Discriminados por el sentido común

El discurso circulante en los últimos días sobre la aprobación del Presupuesto General de la Administración Nacional 2014 (PN) lo presupone –valga la redundancia– el último destino inexorable de la provincia o las últimas provisiones para sobrevivir hasta el rescate del avión. Los recursos pautados para cada provincia en el PN son sólo una parte de los fondos con que un distrito solventará sus gastos públicos. Luego existen los fondos que la Nación gira en forma automática y mensual por coparticipación, a los que deben sumarse los ingresos propios de la Provincia. El debate que por estos días ocupa al Congreso nacional tiene que ver sólo con la primera parte.De las planillas anexas al PN, surge que Córdoba tiene asignados 37.277 millones de pesos para gasto público nacional en 2014, además de los envíos automáticos mensuales por coparticipación; 13 por ciento más que el propio Presupuesto provincial cordobés.Si comparamos con una provincia similar, a Santa Fe, la Nación prevé destinar 35 mil millones, 13 por ciento menos que el gasto proyectado por ese gobierno provincial, que es de 40 mil millones.Vale la pena adentrarse en los detalles del informe difundido por diputados de la UCR y fogoneado por el propio gobernador de Córdoba en las redes sociales, que habla de una relación de "siete a uno" al comparar el gasto que supuestamente la Nación efectúa en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba.El eslogan efectista surge de la comparación entre dos cifras: 90 mil para Buenos Aires, 11 mil para Córdoba. ¿De dónde salen esos números?El PN contempla los gastos de cada una de las jurisdicciones en que está dividido el territorio nacional, los que se imputan a la localización geográfica donde estos serán efectuados.Así, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) cuenta con 262.758 millones, mientras que a Córdoba le corresponden los ya mencionados 37.277 millones.Si se dividen esos montos por el número de habitantes de cada distrito –2,9 millones en la ciudad de Buenos Aires y 3,3 millones en Córdoba– se llega a los 90.915 mil por habitante para la Caba y 11.266 mil por habitante para Córdoba.Pero en el distrito Caba, los 262 mil millones incluyen el gasto del Congreso nacional, los recursos para toda la administración central y organismos dependientes, los fondos de la Corte Suprema de Justicia y todos los organismos judiciales.Incluye ítems tales como el Servicio Exterior de la Nación, es decir, el funcionamiento de la Cancillería y las 85 embajadas que Argentina tiene distribuidas en el mundo, las Fuerzas Armadas que tiene sus sedes centrales en la Capital, y hasta el Plan Antártico Argentino, por nombrar algunos.Son los recursos para instituciones que no funcionan sólo para los porteños, sino para el país entero.Que los gastos estén imputados en la planilla de la Caba es una cuestión de sentido común: es allí donde se produce y se efectúa el gasto, pues allí funciona la Capital de la Nación y está la sede central de los tres poderes del Estado.Con aquella argucia, llegaron a una conclusión malintencionada. Y sostuvieron ante todos los cordobeses que la Nación discrimina a Córdoba porque le asignaría la séptima parte que a un porteño.Con ello, Mauricio Macri se habría vuelto oficialista o el Gobierno nacional es del PRO.Los legisladores nacionales que sostuvieron esta mentira debieran aclarar si votaron en contra de la ley de PN sin leerla o si quieren engañar al pueblo.

En materia de obras, también resulta falaz la comparación de “gasto por habitante”. Santa Cruz tiene 272 mil habitantes y Córdoba 3,3 millones, con lo cual dividir el costo de una obra pública por la cantidad de habitantes en un distrito llevará siempre a la falsa conclusión de que se favorece a la provincia que tiene menos gente.

¿Cuál es la intencionalidad de esta manipulación? La pregunta ya está respondida.

Los 37 mil millones de Córdoba incluyen el Fondo Federal Solidario (la coparticipación de las retenciones a la soja) por un monto de 1.200 millones; 23 mil millones en seguridad social que garantizarán el cobro de las asignaciones familiares de todos los empleados registrados de la provincia; los dos aumentos semestrales que tendrán los jubilados y pensionados y el cobro de la asignación por hijo para protección social de más de 150 mil madres, entre otras.

Fuera de la planilla específica de Córdoba, el PN prevé nueve mil millones para el Fondo Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas (FFDPA), que en 2010 implementó un período de gracia para el pago de las deudas de las provincias y que permitió a Córdoba ahorrar unos 1.100 millones en pago de intereses entre 2012 y 2013.

Los diputados cordobeses nos comprometimos a garantizar la continuidad de esa prórroga que vence a fines de diciembre próximo.

¿Cuáles son las políticas públicas para las que el Gobierno provincial reclama más recur sos? ¿Cuál es su idea de distribución del gasto? La que plasma es la de una Justicia donde hay jueces que ganan 10 veces más que sus empleados, la de empresariado del campo que paga por sus tierras los mismos impuestos que hace 25 años, la de una propaganda cuyos beneficiados son grandes grupos mediáticos.

En lugar de transparentar el gasto provincial, apela al consabido argumento de la Caja de Jubilaciones, para la cual el PN ciertamente no incluye partidas, desde que el Gobierno provincial judicializó el tema y lo llevó ante la Corte Suprema.

No se reinician acuerdos con demandas pendientes, pero es un tema que debe discutirse sin ambiciones electoralistas.

Por lo pronto, la Provincia es responsable de sostener el sistema para los jubilados que ya tienen adquiridos sus derechos y de discutir con los gremios provinciales el fu turo del régimen previsional.

La responsabilidad de la situación actual le pertenece desde que jubiló empleados públicos a los 45-50 años, maniobra que le sirvió para nombrar en el Estado a todo el aparato político que hoy lo sustenta.

Considero desacertados los envíos de fondos hechos con anterioridad, sin control y sin las auditorías que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debió realizar.

El Presupuesto no es el ideal: es el mejor posible; por eso lo voté, para Córdoba y para el resto del país. Contiene desde las mejores iniciativas y políticas públicas de los últimos años hasta las peores coyunturas por las que pas amos: los nuevos derechos y programas sociales y también el pago de la deuda contraída por los gobiernos de la década de 1990 hasta 2001 inclusive, al que Argentina está obligada.

La mayoría automática de la Unicameral –que no se renueva mientras dura el mismo Poder Ejecutivo– quiere discutir sobre nosotros y nuestro voto. Con ello, el oficialismo en Córdoba marca el triste inicio de un tipo de persecución política que no conocimos en los últimos 30 años.

Tenían que debatir sobre la escandalosa situación institucional de la seguridad y la Policía, porque el Ejecutivo propuso que al director del área Drogas Peligrosas lo designe la Legislatura, hasta que advirtió que la discusión sobre el escándalo podía perjudicar sus chances electorales y retiró el proyecto.

En lugar de eso, debatirán sobre los diputados nacionales, pretenderán repudiar su opinión política y su voto, derechos que la Constitución garantiza. No sólo privan de sentido común a los cordobeses, sino también de verdadera democracia.

*Diputada nacional por el Frente para la Victoria