Cuestión de conductas

"Este país tiene que purgarse. Para hacerlo con lealtad, debe comenzar por abandonar su máscara democrática. Con rarísimas excepciones que confirman lo que es la regla, no he advertido otras motivaciones esenciales que el interés, el sectarismo o el miedo. Los hombres y los grupos no creen en nada que no reditúa interés en uno u otro de estos sentidos", escribió Ricardo Núñez el 8 de junio de 1960. La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de tomar drásticas medidas con dos funcionarios judiciales, integrantes de la Cámara de Acusación, es meritoria y responde al concepto reclamado de la Justicia como valor y no como función, y de la idoneidad y capacidad de quienes deben ejercerla.No es el primer atisbo de grietas en las conductas de algunos magistrados. Los hay en cantidad, de sobra para una democracia que necesita en forma imperiosa sostener en la Justicia su base piramidal.Tanto Carlos Salazar como Horacio Gilardoni han mostrado una preocupante inclinación en favorecer con sus fallos al poder político. En particular, el primero de ellos. Saltar de un cargo menor a juez de Control y ser premiado con el de vocal en la Cámara de Acusación no deja margen para sospecha. En particular porque es producto de la "emergencia judicial", que el ex gobernador José Manuel de la Sota utilizó, mediante la suspensión temporaria del Consejo de la Magistratura, para resguardar jurídicamente el protagonismo de su gobierno en causas sospechadas de corrupción.Incluyeron, además, ambigüedades en materia judicial cuando se vinculó a algún familiar con la utilización de créditos cedidos desde el exterior. Y la causa del ex Instituto Provincial de Atención Médica (Ipam), por sobreprecios en el traslado de hemodializados, los tuvo como protagonistas.Las pruebas resultaban suficientes para el titular del fuero Penal Económico, Hugo Amayusco, y para la jueza de Control, Lucía Ofredi, para enviarla a juicio oral. Para ellos, no. La argumentación falaz, y hasta ridícula, si se tiene en cuenta la cantidad y calidad de las pruebas, era y seguirá siendo un antecedente demasiado riesgoso para las causas que llegan a sus manos.Obviamente, ese trance estaba impregnado de la displicencia con que los obsecuentes se someten a la "obediencia debida". Nada es imposible en esa interna feroz que se juega en el Palacio. Siempre habrá una concesión para quienes son dóciles a las sugerencias que provienen del poder político. ¿Sólo político? ¿O en las causas en sus manos también talla el interés de los grupos privados? Por eso, la nula ecuanimidad en el reparto de justicia los convierte en arbitrarios e improcedentes. La transparencia en juego. El teorema de Thomas es aplicable a estas contingencias en que la Justicia agrede con sus fallos y, en particular, cuando se adecuan al interés de quien gobierna: "Cuando un hombre define situaciones como reales, terminan siendo reales sus consecuencias". Para que el Estado de Derecho sostenga su origen primigenio, es necesaria la probidad de quienes lo integran. Cuando el TSJ, con firma de María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc de Arabel, dictamina que está "en juego la transparencia" de ambos vocales, decide apartar a Carlos Salazar y que un nuevo tribunal considere si Horacio Gilardoni permanece en la causa "Petrone y García" sobre la megacausa del Registro de la Propiedad, está expresando la duda sobre las cualidades y capacidades de estos magistrados.Es imprescindible tener conciencia de la gravedad del suceso. Más cuando los hechos evidencian que un vocal, Gilardoni, usó como si fuera propia la Cámara de Acusación para utilizar a destajo sus decisiones.No estamos frente a un hecho fortuito. Es grave porque abre la brecha que existe entre la Justicia y la sociedad, traducida en la opinión del actual diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega, en estos términos: "La baja confiabilidad social en el servicio de justicia produce el alejamiento creciente del derecho de su propia realidad".Hace tiempo que asistimos –no en todos los casos, pues sería injusto generalizar sobre la magistratura y sus conductas– a la desaparición de alguno de los estratos sobre establecimiento de la verdad en los procesos que involucran a la dirigencia política."El pensamiento gubernamental y el público han subalternizado el concepto de las magistraturas más elevadas. En los casos en que la dignidad de los hombres que las desempeñan resguarda la rectitud de su ejercicio, tal salvaguardia no puede, por el contrario, ponerlas al margen del atropello ilegal, de la acción infame o de la irrespetuosidad", escribió, a propósito del epígrafe, el célebre jurista Núñez. No es una revelación para el caso que nos ocupa. En todo caso, la certeza de los años transcribe una realidad intangible de las conductas humanas. El Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial tiene una oportunidad brillante de poner en caja la conducta de los funcionarios. Tiene la palabra. El bloque electo del Frente Cívico y Social presentará el pedido de jury de enjuiciamiento en diciembre próximo.* Periodista, legislador por el Frente Cívico y Social