Culturas económicas en extinción

En la Argentina, hay dos culturas que están en retroceso: la del trabajo y la del ahorro. La primera está siendo destruida por la gran cantidad de subsidios, que este año alcanzarán a 65 mil millones de pesos. Si, además, sumamos los que otorgan las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y los 2.750 municipios, el total llegaría a 90 mil millones, más que suficientes para erradicar de manera íntegra la marginalidad y la pobreza, si fueran orientados sólo a esos objetivos. Los subsidios distorsionan el sistema de precios, crean incentivos perversos y están mal focalizados, pues no van exclusivamente a sectores de pobreza extrema, comunidades indígenas y a la población marginal, que deberían ser los únicos beneficiarios. A menudo, los subsidios son percibidos por sectores de altos ingresos, como es el caso del precio subsidiado del GNC y del gas natural por redes, en vez de ser destinados sólo al gas en garrafas, que es el que consumen los pobres. Otro absurdo es el subsidio para la educación universitaria gratuita, que llega, incluso, a sectores de altos ingresos, cuando ese beneficio debería estar limitado, mediante becas, sólo a los de menores recursos y financiado con las cuotas cobradas a los alumnos de hogares de altos ingresos. La cultura del trabajo. También mata a la cultura del trabajo la cantidad de nuevos días feriados que ha dispuesto el Gobierno nacional –pasaron de 11 a 17 días por año– y a la insistencia en expandir en forma permanente la legislación laboral, otorgando cada vez más derechos y menos obligaciones al trabajador. El populismo y la demagogia de otorgar subsidios, más feriados nacionales y más legislación laboral no tienen otra intencionalidad que ganar elecciones, aunque en los discursos oficiales se diga que son para "redistribuir el ingreso dentro del modelo de inclusión social". El exceso de subsidios genera la cultura del subsidio: cada vez es mayor el número de personas que si no los reciben, protestan, y si los reciben, no trabajan (ejemplo: la ausencia de trabajadores para las recolecciones de la vid y olivo en Catamarca y La Rioja, y de peras y manzanas en Río Negro). Y, por último, la cultura del trabajo está siendo demolida por la irresponsabilidad social de una dirigencia sindical que no respeta a la población ni le interesa el país, sino que busca perpetuarse en las organizaciones gremiales para enriquecerse, usando como pretexto "la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores". La cultura del ahorro. También está en extinción la cultura del ahorro, muy arraigada en la escala de valores de los inmigrantes europeos que llegaron entre 1880 y 1950. Su ocaso se debe a la inflación, a la desconfianza en el sistema financiero desde el "corralito" de 2001, a las bajas tasas de interés que no cubren ni la mitad de la inflación verdadera, y a la inexistencia de financiamiento hipotecario de largo plazo que promueva en la población el ahorro para construir o comprar la vivienda familiar. El consumo tiene premios e incentivos, mientras que el ahorro, sólo castigos. La desaparición de estas dos culturas positivas tiene la gravedad adicional de que están siendo sustituidas por dos culturas negativas: la de la inflación y la del acoso a la producción del sector privado.La cultura de la inflación, que existió entre 1958 y 1991, y que fue transitoriamente erradicada durante la década de 1990, ha retornado con toda su vitalidad. Es un gradual acostumbramiento a tolerar altas tasas de inflación, muy superiores a los estándares aceptados en el mundo: no más del seis por ciento anual. Una evidencia del alto nivel que ha alcanzado son los reclamos salariales realizados por los sindicatos, que exigen reajustes superiores al 28 por ciento anual y que llegan al 60 por ciento (trabajadores químicos y petroquímicos). Es a los sindicatos a quienes la Secretaría de Comercio de la Nación debería multar con 500 mil pesos, por ser ellos –con sus elevados reclamos en relación con la inflación oficial– los que se convierten en los principales formadores de elevadas expectativas inflacionarias. Hay 3.200 sindicatos y, con ese criterio, el Estado podría recaudar 1.600 millones de pesos por multas, suficientes para erradicar la pobreza de las poblaciones indígenas del Chaco y Formosa, que viven en condiciones infrahumanas y a las que, luego de ocho años de "gobierno K", aún no les ha llegado "el modelo de inclusión social".Por su parte, la cultura antiproducción se manifiesta cuando el Estado castiga a los productores rurales con retenciones a las exportaciones; cuando pone cupos a los volúmenes exportables de trigo, maíz y carnes; cuando retiene arbitrariamente en el puerto las importaciones de maquinarias e insumos necesarias para la industria; cuando establece una presión fiscal excesiva y confiscatoria –el Estado se lleva en impuestos el 35 por ciento de la producción, la máxima de América latina–; cuando mantiene impuestos distorsivos, como a los débitos y créditos bancarios, y cuando penaliza la producción de gas y petróleo nacional congelando su precio durante ocho años, generando un desabastecimiento innecesario, para luego tener que importarlo de Bolivia y Venezuela a valores muy superiores. Una sociedad que reemplaza las culturas del trabajo y del ahorro por las de la inflación y de desaliento a la producción del sector privado va contra la corriente mundial y tiene su decadencia asegurada. Una prueba elocuente es la intrascendencia y el desprestigio de Argentina a pesar de ser un jugador importante en la producción de alimentos. Paradójicamente, la única producción en que somos relevantes a nivel mundial es aquella que el Gobierno más insiste en desalentar y en ponerle trabas.