De Carrasco a Ferreyra, la promesa incumplida

El asesinato de Mariano Ferreyra está siendo investigado por la Justicia y, más tarde o más temprano, conoceremos de su organización, ejecución, magnitud y extensión de responsabilidades penales y civiles formales y sustantivas. Pablo Díaz, actualmente detenido por el crimen, antes de su arresto declaró ante cámaras de televisión: lo que la Justicia y la Policía no hacen (detener los piquetes) lo haremos nosotros (el sindicato). Díaz está sosteniendo con inusual claridad, pero exento de cinismo, que si este Gobierno no sabe, no puede o no quiere hacer cumplir la ley, ellos se encargarán. Ningún fiscal intervino antes del crimen, la policía se mantuvo pasiva, expectante hasta el límite de la complicidad con los agresores, según los propios agredidos. No es entonces el Gobierno sino el propio Estado ausente que abandona una porción de territorio.Cuando el soldado Omar Carrasco fue vilmente asesinado y el Ejército Argentino intentó encubrir el crimen, fue evidente que era un emergente superficial de una crisis muy profunda que culminaba décadas de errores incluyendo la última dictadura. Un presidente constitucional –innombrable y estigmatizado como pocos– tomó una decisión que constituye una política de Estado que ningún gobierno osará abrogar en el futuro predecible: suprimió el servicio militar obligatorio.El crimen de Ferreyra, como aquel de Carrasco, compromete a la totalidad de la organización sindical nacional, como aquél comprometió a la totalidad de la institución Ejército. Cuando esta clase de crímenes se cometen es porque el sistema que lo sostiene incluye esa posibilidad, porque su altísimo grado de integración lo protege de cualquier control externo. La CGT única. Estamos lejos, tan lejos de aquellos anarquistas que desafiaban al Estado y a los patrones por pan y libertad; de los primeros socialdemócratas discípulos de Juan B. Justo, de los primeros comunistas escindidos del tronco socialista en la década de 1920, de los primeros trotskistas en la década de 1930. Con la dictadura de Edelmiro Farrel y el acceso del entonces coronel Juan Perón a la presidencia constitucional, los sindicatos se organizarían verticalmente y en estrecha relación con el Estado nacional, en paralelo con el Partido Peronista. La Confederación General de Trabajo, la Confederación General Universitaria y la Confederación General Empresaria completaban la representación corporativa de la sociedad civil. De todas esas organizaciones, sólo sobrevivió la CGT, reconocida con la exclusividad de la representación de los trabajadores. Desde entonces hasta ahora, soportó intervenciones, persecuciones y luchas fratricidas. Desde 1945 hasta la actualidad, sólo un gobierno constitucional desafió ese monopolio en 1984 para democratizar los sindicatos y permitir la pluralidad de representación. Raúl Alfonsín lo propuso al Congreso recién reinaugurado; ganó la votación en Diputados, pero perdió por un voto la del Senado. Aquella madrugada –15 de marzo de 1984– quedó una deuda histórica sin saldar. El entonces presidente Néstor Kirchner prometió, durante su mandato, reconocer a la CTA para ampliar la representación de los trabajadores. No lo hizo. Es sabido que después de la Segunda Guerra Mundial, la reacción al fascismo, falangismo, nazismo y comunismo se tradujo en una vehemente voluntad de democratización interna y pluralidad de representación de los trabajadores que recogió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y predica inútilmente (para nuestro país) hasta nuestros días. Incumplir ese mandato es tanto como establecer una zona liberada carente de control legal.En ese incumplimiento radican las condiciones de posibilidad de tragedias como ésta, que convierten a los sindicatos en organizaciones patrimoniales, empresas privadas carentes de control que permiten el enriquecimiento obsceno de sus dirigentes. Para mantener la corrupción, es necesario el cargo vitalicio de los dirigentes que reproducen una cadena clientelar. Esta lógica está más allá de las ideologías; es puro poder, puro negocio. Este tipo de organización se aleja de los trabajadores en la medida de su apelación a lo que Karl Marx llamó el lumpenproletariat , esa escoria humana que se utiliza para reprimir a los trabajadores por fuera de la legalidad estatal.¿Y el peronismo? Fue un partido hegemónico hasta 1983. Desde entonces, es un partido predominante, obligado a jugar con las reglas de la democracia. La CGT le provee de fondos de campañas electorales y, más importante aún, le permite el control de la calle tanto cuando es gobierno como oposición. Este pacto fundacional de medio siglo tiene por delante un enemigo peligroso: el contrato de la sociedad civil argentina con la democracia.