Denunciame, renunciame

Hasta ahora, en más o en menos, las campañas electorales se construían con una serie de lugares comunes: los candidatos/políticos trajinaban caminos y calles; los asesores/consultores de imagen acomodaban los discursos; los punteros buscaban movilizar a las bases; alguno que otro acto, devaluados en los últimos tiempos.

En fin, un paradigma que continuó con la irrupción de las redes sociales, que abrieron otro escenario, pero mantuvieron vivo el esquema que viene desde un siglo atrás.

Sin embargo, la campaña que nos lleva a los comicios parlamentarios del 27 de octubre, con escala previa en las primarias obligatorias del 11 de agosto, ha sumado nuevos protagonistas: los jueces.

Todo parece destinado a dirimirse en los tribunales, con una lógica perversa:

La denuncia siempre está destinada a causar daño político antes que a llegar a la verdad de alguna trapisonda.

El denunciado se declara víctima de una "campaña" y, con eso, pretende tapar los datos objetivos de la acusación.

El jefe del denunciado sólo acepta una renuncia si es inevitable; de lo contrario, dice esperar a que la Justicia se pronuncie.

Cuando se conoce el fallo del juez o del tribunal que fuere, la lectura también es política: obedece a algún compromiso del magistrado con sectores partidarios, sea del denunciante, sea del denunciado.

El círculo, que de virtuoso nada tiene, se convierte en infinito, favorecido por sectores de la Justicia que ceden con facilidad a las tentaciones del poder.

Claro que algunos funcionarios la dejan picando. Es el caso del escándalo en Transporte de la Provincia, de donde salieron eyectados dos funcionarios por obra y gracia de sendas cámaras ocultas de Canal 10. Y, ante una irrefrenable crisis de confianza, el mismo ministro, Dante Heredia.

Ramón Sánchez, extitular de Caminos de las Sierras, vio sellada su suerte cuando quedó bajo investigación.

La denuncia fue presentada por legisladores del juecista Frente Cívico, después de que Sánchez fuera filmado mientras recibía una supuesta coima de un jornalero contratado en Caminos.

Además, se lo investiga por negociaciones incompatibles con el cargo, por la contratación directa de la empresa de limpieza D-Sinfecta, de Sandra Abud, ligada a Heredia.

En simultáneo, el secretario de Servicios Públicos, Martín Aráoz, debió dejar el cargo por otra cámara oculta, que lo mostraba proponiendo maniobras fuera de la ley.

De la Sota cumplió con el manual clásico de la política: ratificó en el cargo a Heredia, pero lo mandó a la Legislatura a que se defendiera.

Acusaciones al por mayor. "No podemos dejar que la tele nos ponga o nos saque los ministros", se amparaba un calificado funcionario provincial el jueves, cuando todavía Heredia era ministro. Pero reconocía: "Hasta las elecciones nos van a tapar de denuncias".

En su análisis, estaba incluida también la embestida de sectores kirchneristas que trasladaron al Congreso de la Nación acusaciones a la Provincia por supuestamente encubrir métodos de tortura en las cárceles y comisarías cordobesas.

Sin duda, el delasotismo queda atrapado en un operativo de pinzas que, acordado o no, protagonizan la oposición cordobesa, juecista y radical, y el cristinismo, que quiere esmerilar a De la Sota por jugar en el esquema antikirchnerista.

Pero hay cuestiones que no pueden atribuirse a maledicencias de pago chico.

Lo que ocurrió en el Ministerio de Transporte se entronca con ciertos métodos conocidos en el peronismo de la Capital: trampas de vuelo corto, en un distrito que para De la Sota es un dolor de cabeza desde siempre.

Para colmo, lo dejó a contrapié, justo a él que había atacado los negocios kirchneristas.

“La corrupción da asco siempre, pero da bronca que no haya condenados; cuando no hay condenados, todo el mundo está bajo sospecha”, había sostenido el gobernador.

Y si de diferenciarse se trataba, el sostenimiento de Heredia le privó a De la Sota de jugar de entrada para marcar una cancha distinta.

Porque, aun cuando Heredia hubiese sido inocente, no debería nunca haber ignorado lo que hacían sus funcionarios más cercanos en el Ministerio de Transporte.

Al final, la tarde del viernes encontró a Heredia fuera del cargo de manera irremediable.

Se despidió con la teoría de la conspiración: “Estamos frente a una persecución política en mi contra y en contra del gobierno que integro. No voy a permitir que todo esto perjudique al gobierno del que honrosamente formé parte hasta hoy”.

De paseo por los "búnkeres". Por fuera de tanta denuncia o renuncia, los aprestos en los partidos aparecen como cuestiones de menor cuantía.

Un repaso por los cuarteles arroja algunos pocos datos novedosos:

En el peronismo de De la Sota, creen estar cerca de cerrar un acuerdo con el PRO de Mauricio Macri para incorporar al exárbitro Héctor Baldassi a la lista que encabezará el exgobernador Juan Schiaretti.

Sin embargo, no habrá anuncio formal para permitir que Baldassi crezca algunos puntos más, imprescindibles, porque De la Sota no debe dejar escapar una centésima en el resultado electoral.

El juecismo ya tiene candidato, y no es Juez: Ernesto Martínez irá por la reelección. En el medio, deberá resolverse, en acuerdo o en las primarias abiertas, la relación con el Frente Amplio Progresista, de Hermes Binner, que lanzó la postulación del riocuartense Roberto Birri. "El diálogo está abierto", dijo un allegado a Birri. Pero, por las dudas, desde los primeros días de esta semana, el rostro del candidato será visto en afiches en las calles de Córdoba.

En el radicalismo parece haber recobrado viento Oscar Aguad para encabezar la boleta, aunque desde la Municipalidad no se pierden las esperanzas de imponer al exintendente de Mina Clavero y actual presidente de la empresa de transporte estatal Tamse, Alberto Giménez.

El kirchnerismo ya tiene validada la primera candidata de su lista, la exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba Carolina Scotto. Lo más novedoso en este sector es la decisión del intendente de Villa María, Eduardo Accastello, de dar un paso al costado.

Ahora, el cristinismo está operando sobre intendentes cordobeses para lograr una mayor base de sustentación, a costa, por cierto, del peronismo del interior, donde De la Sota goza de mayor respaldo que en la Capital.