Días de locos

En medio del ruido que le provocan la estrechez financiera y las protestas sociales por las reformas que apuntan a amortiguar el grosero déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, deuda de la que él es corresponsable, el gobernador José Manuel de la Sota recibió una buena noticia cuando promediaba la semana pasada. La obtuvo a través de la Corte Suprema de Justicia, que, contra muchos pronósticos, decidió abocarse a la presentación realizada por la Provincia, que reclama el pago de una deuda en litigio, y convocó a la Nación y a la administración provincial a una audiencia de conciliación para el 10 de septiembre.La decisión de la Corte de alguna manera causó sorpresa en los principales despachos de la Casa Espejada, porque sus ocupantes temían lo peor y daban argumentos que luego fallaron: como en anteriores ocasiones, el vocal Eugenio Zaffaroni opinó por las suyas y se pronunció en contra de los reclamos provinciales. No abordó el caso cordobés de manera directa, pero sutilmente lanzó claras señales negativas.En el mundo de la política, la palabra de Zaffaroni suele ser considerada como la interpretación exacta del pensamiento de la presidenta Cristina Fernández.Pero el ministro quedó en minoría, ya que sus colegas le bajaron el pulgar a su idea. Así, la resolución del máximo tribunal de la República se situó en las antípodas de lo expresado por el prestigioso jurista. La Corte le puso freno y 48 horas después de sus apreciaciones públicas resolvió en contrario. En Córdoba, festejaron los delasotistas. La intimación. En paralelo, el gobernador instruyó al fiscal de Estado Jorge Córdoba para que elabore una intimación al Estado nacional. Eso tiene el fin de que le restituya 15 por ciento de la coparticipación, conforme lo dispuso una ley provincial hace unos días. Esos fondos van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se utilizan para financiar el sistema previsional de la Nación, lo cual está legislado en el Pacto Fiscal que rige desde 1992. Esa intimación será enviada al poder central esta semana. Es el paso previo a una nueva presentación ante la Corte Suprema, en este caso para pedir la devolución del aludido porcentaje de los fondos coparticipables. Es decir que en menos de dos semanas, Córdoba le provocará al Gobierno nacional dos sacudones, lo cual tensará aun más la situación. En el entorno del gobernador, recuerdan que antes de la carta de De la Sota al jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, para exigir el pago de la deuda de la Caja, funcionarios provinciales de primer rango –con el jefe del Ejecutivo incluido– estuvieron 45 días intentando conectarse con la Casa Rosada y jamás recibieron respuesta. "Nos ven en el desierto y nos tiran una anchoa", graficó descorazonadamente un ministro poco acostumbrado a este tipo de destratos. Pero no termina allí la ofensiva delasotista contra la Presidenta. Como para que no queden dudas, el próximo jueves recibirá en su despacho al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los enemigos predilectos de la jefa del Estado.De la Sota y Macri firmarán "un convenio cultural y turístico" que, sin subestimarlo ni nada que se le parezca, tendrá su momento cumbre cuando ambos gobernantes se saquen la foto. Así quedará plasmado el tercer acto que seguramente será considerado como una ofensa por las autoridades nacionales. Es más, la buscada foto con Macri fue pensada por De la Sota como un acto hostil hacia la Presidenta. Y el jefe del Gobierno porteño se presta con gusto. Y también busca obtener sus réditos políticos, claro.Se coronará así una semana de locos, que comenzó con el fallo de la Corte llamando a conciliación, seguirá con la intimación y finalizará con la reunión entre el mandatario provincial y el jefe del PRO."Intentamos conciliar, buscamos dialogar y sentarnos a la mesa pero no recibimos una sola señal. Es más, las respuestas fueron desde la indiferencia total a marcados gestos de antipatía. Entonces, hay que cambiar la estrategia", se sinceró otra voz delasotista.De esta manera, De la Sota decidió acelerar los tiempos y desplegar su estrategia, cuyo vértice superior está compuesto por una aspiración hoy casi imposible: la candidatura presidencial.Según algunos hombres de confianza del gobernador, el único riesgo que corre De la Sota con esto –o, mejor, de lo único que se tiene que cuidar– es de no atrasarse en el pago de los sueldos. "Eso liquida a cualquier candidato", razonó otra fuente justicialista y evocó el clásico ejemplo que se suele dar en estos casos: la experiencia que vivió Eduardo Angeloz cuando era gobernador, en 1995.Otro funcionario con rango de ministro también asume que la etapa que se vive en la relación con el Estado nacional es delicadísima. "Sabemos que nos van a aplicar el máximo rigor posible", y aclara que el Gobierno provincial decidió enfrentar la situación porque lo conseguido hasta ahora es nulo.Con la reforma previsional, la Provincia consiguió algo de oxígeno que le permitirá navegar el río revuelto con algo de tranquilidad. Pero cuando se hizo público que la nueva ley permitirá a la Provincia ahorrar 240 millones de pesos, intendentes de todo el territorio cordobés también lanzaron su ofensiva para recuperar terreno y fondos perdidos. Acecharon y presionaron de una y mil formas a la administración provincial. Algo es algo. Esta semana recibirán una respuesta favorable, parcial y escasa según algunos destinatarios, pero respuesta al fin. Si no ocurre nada extraño ni sobrevienen viejas disconformidades, esta semana se firmará un convenio con numerosos jefes municipales, que implicará el pago de rubros suspendidos, lo cual redundará en el incremento de un tres por ciento de los fondos coparticipables que recibe cada municipio. Eso, de julio hacia adelante. Para el primer semestre del año, la Provincia asume la deuda y conforma un fondo destinado a obras públicas. En ese acuerdo no está incluida la Ciudad de Córdoba, que firmará –si los astros se alinean– un convenio por separado, de acuerdo a lo que reconoce el propio entorno del gobernador. Esta negociación, prolongada y trabajosa, la llevan a cabo el jefe de Gabinete, Oscar González, y el intendente Ramón Mestre.En la Municipalidad evitan dar detalles y se aferran a un tema que, dicen, "desangra" las arcas municipales, cual es la deuda con Tecsa, firma que recibe unos 10 millones de pesos mensuales por la deuda contraída por la administración de Germán Kammerath.De la Sota vive días agitados que no terminarán y el próximo jueves tendrá una nueva prueba cuando los estatales marchen hacia los Tribunales para reclamar la derogación de la reforma previsional. Hasta ahora, las dos protestas anteriores se llevaron a cabo sin mayores inconvenientes. Pero cada manifestación es un desafío y esta trae de la mano un nuevo paro docente, lo que muestra el verdadero costado flaco de la ley. Si no hay clases, perdemos todos. Eso lo debe tener claro el Gobierno, más allá de los fajos que puedan acumularse dentro de una billetera.