Una cuestión de lógica

Un axioma fundamental de la política –y de la vida– es que el poder se resiste a ser criticado, investigado y puesto en cuestión. Sucede con todos los poderes: políticos, económicos y religiosos.

Por eso mismo, es saludable que el poder sea criticado y sea controlado, porque la tentación de hegemonía, de “ir por todo” y de silenciar las voces disidentes es una tentación real, que se repite de manera sistemática y es tan vieja como el ser humano.

Y el poder suele actuar de este modo invocando razones aparentemente “nobles”. Las grandes palabras (justicia, república, democracia, etcétera) se suelen utilizar para justificar esa opacidad, esa dificultad de someterse a la crítica, esa tendencia a arremeter contra el disidente. Esa es la lógica del poder.

Al plantear la reforma judicial o democratización de la Justicia, el poder lo hace desde su propia lógica. Las reformas propuestas están pensadas desde una lógica bastante diferente a la de los problemas reales de las grandes mayorías.

Las nuevas cámaras de casación que demorarán aún más los procesos judiciales, la limitación de las medidas cautelares, la designación por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura son medidas que a la gente le importan muy poco a la hora de buscar justicia. Es a los gobiernos a los que les importa no ser obstruidos, poder designar jueces o poder postergar causas millonarias contra el Estado.

La “democratización” no está pensada desde los intereses reales de la gente común, en particular de los que ya de suyo tienen serias dificultades para acceder a la Justicia: personas que esperan años para que se les haga justicia por una jubilación, o que esperan el fallo por el asesinato de un ser querido, o los que tienen problemas mucho más modestos pero urgentes (como recuperar su libertad). Para esas personas, los más vulnerables, el acceso a la Justicia –su democratización–significa otra cosa muy diferente.

Cuesta cara la Justicia. Desde hace más de dos años acompaño pastoralmente a la comunidad de Villa Obispo Angelelli. Y desde hace un año, en forma periódica, también abogados y docentes de nuestra Facultad de Derecho (junto con algunos estudiantes, que van a aprender) atienden, asesoran y acompañan a gente sin recursos. Gente que de hecho tiene escasísimas posibilidades de acceder a la Justicia.

Se dice que esta gente puede acceder al beneficio de litigar sin gastos; sin embargo, eso implica un proceso judicial aparte, en el que la persona debe demostrar que no tiene para pagar un abogado ni las tasas de justicia. Porque si no se hace eso (cosa que, por otra parte, demora resoluciones de problemas que son perentorios) la persona debe pagar una tasa de justicia que cada vez es más prohibitiva.

En el actual estado de cosas, se logra, en los hechos, desalentar el acceso gratuito a la Justicia. Los pobres, si quieren justicia, deben pagar.

¿Competir por los pobres?. Por otra parte, hay miembros de la corporación judicial que protegen el ejercicio de la profesión y que se quejan de que al atender de manera gratuita a los pobres se está haciendo una suerte de "competencia desleal".

Cuando escucho eso, me alegra percibir en estos letrados tales deseos de que los pobres accedan a la Justicia. Sin embargo, me pregunto: ¿es competencia desleal patrocinar de modo gratuito a personas que viven de changas, que salen con el carro a recoger para subsistir las sobras que tiramos los demás ciudadanos? ¿Es desleal pretender que accedan al derecho mujeres abusadas, violentadas y que difícilmente encuentran eco en sus denuncias?

Una modesta democratización. Una real gratuidad de la Justicia y la posibilidad de acceder a abogados competentes (más allá de los asesores letrados que brinda el Estado) serían dos pasos no menores en pos de una verdadera democratización; es decir, en pos de lograr que todos –en particular los pobres– puedan acceder a ella.

Imagino que hay otras medidas más cercanas aún que facilitarían el pleno acceso a los sectores más desfavorecidos y que tal vez lograrían que las cárceles no estén –como lo están– repletas de pobres, mientras delincuentes ricos y famosos (y poderosos) disfrutan de la libertad.

Lamentablemente, la lógica de los pobres y postergados no es la del poder. Tal vez ahí resida el problema central. Por eso, a la hora de pensar la democratización de la Justicia habría que preguntarse si los temas planteados en las leyes sancionadas tienen que ver con la agenda del poder o la del pueblo. Ahí se verá cuán democratizante y popular es.

*Rector de la Universidad Católica de Córdoba.