Los derechos humanos y la rereelección

Los derechos humanos son un límite infranqueable para la re-reelección de la presidenta Cristina Fernández. Resulta curioso que, pese a haber tantos defensores de los derechos humanos en el Gobierno nacional, nadie hable de este problema.

El argumento de los reeleccionistas sostiene que el voto popular genera una legitimidad de poder ilimitada. Esa legitimidad tiene supremacía sobre la legalidad constitucional. Afirmación brutalmente desmentida por la historia, ya que no es más que una versión tardía y devaluada de la teoría de Carl Schmitt, cuando concibe a la política basada en la dialéctica amigo-enemigo y en la necesidad de la deconstrucción del espacio liberal de lo político.

Este fue el núcleo teórico de justificación de los poderes ilimitados otorgados a Adolf Hitler tras la República de Weimar.

La historia del siglo 20 muestra que esta ideología de las soberanías populares ilimitadas genera tres consecuencias prácticas inevitables: violencia social, psicopatología del poder y terrorismo de Estado. Los derechos humanos prohíben reelecciones ilimitadas de gobernantes, del mismo modo que prohíben la esclavitud o la pena de muerte.

Los derechos humanos son, por esencia, “límites al poder de los estados”, específicamente a los abusos de poder de los estados y de los mercados.

Ese paradigma político y jurídico del siglo 21 es el que pretenden violentar con un tercer mandato de Cristina Fernández. Y se trata de una legalidad supranacional que ningún voto popular puede violentar.

Ya en el año 2000, el Parlamento argentino, con el “caso Bussi”, expresó esta posición que conviene recordarles a los reeleccionistas. Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el pliego del diputado Domingo Antonio Bussi. Los diputados dijeron entonces que el voto popular tucumano debía ceder cuando el elegido por el pueblo era jurídicamente responsable de participación activa en crímenes de lesa humanidad (artículos 6 y 7 del Tratado de Roma).

Argentina es el primer país de América que fija los límites del voto popular por vía de los derechos humanos. Y está claro que estos comprenden la regla democrática que prohíbe reelecciones ilimitadas.

Del cinismo político. El cinismo es una teoría que proviene de la escuela de los cínicos de Diógenes y se define como la desvergüenza en defender doctrinas vituperables que se saben falsas. Esto viene a cuento de los diputados Diana Conti y Héctor Recalde –al igual que de muchos de los llamados intelectuales de Carta Abierta–, que se han convertido en verdaderos teólogos laicos de la reelección presidencial de Cristina Fernández.

Fueron mis compañeros durante cuatro años en el Congreso y me consta su formación jurídica y sus historias en la defensa de los derechos humanos. Defender desde ese espacio personal posiciones que abiertamente violan los derechos humanos de los argentinos, protegidos por la Convención Americana y por la Carta Democrática Interamericana no es otra cosa que cinismo político. El “vamos por todo” del modelo K es “a cualquier costo”, incluidos los derechos humanos.

Pero, además de los derechos humanos, están los hechos históricos que contradicen la tesis de una Cristina eterna. Cristina Fernández no es la primera en pedir poderes ilimitados.

En la Argentina del siglo 20, casi todos los gobiernos, democráticos o militares, tuvieron esa tentación y todos fracasaron en la gestión de la cosa pública.

Las Actas del Proceso de Reorganización Nacional de 1976 del Terrorismo de Estado –por las que juraron varios ministros K y miembros de la Corte– declaraban que ese proceso de terror era históricamente inédito y que sólo tenía “objetivos y no límites”.

El menemismo, a su turno, también lo hizo. Nada original tiene el discurso reeleccionista de Cristina Fernández cuando sus teólogos declaran que estamos en un proceso inédito de cambio histórico y que, como tal, se exige la permanencia ilimitada de la líder.

Ejemplos, no maestros. Debe saberse que ninguna eficiencia han tenido estos gobiernos que se declaran inéditos y que reclaman poderes eternos.

En Córdoba, los gobiernos más eficientes en el siglo 20 fueron el radical, de Amadeo Sabattini, y el peronista, de Juan Ignacio San Martín. Fueron gobiernos de no más de cuatro años (1936-1940 y 1949-1951), que diseñaron y ejecutaron la matriz energética e industrial de la provincia.

El discurso dominante debe saber que la Argentina no es un jardín de infantes. Somos uno de los países del mundo que mayor cantidad de frustraciones ha tenido. Y con el sufrimiento se aprende. Debe quedar claro que no necesitamos maestros sino ejemplaridades éticas.

El buen gobierno es, ante todo, un gobierno decente. Basta mirar el mapa del mundo de hoy para advertir que los países con gobernantes “eternos” son países con alta inseguridad jurídica y ciudadana, con altísima corrupción y, sobre todo, con muy baja inclusión social y alta brecha distributiva del ingreso (Suecia tiene hoy un índice Gini de 0,24; la Argentina, uno de 0,58).

No le demos mas vueltas, la cuestión argentina en el siglo 21 pasa por decidir entre vivir bajo los discretos encantos de la ley o bajo los brutales encantos de gobernantes eternos.

Esa es hoy la cuestión argentina. Lo demás es comida chatarra.