Del desendeudamiento al “default”, o la verdadera mentira del relato

Si, como muchos advertimos desde que comenzó el actual Gobierno nacional, en el ADN del relato está siempre la mentira, la negligente actitud asumida respecto de los holdouts luce más que manifiesta. El ministro de Economía, Axel Kicillof, se manifestó sorprendido por el fallo del juez Thomas Griesa, confirmado por las instancias superiores, sin advertir que en un país que respeta la ley y el valor de los contratos no podía esperarse otro resultado que la sentencia firme a la cual se enfrenta hoy nuestro país, sobre todo con el precedente "Elliott c/ Perú".Si la Argentina emitió un título en el que reconocía que a su vencimiento iba a pagar 100 dólares y ahora sólo quiere abonar 35 dólares, no puede esperar que un juez ajustado a derecho le dé la razón, como no se la daría al acreedor que, en vez de 100 dólares, quisiera reclamar 130 dólares.Lo cierto es que hoy el acreedor cuenta con una sentencia firme que le reconoce el derecho de propiedad por el valor del título. Poco importa cuánto pagó por él o si se lo donaron. Lo único que debe averiguar el juez es si quien reclama es un tenedor legítimo.Arremeter contra la Justicia de Estados Unidos como lo hizo el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, demuestra otra vez una reacción infantil que no repara en que se trata de la jurisdicción elegida por el Gobierno argentino para dirimir los asuntos derivados de la reestructuración de la deuda.Someterse de forma voluntaria a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York fue una decisión de nuestro país, con el deliberado objeto de hacer más atractivo el arreglo de la deuda y conseguir la mayor cantidad de adhesiones, en razón de la poca credibilidad que daba hacerlo en jurisdicción nacional.No es –como dicen muchos periodistas y economistas– que "Argentina aceptó esa jurisdicción", porque lo cierto es que nosotros la ofrecimos, sin que nadie nos la impusiera. No olvidemos que el prospecto de reestructuración de la deuda lo formuló y elaboró nuestro país y que se trata de un "contrato de adhesión", cuyas cláusulas no se discuten con el acreedor, que sólo se limita a aceptarlas o no.La actitud argentina de rebelarse contra una sentencia firme de la Justicia que ella eligió, diciendo que está cooptada por los "fondos buitre", no hace más que sumar una causa más para que se nos considere un país poco confiable, que una vez más engaña al mundo ofreciéndole la garantía de someterse a la jurisdicción de un país previsible y luego desconocer lo que ella resuelve.Ya lo hicimos antes. Basta recordar lo que ocurrió con el fallo arbitral en el conflicto por las islas del Atlántico Sur (canal de Beagle), cuando desconocimos el laudo y casi llegamos a una guerra con Chile, de la que a último minuto nos salvó el cardenal Antonio Samoré como mediador.

También hay que tener en cuenta que quienes ejercen el Poder Ejecutivo en nuestro país han dado suficientes pruebas de desacato ante decisiones de nuestros tribunales, como es el emblemático caso de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó la restitución del procurador de Santa Cruz, incumplida hasta la fecha.

Por más que lo niegue el Gobierno, Argentina está de nuevo en

default

. Mejor dicho, nunca dejamos de estarlo, pues no es el voluntarismo el que lo determina, sino la realidad.

La cesación de pago es un hecho y Argentina no pagó sus obligaciones, porque también es una mentira la afirmación de que el país pagó. Una “exitosa abogada”, como se 
autocalifica la Presidenta, debería saber que para que un pago se perfeccione es necesario que un deudor pague y que un acreedor reciba el pago de conformidad, lo cual no ha ocurrido, dado que para hacerlo 
debía antes cumplir con lo ordenado por el fallo de Griesa.

Queda así al desnudo la mentira de una de las banderas del relato: la del desendeudamiento.

Si el período 2003-2014 puede mostrarse como “década ganada”, debe querer decir ganada en inflación (somos uno de los tres países con la tasa más alta del mundo); ganada en corrupción (tenemos al vicepresidente procesado por coimas, lo que eclipsa las valijas de Guido Antonini Wilson, el paquete de Felisa Miceli y el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime); ganada en inseguridad, tanto física como jurídica; en pobreza (30 por ciento de pobres); en aumento del narcotráfico (está procesado el exjefe de la Sedronar por tráfico de efedrina); en emisión monetaria para solventar el déficit (mil millones diarios en los últimos 45 días); en déficit energético; en destrucción del

stock

de unas 10 millones de cabezas de ganado, de ocho mil tambos y de 40 mil pequeños productores.

Todo lo dicho indica que lo de década ganada es otra gran mentira del relato oficial. No se ha logrado el desendeudamiento ni la inclusión social, pese a haber gozado de una situación internacional extraordinaria, como hacía 100 años no se nos daba.

Parece haber llegado el momento en el que reflexionemos sobre la necesidad de un cambio que permita aprovechar la oportunidad que el mundo todavía nos da.