Cuándo se justifican los gastos reservados

Los fondos reservados corresponden a una de las tres modalidades que la ley argentina establece como secreto de Estado. Las otras dos son la documentación secreta y la identidad de determinadas personas. En 1956 el Poder Ejecutivo Nacional firmó el decreto ley 5.315, que regulaba el uso de los fondos reservados estableciendo que "comprende exclusivamente a los organismos que tengan servicios atinentes a la seguridad del Estado". Luego, en 1969, el gobierno de Juan Carlos Onganía sancionó el decreto ley 18.302 (derogado por el actual Gobierno nacional), que reglamentaba el primer decreto, pero no cambiaba el único destino que debían tener esos fondos: seguridad y defensa.Con la democracia se produjo una marcada reducción de los gastos reservados, a través del presupuesto nacional que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Y luego, a partir de la sanción de la ley 23.110/84, sólo resultaron favorecidas para el uso de gastos reservados la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Inteligencia del Estado y el Ministerio de Defensa.En 2001 se determinó taxativamente cuáles son los gastos secretos que el Estado puede utilizar en materia de seguridad y defensa nacional. No obstante, los gobiernos posteriores al de Ricardo Alfonsín, elevaron geométricamente los gastos reservados y distorsionaron sus objetivos. Se produjeron causas penales emblemáticas como el desvío de fondos reservados para el pago de sobresueldos durante el gobierno menemista (entre ellos el caso de Juan Schiaretti mientras fue secretario de Industria) y la causa de la Banelco por la que se encuentra procesado el expresidente Fernando de la Rúa.En un sistema republicano de gobierno, en el que rige el equilibrio de poderes, los controles deben realizarse entre ellos mismos. El Congreso debe controlar las partidas secretas a través de sus comisiones; a la Justicia le corresponde investigar si supone que están mal utilizados. El secreto de Estado no es propiedad de ningún burócrata. Si existen sospechas sobre el encubrimiento de un delito, los jueces deben develarlo. Deben determinar además si los fondos han sido utilizados legalmente o no.Por otro lado, si bien la letra de la ley lo permite, una provincia como Córdoba no necesita gastos reservados. En materia de seguridad los gastos necesarios están determinados en el presupuesto provincial, y la defensa nacional no es competencia de las provincias, sólo de la Nación.Pero la realidad es otra. El gobierno de Córdoba monopoliza fondos reservados desde 1999. ¿Cuáles son los gastos secretos que utilizan los funcionarios cordobeses para el beneficio de la seguridad pública? En principio, los únicos posibles son los destinados a las investigaciones criminales complejas, como ocurrió con el caso del violador serial Marcelo Mario Sajen. La premura en la investigación obliga a disponer de fondos suficientes para resolver situaciones inmediatas, pero nada impide su posterior rendición.Los representantes del Frente Cívico en el Tribunal de Cuentas de la Provincia siempre se negaron a aprobar las partidas de "gastos secretos" provenientes del Poder Ejecutivo provincial.El uso discrecional del dinero público bajo la figura de gastos reservados es innecesario: secretos deben ser los operativos policiales y judiciales, no el dinero público que se utiliza para esos procedimientos. El secreto y la democracia conviven en tensión permanente. El crecimiento de uno va en detrimento del otro. En este aspecto, el gobierno de Unión por Córdoba demuestra poca vocación democrática.

*Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Autor del libro “La legalidad del secreto de estado”