Críticas, irresponsabilidad y oportunismo electoral

Puede entenderse que, en campaña electoral, la oposición no diga la verdad para socavar la credibilidad del Gobierno municipal de la ciudad de Córdoba. Lo difícil de aceptar es que esa distorsión de la realidad provenga de quienes tuvieron una responsabilidad innegable en las causas que dieron lugar a los hechos cuyas consecuencias, increíblemente, ahora cuestionan. Es el caso del exintendente Luis Juez y el de los concejales Esteban Dómina, Olga Riutort y Héctor Campana, que han criticado, en duros términos y con idénticos argumentos, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la ciudad y las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba para poner fin a un millonario juicio, en el cual el intendente Ramón Javier Mestre no tuvo ninguna responsabilidad y en el que la Municipalidad fue condenada a pagar. Olga Riutort tuvo un papel relevante y decisivo –durante la gestión del entonces intendente Germán Kammerath– en la sanción de la ordenanza 10.366. Ella misma, en persona, el 9 de septiembre de 2001, inauguró un sistema que explotó pocos meses después, lo que dio origen a una crisis de la que todavía hoy se sufren secuelas. La reciente condena a la Municipalidad es una de esas consecuencias. Héctor Campana era presidente del bloque de concejales del juecista Partido Nuevo, que el 3 de mayo de 2004 votó a favor de la ordenanza 10.705 y fijó la tarifa en 95 centavos, 15 centavos menos de lo que indicaban los cálculos determinados de acuerdo con el artículo 13 de la ordenanza 10.366. De más está decir que fue esa ordenanza la que dio motivo para la millonaria demanda.Esteban Dómina, el candidato a intendente que el juecismo le ofreció a la ciudad, ha reconocido que Juez permitió que las empresas "bajaran la calidad de la prestación del servicio" para compensarlas por la diferencia tarifaria surgida de la ordenanza 10.705. Y Luis Juez, tras vociferar que no hay ninguna orden judicial que obligue a pagar, amenazó por los medios, como siempre, con hacer una denuncia penal. Eso es absolutamente falso. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia, mediante sentencia número 126, del 29 de diciembre de 2009, resolvió: "... Hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba para que en el plazo de ejecución espontáneo de noventa (90) días hábiles administrativos sustancie el respectivo procedimiento administrativo con participación de la actora y dicte un acto administrativo definitivo mediante el cual resuelva la determinación de la recomposición del contrato de concesión". Como abogado, debe saber lo que el fallo significa. Y no mentir. Los cuatro, al unísono, sostuvieron que la Municipalidad tenía una herramienta para no pagar, porque las empresas que aspiraban a ser concesionarias del servicio no podían tener litigios pendientes con ella. No lo dicen expresamente, pero proponen no obedecer la orden judicial, dejar librado el monto de la condena a lo que fije el TSJ si las partes ni llegaban a un acuerdo y que las empresas demandantes fueran excluidas de la reciente licitación. Eso significaría, lisa y llanamente, pagar en efectivo y en un breve plazo una suma muchísimo superior a la acordada en bonos, y que la licitación fracasara por ausencia de oferentes.Cuando se analizan estas insensatas actitudes, se comprende por qué la ciudad llegó al vergonzoso estado en que se encontraba cuando Mestre se hizo cargo del gobierno. Ellos la llevaron hasta allí, y no parecen hacerse cargo. Todo lo contrario, apuestan al fracaso del gobierno radical para ver si pueden rasguñar algún voto. Frente a semejantes demostraciones de irresponsabilidad, el intendente ha procedido como corresponde: defendiendo el patrimonio de los cordobeses y garantizando la prestación de un servicio público fundamental. Porque, como buen radical, no gobierna haciendo lo que se quiere, ni lo que se puede, sino lo que se debe.

* Exconcejal de la ciudad de Córdoba por la UCR