Detrás de escena

Recientemente se publicó un informe realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que revela que Córdoba es el tercer distrito del país con más niños y adolescentes alejados de sus familias. 1.107 niños, niñas y adolescentes permanecen en instituciones públicas y privadas. Estos datos colocan a la provincia de Córdoba por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muy lejos de los índices de otras provincias, como Santa Fe o Mendoza.El informe destaca que la mayoría (818 niños) se alojan en instituciones privadas, hogares gestionados por organizaciones no gubernamentales o fundaciones, 253 en instituciones públicas y sólo 36 están a cargo de sistemas de cuidado familiar.Hace pocos meses, los cordobeses nos topábamos con una noticia escalofriante y devastadora: "Cerca de 20 niños fueron abusados sexualmente por adultos y adolescentes que viven en el hogar Casa del Padre Aguilera. Golpes y maltratos serían moneda corriente".Hace dos semanas se conoció por medios periodísticos el estado de abandono (por falta de fondos desde hace 11 meses y sin supervisión profesional) en el que se encuentra uno de estos centros que poseen convenio con el Estado provincial.Asimismo, los correccionales que hemos podido visitar muestran serias falencias edilicias, humedades, paredes descascaradas, techos que se llueven y falta de camas, entre otras cosas.Concluimos, entonces, en que el Estado, por acción u omisión, sigue abordando la temática de la niñez desde posiciones obsoletas, carentes de criterios que garanticen, en forma efectiva, aquello que declama a través de la norma.La Declaración de los Derechos del Niño forma parte de nuestra Constitución. De hecho, numerosas leyes han impulsado en los últimos tiempos una revolución simbólica y un cambio de paradigma respecto del lugar, los derechos y las garantías de la infancia. En 2005, la Ley Nacional de Protección Integral (26.061) deroga a la del Patronato de la Infancia. En el mismo sentido, se sancionó en fecha reciente en la provincia la ley 9.944, de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.A pesar de la vigencia de las leyes mencionadas, y sin desconocer el significativo peso de los pasos dados, hechos como los mencionados nos ponen frente a una dolorosa evidencia: la nueva concepción de la infancia que estas normas promueven no se materializa aún en las decisiones y acciones del Estado provincial. Cabe destacar que la autoridad de aplicación de la ley provincial 9.944 es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que tiene a su cargo el control y financiamiento de las fundaciones y de los centros correccionales y prevencionales.Siempre supimos que sin la ley no se podía avanzar. Su concreción nos dio la oportunidad de profundizar el debate acerca de los derechos de la infancia y exigibilidad en toda circunstancia. Pero también debemos ser conscientes de que con la ley sola, no alcanza.Hoy debemos materializarla y, para ello, darnos instituciones idóneas y consecuentes con una concepción del niño como sujeto de derecho, cuya dignidad y libertad sean el desvelo de una sociedad que pugna por un futuro promisorio.En ese marco, la responsabilidad del Estado es total. La desidia, la improvisación o la inercia no tienen lugar.Mientras el actor sigue su libreto, detrás de los anuncios rimbombantes y de la escandalosa publicidad oficial, detrás de escena, la deuda social, especialmente con la niñez, espera ser saldada.