio es evidente. Mucho dinero proviene de "la caja" que se hace mientras se gobierna. El sobreprecio en la obra pública aparece como el agujero más negro del financiamiento de la política, sin tener en cuenta lo que drena hacia el bolsillo de algunos funcionarios. Casos emblemáticos. A pesar de que todo lo dicho es ilegal, mucho más preocupante es el origen de fondos que provienen de los más perversos y oscuros orígenes. Es necesario recordar el triple crimen de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires), vinculado directamente al tráfico ilegal de efedrina, en el que sus víctimas aparecieron como aportantes a la campaña del oficialismo en 2007 y vinculados a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud de la Nación y ex recaudador de la campaña de Cristina Fernández en ese año. La Justicia mantiene esta causa en el freezer . Otro caso que pasó al olvido con rapidez fueron los 800 mil dólares ingresados de modo ilegal al país por el venezolano Guido Antonini Wilson y que habrían estado destinados a la campaña del oficialismo en 2007. También se olvidaron los 14 viajes de igual tenor que con Claudio Uberti –ex director del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi)– arriba de los aviones se realizaron en los meses previos a aquellas elecciones, lo que evidencia, a todas luces, que el narcotráfico también se metió en la Argentina con el financiamiento de la política. Y esto, que es de una gravedad inusitada y que debiera movilizarnos a todos, no es tema de debate, no está en la agenda de los ciudadanos, no es de interés de la gente. Frente a cada acto electoral se reclama por propuestas, por equipos, por capacidad de gestión, cosa razonable, sensata y de sentido común. Pero al mismo tiempo debería existir una demanda generalizada para que cada candidato explique de dónde salen los fondos que, de manera impúdica y grosera, gasta en cada campaña electoral. Exigir claridad en estas cuestiones nos permite la construcción de una ciudadanía responsable; la indiferencia nos aleja cada vez más de llegar a serlo.* Presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación